SOCIEDAD
Impuesto a las ganancias: cómo es el proyecto del Gobierno
El Ejecutivo envió a los Gobernadores el «Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes». Entre sus artículos, se destaca la restitución del pago de Ganancias. ¿A quiénes alcanzará el impuesto?
El gobierno hizo público el nuevo proyecto de ley ómnibus, más corto y con menos alcances que su antecesor, que envió a los gobernadores para comenzar a negociar y avanzar así en su tratamiento en el Congreso. Junto con esta propuesta, incluyó un paquete de leyes fiscales, entre las cuales se destaca la restitución del pago de Ganancias. ¿A quiénes alcanzará el impuesto?
Freno al aumento de una prepaga con amplio alcance
En el proyecto enviado, el Ejecutivo destacó la necesidad de «equilibrar las cuentas fiscales del país». Para lograrlo, insistieron con la reducción en el gasto público y una mejora en la recaudación impositiva.
En ese marco, el Ejecutivo le echó la culpa la «presión fiscal» que tiene el sistema tributario argentino para el sector formal de la economía. Esta característica -según el gobierno- generó dificultades para cumplir con las obligaciones fiscales y afectó a la recaudación en las últimas décadas.
Respecto al impuesto a las Ganancias, el Ejecutivo propuso su reinstauración para un amplio grupo de trabajadores en relación de dependencia que anteriormente estaban exentos. En este sentido, plantearon modificar la ley vigente para aplicar alícuotas progresivas que permitan al Estado recuperar «ingresos perdidos».
Los detalles del regreso del impuesto a las ganancias
El proyecto del Gobierno busca «evitar desincentivos» al incremento de la actividad económica, asegurando que «ningún contribuyente vea anulado completamente un aumento de ingresos debido a impuestos adicionales». Todavía no se conoce a partir de que monto de ingresos se va a aplicar el tributo.
De todas maneras, la administración nacional ya adelantó que el nuevo piso implicaría una fuerte reducción del mínimo no imponible que, actualmente, se rige por el Salario Mínimo, Vital y Móvil y supone 15 de estos, es decir, $ 2.340.000 a marzo, basándose en el básico actual de $ 156.000.
Otra de las cláusulas establece que el gravamen, que de aprobarse alcanzaría a 800.000 empleados, será retroactivo al 1° de enero.
Finalmente, en el borrador difundido por el Gobierno de Milei destacaron la importancia de la reintegración del impuesto a las Ganancias en el contexto de la coparticipación con las provincias, ya que afecta el reparto federal de impuestos.
Ahora, serán los mandatarios provinciales quienes deberán sentarse con el Ejecutivo a analizar punto por punto los 269 artículos del nuevo proyecto de la fracasada ley ómnibus.
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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