Finalmente, tras la aprobación de la Ley de Bases, con apoyo de Santa Cruz, la empresa estatal YCRT ha quedado sujeta a privatización. Este avance del gobierno nacional sobre la empresa santacruceña generó un cruce entre la ex gobernadora, Alicia Kirchner, y el actual mandatario provincial, Claudio Vidal, contexto en el cual la Junta Interna de ATE Punta Loyola coincidió con las dos posturas, al mencionar que los culpables de la privatización “fueron todos”.

Luego de 6 meses de debate, los representantes políticos de la provincia no han podido imponer postura respecto a los destinos que debería haber tomado la empresa carbonífera YCRT, como si se ha logrado con otras empresas estatales que estaban en la lista de privatización. 

Vale la pena recordar que el proyecto de la Ley Bases incluía en su Título II, de Reforma del Estado, la autorización al gobierno de Javier Milei para privatizar total o parcialmente las empresas públicas. En enero, cuando mandó al Congreso la primera versión del texto, la Casa Rosada pretendía considerar “sujetas a privatización” a 41 sociedades, lo que luego se redujo a 11 (entre las que se quitó a YPF y al Banco Nación), y finalmente en el Senado se quitaron de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

No corrió con la misma suerte YCRT, la cual quedó “sujeta a privatización, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, Ésta podrá únicamente: organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”, segùn señala la ley aprobada. 

Durante el fin de semana se ha dado un intercambio de opiniones entre la ex gobernadora, Alicia Kirchner, y el actual gobernador, Claudio Vidal. Por un lado, la ex mandataria le reprocha al actual, que sus diputados y senadores votaron la privatización de YCRT, negociando con el gobierno nacional, por el otro Claudio Vidal le contesta que su gobierno no hizo nada por la empresa y que formaron parte del vaciamiento y de todo tipo de negociados, donde desviaron fondos, paralizaron la empresa y nunca pusieron en funcionamiento la Usina de 240 megas. “Todo esto es verdad”, señalan desde la conducción de la Junta Interna de ATE Punta Loyola, al remarcar que “en definitiva podemos decir que ambos tienen razón”. 

Respecto a las posturas esgrimidas por los funcionarios públicos, y como conclusión, expusieron que “los diferentes partidos patronales, lo que se hicieron,  fue vaciar la empresa, realizar negocios particulares y luego entregar la empresa a capitales privados. Todos aportaron”, y continuaron criticando al mencionar que “tampoco nos olvidamos que desde las direcciones sindicales fueron cómplices. Durante el último año desde ATE (seccional, consejo directivo provincial y nacional) se reunían a escondidas, a veces y otras veces no tanto, con el gobierno provincial mientras se negaban a realizar asambleas con los trabajadores. El resultado está a la vista: la teoría del mal menor y aceptar una privatización mixta, entendiendo que aceptar esto era lo mejor para los trabajadores o el gobierno podía cerrar la empresa, según ellos. Traidores”.

En tono con lo expresado a lo largo de los últimos meses, durante el debate, desde la conducción de la junta intera explicaron: “Si hubiéramos aceptado el mal menor cuando estaba Tasselli, hoy seguiría, o durante la época de Macri, cuando querían imponer el mal menor que era cambiar despidos por entregar el convenio o aceptar los despidos. El mal menor es la claudicación y la traición”.

Cerraron diciendo que “la única forma de garantizar una YCRT estatal, funcionando, es bajo control obrero. Los trabajadores somos los únicos que garantizamos la continuidad. Para esto es fundamental contar con sindicatos clasistas, combativos, antiburocraticos y asamblearios, donde seamos los trabajadores quienes tomemos las decisiones en la más amplia democracia obrera. Por una carboeléctrica estatal bajo gestión obrera”.