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Guzmán en Diputados: «En este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos»

El ministro de Economía y Finanzas expone en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada de debate del proyecto enviado por el Gobierno para convalidar el acuerdo con el FMI.

El ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó hoy al exponer en la Cámara de Diputados que en el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional «no hay ninguna reforma que implique quita de derechos» y reveló que «el primer objetivo» del programa económico comprometido con el organismo multilateral de crédito es «la acumulación de reservas internacionales».
«Aquí en este acuerdo no ha ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral», destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fin de convalidar el entendimiento con el FMI.
A Guzmán le tocó hablar luego de que el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, inaugurara el debate con un mensaje introductorio, seguido del discurso del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien desarrolló el cuadro de situación y el contexto en el que se produjo el acuerdo del Gobierno para refinanciar la deuda por 44.500 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri entre 2018 y 2019.
«Este es el mejor acuerdo posible», afirmó Manzur, citando el argumento que el Gobierno y sus referentes legislativos vienen repitiendo hasta el cansancio para intentar captar más voluntades a favor de la ley.
Minutos más tarde, Guzmán recordó que «es la primera vez en la historia argentina que un acuerdo entre un gobierno nacional el staff del FMI será puesto a consideración del Congreso nacional de acuerdo la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública» sancionada en 2021.
El ministro advirtió que en la actualidad el país enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador que es el problema de la deuda con el FMI», y alertó que «Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en el programa stand by del 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos».
«Estamos hablando de este mismo mes», acotó, en alusión al vencimiento del 22 de marzo por más de 2.800 millones de dólares.
«Si no se pudiese resolver el problema de balanza de pagos que Argentina tiene debido los problemas de pagos con el MI, se enfrentaría a una situación significativa más difícil y dañina en el frente cambiario, de la inflación, del empleo, de la actividad y en todo el frente social», dijo al alertar sobre las presuntas consecuencias de un escenario de default.
Guzmán detalló que de acuerdo al cronograma original del programa stand by firmado por Macri, este año el país debería desembolsar entre capital e intereses unos 19.000 millones de dólares y el año que viene otros 20.000 millones adicionales.
Según dijo, se trata de una carga de deuda imposible de saldar en los plazos establecidos, por lo que aseguró que «la única alternativa para poder hacer rente a esos vencimientos es obtener nuevo financiamiento y la única forma es a través de un nuevo programa de financiamiento con el FMI».
El funcionario detalló que el financiamiento acordado con el FMI comprende un crédito por 44.500 millones de dólares, equivalentes a la deuda del programa stand by del 2018.
Al respecto, resaltó que «no se está agregando un sólo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by» que firmó el macrismo.
En otro orden, Guzmán señaló que durante el proceso se diálogo con el staff del FMI se llegó a la conclusión de que «la principal limitante al crecimiento sostenido en Argentina es la restricción de divisas».
En base a este diagnóstico, «se definió como primer objetivo la acumulación de reservas internacionales«.
«Por lo tanto resulta fundamental potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas en la Argentina para poder generar las condiciones de crecer de forma sostenida», puntualizó.
En este sentido, precisó que Argentina se compromete a un crecimiento de las reservas en 5.800 millones de dólares en 2022, de 4.000 millones en 2023 y de 5.200 millones en 2024.
«Poder contar con más reservas en el Banco Central es la primera condición necesaria para calmar las expectativas y para que ayude a atacar con más fuerza el mal inflacionario. De modo general, es necesario para que en Argentina haya estabilidad macroeconómica», analizó.
El segundo objetivo que definió Guzmán es el de «reducir el déficit fiscal para ir dependiendo menos del endeudamiento y de la emisión monetaria»
En este sentido, apuntó que la meta para este año es bajar el déficit fiscal al 2.5% del PBI, el año que viene al 1,9%, y en 2024 al 0,9%.
No obstante, aclaró que la política fiscal no será de ajuste sino «moderadamente expansiva», con especial hincapié en la inversión en infraestructura pública.
«Junto a ello se plantea una reducción de la emisión monetaria lo cual también es un camino necesario para esta Argentina», sostuvo acerca del tercer objetivo trazado.
En esta línea, se definió que este año el financiamiento monetario baje al 1% del producto bruto, y continué descendiendo en 2023 al 0,6% para converger en 2014 a la emisión cero.
«El acuerdo que hoy el Gobierno nacional trae al debate en el Congreso de la Nación establece un camino transitable y un principio de solución a un problema verdaderamente muy grave para el desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa en un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiaria con consecuencias inflacionarias, consecuencias negativas sobre a la actividad económica, sobre el empleo y la pobreza», concluyó el ministro de Economía.
Tras la presentación de Guzmán, los diputados de las distintas fuerzas políticas realizaban preguntas a Guzmán y a los miembros del equipo económico que lo acompaña: el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
En la previa al plenario de comisiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reunió a todos ellos, junto a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la Sala de Honor del Palacio Legislativo para afinar el lápiz de las presentaciones.
En el marco de una paridad extrema en el número de legisladores que forman parte de las dos comisiones (el Frente de Todos cuenta con 39 firmas y Juntos por el Cambio 38), el oficialismo no quiso dejar cabos sueltos en su estrategia y dispuso el relevo de los dos diputados propios que son críticos del acuerdo con el FMI: el camporista Marcos Cleri y el economista del Frente Patria Grande Itai Hagman, cercano a Juan Grabois.
Los enroques fueron decididos para evitar que Juntos por el Cambio pueda imponer un dictamen propio tal como dejaron trascender: en efecto, los principales referentes de la principal alianza opositora anticiparon que buscarían una iniciativa propia que avalaría únicamente el refinanciamiento por 44.500 millones de dólares, dejando de lado el programa económico que elaboró el Gobierno en los anexos de la ley para convencer al organismo internacional.
El Frente de Todos también reemplazó a Leandro Santoro y el salteño Emiliano Estrada.
Entre los reemplazantes están la jujeña Carolina Moisés y el massista Ramiro Gutiérrez.
NACIONALES
Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
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