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La Casa de Santa Cruz participó en el acto por los 67 años del Bombardeo a Plaza de Mayo

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Este jueves, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, referentes de sindicatos y legisladores porteños recordaron el ataque perpetrado por aviones de la Marina y Fuerza Aérea en la zona de Plaza de Mayo, a 67 años. Del acto participó la Casa de Santa Cruz, con un doble mensaje, compartir la relevancia de no olvidar estos hechos que nos interpelaron y no permitirlos más.

La mesa ‘No nos han vencido’, integrada por ATE Capital, el sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento seccional Río de la Plata, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora realizó el homenaje frente al edificio del Ministerio de Economía, donde «todavía están las marcas de las bombas».

En este contexto, colocaron tres baldosas conmemorativas por el bombardeo del 16 de junio de 1955 sobre Plaza de Mayo, en memoria de las más de 300 personas asesinadas y miles de heridos en el intento de derrocar y matar al presidente Juan Domingo Perón.

Juan Parengo, responsable de Turismo de la Casa de Santa Cruz, recordó “esa mañana de otoño en Buenos Aires, cerrada, con niebla y en un espacio público y concurrido, miembros de las Fuerzas Armadas, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil como forma de implantar el terror, como hicieron los oligarcas tantas veces, como en las Huelgas obreras del 20, donde se repiten los actores; un poder económico, privilegiado, contra el pueblo trabajador, una vez más”, lamentó.

Pero agregó: “estos actos, nos permiten a todos los argentinos recordar, para que no se vuelvan a repetir, porque reivindicamos siempre la memoria, la verdad y el pedido cotidiano y que no caduca de Justicia”, resumió Parengo.

El Bombardeo de 1955 sobre Plaza de Mayo

El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra civiles que pudieran alzarse en defensa de un gobierno constitucional que contaba con un importante apoyo popular.

El propósito era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador).

En este contexto, varios aviones lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre las plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de terreno que va desde el Ministerio de Ejército (ubicado en el Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (situada en la sede del Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste.

El ataque, ante la ausencia del Presidente y de sus ministros, constituyó desde el inicio una agresión destinada a sembrar el terror entre la población y así quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional. Clara muestra de ello es que solo doce de las más de trescientas víctimas mortales se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron veintinueve bombas, de las cuales seis no estallaron.

Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio de 1955.

Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del Bombardeo, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque.


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El gobierno de Santa Cruz anunció que busca consenso en la legislatura para aprobar la ley de Emergencia

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Según reveló el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, «la situación es dramática y general, necesitamos agilizar los mecanismos del Estado». Señalaron que «hay diálogo con todos los bloques».

El gobierno de la provincia de Santa Cruz anunció que analiza  enviar a la Legislatura provincial, el proyecto de ley de emergencia administrativa general, que no se reduciría sólo al área de economía, sino que tendría el objetivo puesto en la resolución de urgencias en las áreas de infraestructura, salud y educación, alimentaria y energética.

«Esta no es una decisión absolutista ni pretende ser unitaria, por el contrario, tiene que ser fruto del consenso y la decisión colectiva, en un debate profundo de todo el Estado y de las representaciones políticas de la Legislatura. La emergencia no tocará ni afectará de ningún modo, los salarios de los trabajadores ni los acuerdos de las paritarias», expresó el ministro de Gobierno, Pedro Luxen en un comunicado oficial 

La situación derivada por la caída de mampostería de la Escuela 44 llevó al gobierno a profundizar las medidas en materia edilicia, ya que, según Luxen «vamos camino a una emergencia edilicia en todos los establecimientos educativos de la provincia. El grado de abandono y falta de mantenimiento en todas las escuelas realmente es preocupante».

El funcionario, en ese sentido, adelantó que habrá que «reforzar la copa de leche en todos los colegios, el Estado debe estar presente, trabajar y analizar una emergencia porque nos preocupa el estado de los hospitales, la compra de medicamentos. Necesitamos agilizar los mecanismos del Estado».

Además, el titular de la cartera de gobierno, destacó que «también vamos camino a una emergencia alimentaria y energética». En este último sentido, especificó que «debemos pedirle al Gobierno Nacional el congelamiento de las tarifas», a propósito del reciente aumento decretado por la administración nacional.

«Estamos analizando y conversando con todos los bloques de la Legislatura, es necesario que la Cámara de Diputados, frente a esta necesidad que tiene el gobierno de ser más ágil en sus responsabilidades que afectan directamente a la gente que menos tiene, cree una comisión de seguimiento para cada acto administrativo que se de en el marco de esta emergencia, una vez que se haya sancionado. Queremos que se sancione en un ámbito de consenso generalizado. Siempre con el eje puesto en el cuidado de la gente», finalizó.


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