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Garrafas: distribuidores piden que aumenten a $2100 y alertan sobre posibles faltantes

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Las empresas de gas licuado advirtieron que la situación es crítica. Presentaron petitorios a Sergio Massa y Flavia Royón

Cámaras empresarias del sector de gas licuado reclamaron al Gobierno que autorice un aumento del 200% para llevar el valor de la garrafa de 10 kilos de $700 a $2100 y que el Programa Hogar actualice su precio cada seis meses. Aseguraron que la situación es crítica y que, de no modificarse, habrá desabastecimiento.

El petitorio lo presentaron al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y lo firman las cámaras de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (CODIGAS) y de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS).

En el escrito plantearon una “gravísima situación económica y financiera que atraviesan las empresas de fraccionado de gas licuado de petróleo”. “El atraso de los valores del Programa Hogar hace insostenible la continuidad de la actividad, con un déficit crónico para las empresas fraccionadoras y distribuidoras”, dijo el presidente de CEGLA, Pedro Cascales.

La crisis del sector del gas licuado
Por la falta de conectividad de la red de gas natural, en la Argentina hay más de 20 millones de usuarios de garrafas y cuatro provincias del nordeste del país (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) que dependen en su totalidad del gas licuado de petróleo para cuestiones básicas como tener agua caliente o cocinar, de acuerdo con los datos del sector.

El gas licuado se transporta desde las bocas de producción hasta cada uno de los lugares del país que necesitan gas, pero las empresas fraccionadoras y distribuidoras aseguran que el valor de $700 “no llega ni siquiera a cubrir los precios de referencia autorizados para la etapa del fraccionador en esas provincias”.

Sumado a eso, denuncian que “la asistencia económica transitoria (AET) del 20% de la facturación otorgada al sector fraccionador por las resoluciones 809/21 y 980/21 no se le está abonando a las empresas desde marzo/abril pasados”.

“Con un valor de la garrafa que en el promedio país se consigue a $700 se corre riesgo de desabastecimiento en todo el país porque ese valor no alcanza para cubrir costos”, dijo Cascales.

Qué pide el sector
En el petitorio que entregaron a Massa y Royón, fraccionadores y distribuidores reclamaron:

Pago urgente de las asistencias económicas transitorias (AET) que se adeudan, dado que “representan cifras muy significativas que comprometen la continuidad de las operaciones”.
La inmediata recomposición de márgenes de la cadena de comercialización del sector para cubrir los costos y una razonable rentabilidad, según establece la Ley 26.020. Para la etapa de fraccionado es de $1071 y para la de distribución de $1023, totalizando un valor final promedio país sin impuestos de $2094 por garrafa de 10 kg, señalaron.
La implementación inmediata de una fórmula de actualización automática de los precios de referencia en línea con la normativa vigente y acorde con la elevada inflación.

La modificación de los precios cada seis meses, de acuerdo con lo que establece la Ley 26.020.
Otorgamiento de créditos subsidiados que permitan cumplir con la renovación obligatoria de la flota vehicular asignada a la distribución de GLP.


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Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

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Afecta al giro de dividendos y operaciones con Bopreal, que ahora pasan a estar gravadas en 17.5%. El gobierno busca evitar que el desplome de la recaudación se lleve puesta la meta fiscal.

Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

Por Luciana Glezer

En medio de los reclamos de los empresarios por el cepo cambiario, Luis Caputo dispuso extender el impuesto PAIS al giro de dividendos y a las operaciones con Bopreal, instrumento financiero pagadero en pesos que al vencimiento cumple con el equivalente en dólares más los intereses devengados, al que pueden acceder personas físicas o jurídicas titulares de cuentas habilitadas en el mercado bursátil.

 Mediante el decreto publicado este lunes se establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares 

«Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI», afirmó el economista y diputado del PRO Luciano Laspina. 

Laspina se sumó junto a Marina Dal Poggetto a la troupe de la ortodoxia que viene amplificando duras críticas hacia Milei. Forman parte de ese equipo Domingo Cavallo y Carlos Rodriguez.

Todos estos economistas representan la voz de los empresarios, que buscan que Milei cumpla la promesa de campaña de levantar el cepo.

Los economistas apuntan al punto débil: las restricciones cambiarias, la permanencia del cepo. «Hay que salir del esquema de transición, eliminar el cepo cambiario y establecer el nuevo régimen monetario. Es imposible que haya recuperación económica con el actual diseño del programa», planteó Laspina en una entrevista concedida al diario La Nación este domingo. 

Más hondo caló Marina Dal Poggeto, directora de Ecogo: «El esquema es cepo dependiente. Bajar las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos. Mucho menos, si tu programa financiero depende de la recirculación de los pesos del BCRA al Tesoro», afirmó la economista. 

Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI

Dal Poggetto explicó que los bancos le venden bonos caros al BCRA y después los recompran más baratos con algún estiramiento en los plazos. Agrega Dal Poggetto que el mecanismo incluye la posibilidad de hacerse de liquidez contra el BCRA con el riesgo de monetización, a través de seguros (PUTS). 

Los pasivos remunerados hoy alcanzan a $33 mil millones. «Este esquema empezó a encontrar límites en la última licitación, cuando los pesos emitidos por la venta de bonos al BCRA no pudieron ser tomados por en la licitación del Tesoro», indicó Dal Poggetto.

A las claras las cuentas del BCRA lucen lejos de sanearse. A la situación de los pasivos se sobreimprime el derrumbe de la recaudación que complica la meta fiscal. Sostener el Cepo y conservar este impuesto que grava y restringe el acceso a dólares, la única alternativa en este esquema. 

 Marina Dal Poggeto 

El interrogante se abre sobre el grado de comprensión y paciencia que pueda conseguir el gobierno de parte del bloque de poder que sustenta su proyecto político del gobierno. Lo cierto es que empresas, bancos, inversores y hasta el propio FMI condicionan el financiamiento al levantamiento de las barreras cambiarias. 

 El Impuesto PAÍS fue originalmente implementado el gobierno anterior para limitar el acceso al mercado cambiario. Con esta ampliación, el gobierno busca evitar el derrumbe de la recaudación, que en marzo cayó 13,2% debido a la depresión del nivel de actividad. En este contexto el único tributo que crece exponencialmente es el Impuesto PAIS con un alza de mas del 1100% en términos interanuales. 


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