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La Corte Suprema enfrenta el juicio político dividida por el escándalo de los chats

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La filtración del intercambio entre el principal asesor de Rosatti y D’Alessandro sigue sembrando tensión entre los cortesanos. La apuesta a que el paso del tiempo sepulte la revelación. Además, las incógnitas que tienen los ministros sobre la evolución del proceso abierto en Diputados.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

La Corte Suprema eligió una estrategia de bolero de los años ’50 («que el tiempo todo lo cure») para superar la crisis interna que generó la filtración de los chats entre Silvio Robles, el principal asesor del presidente Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro. De las puertas hacia afuera, el mensaje (que ni siquiera será verbalizado oficialmente) será: «aquí no ha pasado nada». Y cuanto más tiempo se pueda sostener el silencio, mejor.

Tras el final de la feria judicial de enero, el máximo tribunal volverá a celebrar un acuerdo el próximo jueves. En principio iba a ser el martes, como ocurre habitualmente, pero el propio Rosatti –que, como presidente, tiene esa facultad– decidió postergarlo dos días.

Ese mismo jueves, por la tarde, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para definir sobre la base de cuáles de las 18 acusaciones que analiza intentará avanzar con el proceso de destitución de los cuatro cortesanos.

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Los jueces no parecen preocupados por lo que pueda pasar en el Congreso. Pese a que reconocen que individual y colectivamente no atraviesan una primavera florida, confían en que la desorientación y el continuo fracaso de las iniciativas del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial son suficientes para garantizarles la continuidad en sus cargos. La raleada concurrencia a la marcha del 1F frente a tribunales ni los mosqueó. Y en el improbable escenario de un avance en el juicio político, cuentan con el reaseguro de la protección mediática. De la misma manera que tres o cuatro tapas voltean a un juez, la ausencia de ellas los acoraza y abriga.

No obstante, el oficialismo se ilusiona con la posibilidad de destrabar el camino hacia una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores de cada Cámara para finalmente destituir a los jueces. Y supone que la llave puede ser la situación de Ricardo Lorenzetti.

La Coalición Cívica parece decidida a sostener sus antiguas denuncias y pedidos de juicio político contra Lorenzetti, cimentadas en una añeja disputa, casi rayana en lo personal, entre el expresidente de la Corte y Elisa Carrió.

El Frente de Todos confía, además, en que desde la Unión Cívica Radical podrían arrimarle algún otro apoyo que lo acerque a una mayoría para acusar primero y destituir después.

Pero la CC anunció que no acompañará los pedidos de juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. «Yo no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte», dijo la diputada Paula Olivetto en la última reunión de la Comisión. «No vamos a ir contra una Corte entera para presionarla», corroboró el presidente de la bancada de la CC, Juan Manuel López.

«Si cae uno arrastrará a todos los demás», especulan, empero, en el oficialismo. El cálculo parece, a primera vista, temerario e improbable.

Es cierto que la mayoría de los reproches que pesan sobre Lorenzetti son extensibles al resto de los jueces. Aunque la presidencia que el santafesino ejerció durante once años en el máximo tribunal tuvo una fuerte impronta personalista, casi todas las decisiones trascendentes de administración interna, manejo del presupuesto y política judicial, se tomaron de manera colegiada. Firmaron todos. Entonces razonan que si Lorenzetti fuera destituido por esas causales, el resto también debería terminar eyectado, con los mismos argumentos, del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

¿Y si eso no ocurriera? ¿Y si sólo rodara la cabeza de Lorenzetti?

Sería un nuevo desastre para el gobierno, pues entonces se consolidaría en la Corte la troika que -encolumnada detrás de Rosatti– hoy detenta el poder. Acaso un poder delegado, pero suficiente para incidir política, social y económicamente, desbalanceando la balanza, el símbolo de la Justicia. El poder real, se sabe, está en otro lado.

Aunque puertas afuera la Corte finja demencia sobre el escándalo de los chats, hacia adentro la situación es compleja.

Nadie en el máximo tribunal ha dicho nada sobre el contenido de esa filtración. La excusa vacua del supuesto espionaje ilegal no alcanza para tapar la sospecha de relaciones promiscuas que no deberían ocurrir en el Poder Judicial.

En lo formal, funcionó a la perfección el blindaje: el juez federal Sebastián Ramos archivó en tiempo récord durante la feria judicial (sin que fuera un tema que debiera tratarse en la feria), y siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia contra Robles y D’Alessandro presentada a título personal por el abogado de uno de los acusados de querer matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un abrumador reconocimiento, que incluye a jueces de la Corte, sobre que ese manejo no resiste el menor análisis: hubo Forum Shopping (mecanismo ilegal para elegir al juez de una causa) y la estrategia de un denunciante solitario evitó la posibilidad de una querella que pudiera apelar el cierre veloz y prematuro. Judicialmente, el tema está terminado. Y si el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quisiera mover el avispero avanzando en la denuncia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya está preparada la artillería para que ese expediente aterrice en Comodoro Py, una suerte de moderno Triángulo de las Bermudas, muy selectivo por cierto.

Silvio Robles cerró sus vías de contacto en WhatsApp y Telegram y en su celular sólo atiende un contestador que promete una devolución de llamado que nunca llega.

Las segundas líneas de la Corte, algunas de ellas veteranas y curtidas en otros alborotos internos, advierten sobre una situación casi burocrática: en el esquema administrativo, si bien es «personal de planta», Robles no es «empleado de la Corte» sino de Rosatti. Parece una disquisición menor; sin embargo, sobre ese razonamiento se basa una teoría que indica que Robles no es un problema para la Corte sino para Rosatti, aunque salpique para todos lados.

¿Habrá en el acuerdo del próximo jueves algún «gesto» de Rosatti en relación con la situación de su principal colaborador? La incomodidad y el malestar ya están instalados; la expectativa sobre qué hará el presidente de la Corte, también.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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