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SOCIEDAD

La batalla cultural: Milei aprovecha el 24 de Marzo para fidelizar el voto pro dictadura

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En un video protagonizado por el Tata Yofre, el gobierno negó los 30 mil desparecidos y dijo que los derechos humanos «fueron un gran negocio».

Javier Milei aprovechó el 24 de marzo para fidelizar el voto pro militar. Con un video protagonizado por el Tata Yofre, un ex guerrillero arrepentido y la hija de un militar, el gobierno buscó distraer del ajuste y quedarse con la representación de los sectores que simpatizan con la dictadura.

Yofre, ex titular de la SIDE durante el menemismo, es autor de varios libros donde justifica el Terrorismo de Estado. En su relato, el ex periodista, se refiere al apoyo cívico que tuvo el golpe de 1976 como un atajo para justificar los delitos de lesa humanidad de la dictadura. Yofre equipara los delitos de lesa humanidad y los atentados guerrilleros, una comparación que ya fue rechazada por la Justicia.

A pesar de que la pieza dura 12 minutos, en ningún momento se hace referencia al robo de bebés, las torturas, las violaciones, los centros clandestinos de detención o los delitos contra la propiedad de las víctimas. En la pieza, el cineasta libertario Santiago Oria reversiona la Teoría de los dos demonios en dónde el único demonio es la guerrilla.

Es parte de la batalla cultural que impulsa Santiago Caputo intenta cambiarle el sentido al día en que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar. Más allá de los rumores de indulto que tomaron fuerza en los últimos días, la Cámara de Casación emitió horas antes del 24 de marzo un fallo con el que recordó que el indulto es «incompatible» en casos de lesa humanidad.

En el video, el cineasta libertario Santiago Oria reversiona la Teoría de los dos demonios en dónde el único demonio es la guerrilla. Es parte de «la batalla cultural» que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo.

Milei intenta captar a un bloque pro militar que existe en la argentina y que durante el alfonsinismo se identificó con la UCD, luego con el menemismo y más tarde con parte del PRO. Pero no lo hace de una manera vergonzante como intentó el macrismo.

El Tata Yofre es el vehículo para hablarle a ese mundo. El ex periodista falsea los hechos para argumentar que la única mirada que prevaleció en la Argentina es la de los organismos y organizaciones de Derechos Humanos, que no tienen voz en el video que lanzó la Casa Rosada. Y sostiene que los Derechos Humanos fueron «un gran negocio» y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos.

El asesor presidencial Santiago Caputo.

Es la mirada de Victoria Villarruel, quien construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976.

Como contó LPO, el gobierno maniobra para que los represores condenados por delitos de lesa humanidad tengan prisión domiciliaria. Patricia Bullrich aseguró días atrás que «es venganza» que la justicia les otorgue la domiciliaria a presos comunes, pero no a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad y tienen más de 70 años. 

Como parte de esa estrategia, el ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió junto a defensoras de militares condenados como Cecilia Pando.

Desde la ONU y la CIDH rechazaron la posibilidad de que los condenados por violaciones a los derechos humanos sean indultados o reciban beneficios carcelarios.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia (…) llaman a los Estados a cumplir con las sentencias judiciales que condenan a quienes resultan responsables por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales. En ese sentido, instan a los Estados a no otorgar perdones, indultos humanitarios o beneficios indebidos a los autores materiales e intelectuales de estos tipos de delitos», expresaron en un documento.

Petri junto defensoras de la dictadura.

28 DE NOVIEMBRE

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Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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