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La Corte Suprema enfrenta el juicio político dividida por el escándalo de los chats

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La filtración del intercambio entre el principal asesor de Rosatti y D’Alessandro sigue sembrando tensión entre los cortesanos. La apuesta a que el paso del tiempo sepulte la revelación. Además, las incógnitas que tienen los ministros sobre la evolución del proceso abierto en Diputados.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

La Corte Suprema eligió una estrategia de bolero de los años ’50 («que el tiempo todo lo cure») para superar la crisis interna que generó la filtración de los chats entre Silvio Robles, el principal asesor del presidente Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro. De las puertas hacia afuera, el mensaje (que ni siquiera será verbalizado oficialmente) será: «aquí no ha pasado nada». Y cuanto más tiempo se pueda sostener el silencio, mejor.

Tras el final de la feria judicial de enero, el máximo tribunal volverá a celebrar un acuerdo el próximo jueves. En principio iba a ser el martes, como ocurre habitualmente, pero el propio Rosatti –que, como presidente, tiene esa facultad– decidió postergarlo dos días.

Ese mismo jueves, por la tarde, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para definir sobre la base de cuáles de las 18 acusaciones que analiza intentará avanzar con el proceso de destitución de los cuatro cortesanos.

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Los jueces no parecen preocupados por lo que pueda pasar en el Congreso. Pese a que reconocen que individual y colectivamente no atraviesan una primavera florida, confían en que la desorientación y el continuo fracaso de las iniciativas del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial son suficientes para garantizarles la continuidad en sus cargos. La raleada concurrencia a la marcha del 1F frente a tribunales ni los mosqueó. Y en el improbable escenario de un avance en el juicio político, cuentan con el reaseguro de la protección mediática. De la misma manera que tres o cuatro tapas voltean a un juez, la ausencia de ellas los acoraza y abriga.

No obstante, el oficialismo se ilusiona con la posibilidad de destrabar el camino hacia una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores de cada Cámara para finalmente destituir a los jueces. Y supone que la llave puede ser la situación de Ricardo Lorenzetti.

La Coalición Cívica parece decidida a sostener sus antiguas denuncias y pedidos de juicio político contra Lorenzetti, cimentadas en una añeja disputa, casi rayana en lo personal, entre el expresidente de la Corte y Elisa Carrió.

El Frente de Todos confía, además, en que desde la Unión Cívica Radical podrían arrimarle algún otro apoyo que lo acerque a una mayoría para acusar primero y destituir después.

Pero la CC anunció que no acompañará los pedidos de juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. «Yo no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte», dijo la diputada Paula Olivetto en la última reunión de la Comisión. «No vamos a ir contra una Corte entera para presionarla», corroboró el presidente de la bancada de la CC, Juan Manuel López.

«Si cae uno arrastrará a todos los demás», especulan, empero, en el oficialismo. El cálculo parece, a primera vista, temerario e improbable.

Es cierto que la mayoría de los reproches que pesan sobre Lorenzetti son extensibles al resto de los jueces. Aunque la presidencia que el santafesino ejerció durante once años en el máximo tribunal tuvo una fuerte impronta personalista, casi todas las decisiones trascendentes de administración interna, manejo del presupuesto y política judicial, se tomaron de manera colegiada. Firmaron todos. Entonces razonan que si Lorenzetti fuera destituido por esas causales, el resto también debería terminar eyectado, con los mismos argumentos, del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

¿Y si eso no ocurriera? ¿Y si sólo rodara la cabeza de Lorenzetti?

Sería un nuevo desastre para el gobierno, pues entonces se consolidaría en la Corte la troika que -encolumnada detrás de Rosatti– hoy detenta el poder. Acaso un poder delegado, pero suficiente para incidir política, social y económicamente, desbalanceando la balanza, el símbolo de la Justicia. El poder real, se sabe, está en otro lado.

