Entre el público hubo carteles pidiendo «Juicio y Castigo», con la consigna «Nunca más», pero también contra el presidente y la vice. Además de las organizaciones, participaron el peronismo, la UCR y la izquierda.

La marcha por el 24 de marzo se convirtió en un acto contra Javier Milei que unió al peronismo, la izquierda y parte del radicalismo. Como ocurrió con el 2×1 durante el macrismo, el homenaje a las víctimas se transformó en la primera protesta multitudinaria contra el gobierno.

La marcha fue una de las más grandes de las últimas décadas. Estela de Carloto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida leyeron el documento consensuado entre las organizaciones de Derechos Humanos que incluyó advertencias contra las políticas negacionistas que impulsa el gobierno libertario.

Entre el público hubo carteles pidiendo «Juicio y Castigo», con la consigna «Nunca más», pero también contra el presidente. «No a la junta mileitar», decía uno. Otro lo acusaba de «vendepatrias» y «títere de Macri». También hubo pancartas y muñecos contra Victoria Villarruel, caricaturizada con un traje verde oliva.

Cientos de miles de personas circularon por los alrededores de la plaza y la convocatoria fue amplia: organizaciones de Derechos Humanos, el radicalismo, el peronismo, los partidos de izquierda, estudiantes y personas sueltas.

Estela de Carloto pidió una ley antinegacionista y luego en una entrevista dijo que a Milei había que «cansarlo hasta que cambie o se vaya», lo que provocó una furibunda respuesta de la vicepresidenta avalada con un like por el presidente.

«Desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia», decía el documento que leyeron los oradores en el acto central.

A contramano de los intentos del gobierno por conseguir prisión domiciliaria para los represores, pidieron «cárcel común y efectiva» contra los culpables. «Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional», expresaron.

«Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión», rechazaron.