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La Corte Suprema ordenó suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche

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Por unanimidad, el máximo tribunal hizo lugar al reclamo planteado por el Ejército Argentino y paralizó la medida

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche, en la provincia de Río Negro, a partir de una queja planteada por el Ejército Argentino, en medio de una disputa por un predio de 180 hectáreas en el sur del país.

La cesión de los terrenos había sido ordenado por un fallo de primera instancia, en favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad del predio ubicado en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.

El Ejército, por su parte, afirma que las tierras son usadas para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.

El planteo inicial de la comunidad mapuche recayó en el juzgado a cargo de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio, a fin de cedérselos a la comunidad. Tal decisión generó numerosas críticas en el seno de la sociedad barilochense, y en paralelo fue recurrida por los apoderados del Ejército.

Así llegó trámite a la Cámara Federal, en segunda instancia, en donde fue considerado “extemporáneo”. A partir de ese rechazo, tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación, acudieron a la Corte.

El Procurador Eduardo Casal, en su presentación, afirmó que el fallo de la jueza Domínguez incurría en “graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.

Tras ese derrotero, finalmente la Corte se expidió. En un fallo que lleva la firma de sus cuatro miembros, el máximo tribunal dispuso que se suspenda el curso del proceso, por considerar que existe gravedad institucional en la gestión en la que intervinieron los organismos del Estado para ordenar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que los reclama.

Para los jueces del tribunal supremo, las quejas planteadas por el Ejército y el Ministerio Público Fiscal son procedentes. Esto se debe a que los magistrados observaron que en otro expediente paralelo, en el marco de una causa penal, se investiga si integrantes del propio ejército dejaron vencer plazos para cuestionar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que exigía la titularidad, y así terminar beneficiándolos.

Pese a que esta causa se encontraba en pleno desarrollo e implicaba la suspensión de cualquier trámite de adjudicación, el Juzgado Federal de Bariloche avanzó y ordenó ejecutar la sentencia de primera instancia, aquella de la jueza Domínguez, para que finalmente los terrenos sean adjudicados.

Es en ese contexto que el máximo tribunal observó un hecho de gravedad institucional, por lo que ordenó suspender la cesión hasta que se defina la cuestión de fondo sobre quién realmente tiene la legitimidad para obtener la titularidad de los terrenos.

El litigio generó, una vez más, el reclamo de vecinos de Bariloche ante lo que consideran que es el avance sobre tierras del Estado por parte de sectores afines al gobierno nacional sin acreditar legitimidad. En ese marco fue que cientos de personas se presentaron ante la sede de la Escuela Militar para expresar su disconformidad con el fallo de la jueza Domínguez por el avance en tierras que, afirman, son públicas.

Por su parte, integrantes de la comunidad Millalonco-Raunquhue afirmaron, en su defensa, que “nunca se dispuso entregar las tierras sino otorgar el título de propiedad comunitaria, un papel que dice que el lugar donde viven desde hace 120 años es de ellos”.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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