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Las claves de la recusación de Cristina Kirchner contra el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu

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«¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas?», se pregunta en la presentación de los abogados de CFK. Todo el texto hace hincapié en que no existe ni independencia ni imparcialidad en el proceso de Vialidad.

Raúl Kollmann

Por Raúl Kollmann

“Cabe preguntarse: ¿qué hubiese sucedido si en el día de ayer se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal en contra del juez que habría desarrollado tal conducta y la promoción de su juicio político”. El párrafo es parte del escrito de recusación presentado por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz y a raíz de las fotografías publicadas por Página/12El fiscal Diego Luciani pidió contestar la recusación al comienzo de la audiencia de este lunes, pero los jueces señalaron que otras defensas también anticiparon que presentarán recusaciones, por lo cual le dijeron a Luciani que debe esperar.

El texto de Carlos Alberto Beraldi y Rubén Llernovoy recuerda lo ocurrido cuando se difundió una noticia falsa: que el juez Sebastián Casanello habría visitado la Quinta de Olivos para verse con CFK. Se promovió denuncia penal y se pidió juicio político al magistrado. Finalmente se descubrió que la base fueron dos testigos falsos contactados por abogados ligados a la Agencia Federal de Inteligencia macrista. Ambos testigos ya fueron condenados. Pero exhibe -sostienen los defensores- la doble vara: se pretende dejar pasar que “un fiscal puede impulsar una acusación sabiendo que quien decidirá es un juez que es su amigo”.

Todo el texto hace hincapié en que no existe ni independencia ni imparcialidad en el proceso de Vialidad. Pero el planteo va más allá de este mismo juicio. Se vuelven a preguntar los defensores. “ ¿No pensaron siquiera que jugar partidos de fútbol en la quinta de Macri representa una conducta que no es compatible con los deberes de imparcialidad y objetividad que deben observar los miembros del servicio de administración de justicia?” “Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido comunicada a las defensas. La grave omisión en que incurrió el juez Gimenez Uriburu contó con el aval explícito del fiscal Luciani”.

Hay abundantes antecedentes tanto en la jurisprudencia argentina, como textos de la ONU y otras bases internacionales que dejan en claro que los integrantes del servicio de justicia no deben tener encuentros con políticos, ni públicos ni privados, salvo los que sean protocolares. Y esto está resaltado por Beraldi y Llernovoy: “es de público conocimiento que el gobierno de Mauricio Macri, cuanto menos, seguía con particular atención y evidente interés político el trámite de todas las causas promovidas en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora, luego de cuatro años de que la causa quedara radicada ante este Tribunal -a través de un sorteo cuya nulidad fuera planteada por esta defensa, por su falta de transparencia- se conoce que el fiscal que impulsa la acción penal y uno de los jueces que deben dictar sentencia también jugaban partidos de fútbol, juntos, nada menos que en la quinta del propio Macri”. En referencia a los otros políticos del PRO que jugaban en el equipo -Robi Martínez, cuñado de Horacio Rodríguez Larreda, Jaime Méndez, intendente de San Miguel, Luis Lobo, exsecretario de Deportes de CABA-, los defensores se pregunta “¿es lógico que el juez y el fiscal se fotografíen con dirigentes políticos cuando tienen que participar en procesos judiciales?”.

Hay un párrafo dedicado a la participación del integrante de la Cámara Federal, Mariano Llorens, en el equipo. “Llorens ratificó varios procedimientos contra la doctora Kirchner, rechazó todos los planteos efectuados por su defensa, negó la existencia de una organización ilegal de inteligencia montada desde la cúspide del gobierno encabezado por Mauricio Macri y, por si ello no bastara, también visitaba a Macri en la Casa de Gobierno”. Llorens figura en la página de Liverpool, el equipo de fútbol, sino que también aparece -juega de arquero- en la alineación.

Con estos argumentos, Beraldi y Llernovoy no sólo dieron por presentada la recusación sino que pidieron tratarla oralmente en la audiencia del juicio.  


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De penas y olvidos

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El pasado día viernes, durante mi intervención en el juicio oral de “Vialidad”, cuando mencioné los antecedentes jurisprudenciales del caso De la Rúa, sobre su responsabilidad en los trágicos sucesos que tuvieron lugar en nuestro país en los días 19 y 20 de diciembre del 2001 y que culminaron con el asesinato de varios ciudadanos argentinos, olvidé señalar algo muy importante.

No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman. 

Tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el Jefe de Gabinete, ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py.

Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?

El 23 de mayo de 2016 -15 años después- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio a conocer la sentencia del juicio oral por la causa caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel.

En el proceso se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

La sentencia fue apelada y el 2 de junio de 2020 – 19 años después- la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmaron la sentencia y ordenaron devolver las actuaciones al tribunal de origen para que resuelva nuevamente sobre las penas impuestas.

El mismo Tribunal Oral Nº 6, ahora con la integración de dos nuevos jueces -Néstor Costabel y Sabrina Namer- ya que Rodrigo Giménez Uriburu, siguió formando parte del mismo, el 19 de mayo de 2021, redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal redujo la condena de Enrique Mathov a cuatro años y tres meses de prisión. También redujo la pena del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses.

Mathov, a quién le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.

Es de destacar que la Cámara de Casación solo debatió el monto de las penas. El objetivo de Casación era lograr penas excarcelables para los acusados.

El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene Dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?

Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado Dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso.

P/D: En mayo 2022 -o sea 21 años después- la misma Sala I de Casación hizo lugar al recurso extraordinario de Mathov y Santos por lo que las penas por los homicidios en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 se encuentran sin ejecución por no estar firmes.  


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