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Las elecciones legislativas no afectarán la composición del Consejo de la Magistratura

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Solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca. Se trata de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, que tiene muchas chances de ser relecta.

El Consejo de la Magistratura no verá afectada su composición después de las próximas elecciones ya que solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca.

Se trata de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, quien llegó al Consejo en reemplazo del actual ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, en diciembre del 2019 para completar su mandato hasta 2022.

Siley está séptima, con muchas chances de ser reelecta, en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 35 bancas que se renovarán por el distrito en las próximas elecciones.

El Congreso aporta tres diputados y tres senadores al Consejo, dos por la mayoría y uno por la minoría, cuyos mandatos duran cuatro años -deben dejar pasar un período para volver- y no se computa el tiempo de reemplazo.

Esto significa que Siley podría permanecer como consejera en el período 2022-2026, si continúa siendo diputada y si el bloque le presta su acuerdo para representarlo, ya que no se computan los años en los que reemplazó a De Pedro.

El caso del diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli es similar, ya que llegó en 2016 en reemplazo de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y luego de una polémica sesión en la que Cambiemos se atribuyó el cargo sosteniendo que la alianza parlamentaria con los bloques del GEN, liderado por Margarita Stolbizer, y del Peronismo Federal, significaba que eran la primera minoría.

Por el lado de los senadores, actualmente integran el Consejo por el oficialismo Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, ambos con mandato hasta 2025, y por la minoría la radical Silvia del Rosario Giacoppo, con mandato hasta 2023.

Todos los consejeros, incluyendo al representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz; el académico Diego Molea (actual presidente del cuerpo); los jueces Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; y los representantes de los abogados Carlos Matterson y Diego Marías; cumplirán sus mandatos en diciembre del año próximo.

Esto significa que las asociaciones de magistrados, abogados y el sector académico tendrán que darse sus procesos de selección de representantes, así como ambas cámaras en el Congreso y el Poder Ejecutivo deberán designar sus legisladores-consejeros.

Reforma judicial
La renovación del Consejo de 2022 estará supeditada a los alcances de la reforma judicial que pretende el Gobierno y si incluye la sugerencia del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que propuso que el consejo pase de 13 a 16 integrantes, con 4 representantes del sector político, 4 de los jueces, 4 de los abogados y 4 del sector académico.

En esta propuesta se reduce a un miembro los representantes de ambas cámaras, se elimina el representante del Ejecutivo y gana representación el sector académico -tres consejeros más que en esquema actual-, los abogados que duplican su representación y los jueces que suman un sillón más.

El comité de expertos sugirió también que permanezca el mandato de cuatro años y la imposibilidad de reelección para no politizar el organismo y que exista «una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación» a través de la realización de audiencias públicas.ETIQUETAS


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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