PROVINCIALES
Jaime Álvarez: “Le pedimos a YPF responsabilidad en este traspaso para que haya una reorganización provincial»

Ante la decisión del gobierno nacional de retirar a YPF de la explotación petrolífera en Santa Cruz, dejando cantidad de despidos y habilitando la posibilidad de vender los pozos maduros, esta mañana, encabezado por el secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, Rafael Güenchenen, el gremio organizó una multitudinaria marcha de reclamo hacia la histórica localidad de Cañadón Seco.
Más de seis mil trabajadores del sector se movilizaron, acompañados por habitantes y representantes de las fuerzas vivas de las comunidades afectadas por esta determinación. Marco que contó con la presencia de representantes del gobierno provincial y de los gobiernos locales, quienes estuvieron apoyando una demanda que hace a la supervivencia de miles de familias.
Uno de los asistentes fue el ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, Jaime Álvarez, quien si bien recordó que YPF es “nuestra empresa de bandera”, cuestión que después de ochenta años de liderar la actividad en la zona la empresa se vaya “corriendo, de noche y a las apuradas”.
No es casual el punto geográfico elegido para realizar la movilización. En ese lugar se ubica el Pozo 0-12 con cuya explotación comenzó la actividad petrolera en Santa Cruz, en un marco que significo un profundo compromiso pionero para darle a la actividad un futuro prometedor en nuestro territorio.
Tras trasladarle a los presentes el saludo del Gobernador, Jaime Álvarez, aseguró que el Claudio Vidal, justamente hoy, “también se encuentra trabajando en temas que incumben al sector energético de Santa Cruz”, entre esos temas se están evitar el cierre de la empresa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz
Si bien, el funcionario no cuestionó la decisión de Y.P.F. en términos de “irse a un lugar donde deja más plata la actividad hidrocarburífera, donde tiene mayor rentabilidad, al no convencional de Vaca Muerta”, fue taxativo al señalar que “no hay ningún problema que se vaya a la Cuenca neuquina, porque acá hay técnicos que saben hacer muy bien su trabajo y van a salir adelante la producción petrolera de Santa Cruz, pero nos tienen que dar tiempo a organizar una transición responsable y a que vengan nuevos operadores que quieran hacer mejor las actividades que YPF, por qué la verdad, la “empresa de bandera”, en los últimos años, es poca la inversión que realizó acá”.
De esta manera, recordó que “atrás de cada trabajador que veo acá hay una fuente laboral y una familia y hay pueblos enteros como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia que viven, específicamente, del petróleo” y, por ello, volvió a insistir en que “le pedimos a YPF mucha responsabilidad en este traspaso para que haya una reorganización provincial y para que se tomen determinaciones en lo que son las políticas de estado en el área hidrocarburífera”.
Álvarez concluyó dirigiéndose a los presentes y puntualizándoles que “el gobierno provincial está al frente para que esta transición se realice de la forma más organizada posible y para que todos los trabajadores de la actividad petrolera puedan mantener su trabajo”.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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