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Juicio a la Corte: La comisión cierra la etapa Maqueda y abre la causa que más complica a Rosatti

A partir del jueves próximo la comisión de Juicio Político inicia una nueva etapa sobre el trasfondo del fallo que benefició a Ciudad envuelto por los diálogos entre Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro. Ese mismo día, cerrará el tramo sobre la obra social y convocaría a Juan Carlos Maqueda oficialmente para un descargo. Las pruebas reunidas hasta ahora y lo que viene.
Seis (largas) reuniones de comisión, 17 testigos, 533 resoluciones, una auditoría y cuatro informes de 19 mil fojas después, la comisión de Juicio Político le puso un broche a la investigación sobre las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. O al menos de lo que, desde el Frente de Todos, se bautizó como el «período Maqueda». En tanto supervisor de la OSPJ entre 2008 y 2021, Juan Carlos Maqueda se convirtió así en el primer herido formal del juicio político a la Corte Suprema. Finalizada esta etapa, sin embargo, el teleobjetivo pasará a apuntar a su próximo sospechoso: el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Y es que el jueves próximo –si es que el cierre de alianzas frentetodistas no deja muchos heridos–, la comisión que preside Carolina Gaillard pasará a investigar el trasfondo del fallo de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Será una causal clave: después de todo, fue este fallo lo que motorizó –junto a los chats de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro– que el peronismo decidiera impulsar el juicio político a la Corte.
Lo venían preparando hace días y, una vez oficializado, les diputades oficialistas abandonaron la comisión satisfechos de haber podido dejar un título: la Cámara de Diputados citaría al supremo Juan Carlos Maqueda a hacer su descargo sobre las múltiples desmanejos que se habían detectado en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ). El martes, el objetivo del FdT era anunciar el cierre de la investigación y definir un principal responsable. Y es que si bien el estatuto de la OSPJ determinaba que la prestación dependía de toda la Corte –«La obra social tenía autonomía de gestión pero no autarquía», repiten en el oficialismo–, existía una figura especial, la del «supervisor», sobre el cual pesaba gran parte de la responsabilidad del control. ¿Y quién había ocupado, entre 2008 y 2021, aquel rol? Juan Carlos Maqueda. Si bien no hay resolución oficial que lo haya designado, en el FdT se valen de un mail que el propio supremo envió en agosto del 2021 anunciando que dejaba de actuar en la supervisión. En eso y en el hecho que, de 533 resoluciones vinculadas a la OSPJ, 324 llevaban la firma de Maqueda.
Las acusaciones que pesan sobre el supremo no son pocas: licitaciones poco transparentes, desmanejos contables, sistema informático vulnerable, ausencia de planificación y presupuestos, firmas de cheques millonarios de origen extraño, daño a la integridad física de les afiliades, entre otros. Estos serán los cargos que, el jueves próximo, la comisión oficializará en una resolución y, ahí sí, citará a Maqueda a declarar. Si bien las expectativas son altas, el magistrado puede negarse a comparecer y, en cambio, presentar un descargo escrito. El juez tendrá 10 días para presentarse -o para presentar el escrito – desde que la citación se apruebe y la cédula llegue al Máximo Tribunal. No será el punto final para la causal vinculada a la OSPJ, sin embargo. Si bien el FdT decidió cerrar el período 2008-2021 (durante el cual, cabe destacar, estuvieron como presidentes Ricardo Lorenzetti, primero, y Carlos Rosenkrantz, después), queda abierto lo que pasó desde entonces. Porque las irregularidades se mantuvieron. Para ello se creará una subcomisión abocada a investigar la OSPJ durante el período 2021-2023.
Ahora, si la causal de OSPJ apuntaba a Maqueda y la del fallo del 2×1 a los genocidas apuntaba a Carlos Rosenkrantz, la que investigará el trasfondo del fallo de coparticipación porteña tendrá otro (principal) acusado. Esto es: Horacio Rosatti. «La punta de lanza de todo esto es Robles», explica un diputado oficialista y recuerda que fue la filtración de los chats del vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, lo que terminó haciendo despegar el pedido de juicio político a la Corte Suprema. La hipótesis del FdT, en este caso, es que el fallo que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue negociado entre Rosatti y el gobierno porteño a través de, precisamente, Silvio Robles.
Antes, un poco de historia. A fines de 2022 la Corte Suprema firmó una medida cautelar en la que le ordenó al gobierno nacional que aumentase a 2,95 la coparticipación porteña. La decisión respondía a la demanda que el gobierno porteño le había iniciado a la Nación después de que, en 2020, Alberto Fernández decretó (y luego convalidó por ley) la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad (los cuales, cabe aclarar, habían sido triplicados previamente por Mauricio Macri por decreto con la excusa del traspaso de la Policía). El objetivo del oficialismo en la comisión de Juicio Político es reconstruir la línea de tiempo desde que el gobierno larretista inició la demanda y la Corte sacó la cautelar: cómo se desarrollaron las audiencias, quiénes estaban presentes, como se movió el expediente en las diferentes vocalías de la Corte, etc.
El ojo estará puesto, además, en la relación entre Robles y D’Alessandro y los chats que se filtraron poco después de que saliera el fallo. En una de las conversaciones filtradas, Robles aparece enviándole al ex funcionario porteño un link con una nota que informaba que la Corte había rechazado la recusación a Rosatti en la causa por coparticipación. «Espero que hagas sacar (en los medios) el ‘fallo Robles’», le agregaba, después. Tanto el vocero de Rosatti como D’Alessandro serán citados en las próximas semanas.
NACIONALES
Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
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