Aunque puertas afuera la Corte finja demencia sobre el escándalo de los chats, hacia adentro la situación es compleja.

Nadie en el máximo tribunal ha dicho nada sobre el contenido de esa filtración. La excusa vacua del supuesto espionaje ilegal no alcanza para tapar la sospecha de relaciones promiscuas que no deberían ocurrir en el Poder Judicial.

En lo formal, funcionó a la perfección el blindaje: el juez federal Sebastián Ramos archivó en tiempo récord durante la feria judicial (sin que fuera un tema que debiera tratarse en la feria), y siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia contra Robles y D’Alessandro presentada a título personal por el abogado de uno de los acusados de querer matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un abrumador reconocimiento, que incluye a jueces de la Corte, sobre que ese manejo no resiste el menor análisis: hubo Forum Shopping (mecanismo ilegal para elegir al juez de una causa) y la estrategia de un denunciante solitario evitó la posibilidad de una querella que pudiera apelar el cierre veloz y prematuro. Judicialmente, el tema está terminado. Y si el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quisiera mover el avispero avanzando en la denuncia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya está preparada la artillería para que ese expediente aterrice en Comodoro Py, una suerte de moderno Triángulo de las Bermudas, muy selectivo por cierto.

Silvio Robles cerró sus vías de contacto en WhatsApp y Telegram y en su celular sólo atiende un contestador que promete una devolución de llamado que nunca llega.

Las segundas líneas de la Corte, algunas de ellas veteranas y curtidas en otros alborotos internos, advierten sobre una situación casi burocrática: en el esquema administrativo, si bien es «personal de planta», Robles no es «empleado de la Corte» sino de Rosatti. Parece una disquisición menor; sin embargo, sobre ese razonamiento se basa una teoría que indica que Robles no es un problema para la Corte sino para Rosatti, aunque salpique para todos lados.

¿Habrá en el acuerdo del próximo jueves algún «gesto» de Rosatti en relación con la situación de su principal colaborador? La incomodidad y el malestar ya están instalados; la expectativa sobre qué hará el presidente de la Corte, también.


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Marcha nacional universitaria: Del Congreso a la Plaza de Mayo

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La comunidad universitaria avanza en la organización de la marcha prevista para el próximo martes 23, en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Este viernes se reunieron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de los sindicatos de docentes y no docentes, y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Acordaron que la concentración principal se realizará frente al Congreso Nacional y desde allí se marchará a la Plaza de Mayo, donde se hará un acto central. 

A la vez, la protesta tendrá expresión federal: los universitarios resolvieron «marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública».

Del encuentro del viernes participaron, además de emisarios del CIN y la FUA, dirigentes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integran las federaciones docentes Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Ctera y UDA, y la federación no docente Fatun. Consensuaron las condiciones bajo las cuales transcurrirá la movilización callejera, que se espera que sea multitudinaria, y que “pondrá a la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”. Las tres centrales obreras del país, tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron su acompañamiento.

La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí las columnas se dirigirán hacia Plaza de Mayo, en donde se realizará el acto principal de la jornada, a las 18, y se leerá un documento.

Para desembocar en el martes 23, la comunidad académica desarrollará una «gran campaña nacional de defensa de la universidad pública». Para la marcha en sí, los universitarios decidieron invitar a participar a la comunidad científica, a organizaciones estudiantiles, a los organismos de derechos humanos y a «legisladoras y legisladores de todo el arco político y de todos los niveles del Estado».  

“La perspectiva es que va a ser una marcha muy importante, esperamos contar con el acompañamiento fundamentalmente de la comunidad universitaria y de la sociedad”, afirmó a Página/12 Federico Montero, secretario de organización de la Conadu, y resaltó el acompañamiento recibido de parte de las centrales sindicales. Montero enfatizó la necesidad de que la marcha se realice en forma pacífica. “Vamos a tomar todos los recaudos para que esto sea así, y que permita expresarse libremente a la comunidad universitaria como lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró.


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