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PROVINCIALES

El Tribunal Superior de Justicia le envió una nota al gobernador Claudio Vidal: pedido de audiencia, «desconcierto» por sus declaraciones y problemas edilicios

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Los integrantes del TSJ , le enviaron una misiva la mandatario provincial en donde le vuelven a solicitar una audiencia, ya que Vidal no respondió un pedido del 11 de diciembre de 2023. Los puntos que le piden abordar frente a las declaraciones que el gobernador hizo contra el Tribunal.

Fechada el 10 de junio, los miembros que integran el Tribunal Superior de Justicia, le enviaron una nota al gobernador, Claudio Vidal, con el objeto de solicitarle una audiencia por diverso temas que atañen a la justicia, y a los propios integrantes del TSJ.

Es que el mandatario cuestionó fuertemente el funcionamiento de la justicia, los jueces y a los propios integrantes que le enviaron la nota.

Sin ir más lejos, en el acto por la Revolución de Mayo del pasado 25 de mayo, Vidal apuntó contra el TSJ y puntualmente, contra su vocal, Fernando Basanta. 

«Recién en el desfile observamos como distintos manifestantes recorrían solicitando justicia y ese es un mensaje muy claro al sector judicial de esta provincia, que sigue protegiendo a los que se creen totalmente impunes. Eso se tiene que terminar y todos tienen que saber que en base a lo sucedido en los últimos días, el ataque constante a algunos de los diputados y el mal accionar y erróneo accionar de Fernando Basanta del Tribunal Superior de Justicia visitando diferentes lugares de diputados para presionar, nosotros, hemos tomado la decisión de solicitar ayuda al Gobierno Nacional», manifestó Vidal en ese momento. 

A continuación la nota que los miembros del TSJ enviaron al gobernador: 

El Excmo. Tribunal Superior de Justicia se dirige a Ud. a los fines solicitarle, nuevamente, que nos conceda una audiencia ya que nuestra anterior solicitud -de fecha 11de diciembre de 2023- no ha sido respondida.-

En esa oportunidad, se le deseó éxito en la gestión que iniciaba y se le solicitó una reunión tendiente a: «…conocernos y comprometernos juntos, como Poderes del Estado que representamos, a garantizar la institucionalidad tan reclamada por nuestra sociedad».- 

En el transcurso de estos 6 meses se han presentado diversas inquietudes que atañen al funcionamiento de este Poder Judicial y que entendemos que deberían abordarse de manera conjunta. Muchas de ellas con el objeto de optimizar el servicio de justicia.

No escapan a nuestro conocimiento, las diversas manifestaciones públicas que usted ha realizado en medios de comunicación relativas al funcionamiento de este Poder del Estado. 

Es por ello que resulta imperioso, de nuestra parte, conversar con usted en torno al funcionamiento del Poder Judicial y sus necesidades, de cara al futuro desafiante que nos espera.-

Han causado gran desconcierto, entre quienes integramos el Poder Judicial, sus reiteradas declaraciones relativas a la lentitud del sistema judicial y a un supuesto apartamiento de nuestra función esencial que no es otra que solucionar, de manera imparcial e independiente, conflictos que se presentan entre los individuos o entre éstos y el Estado.

El Poder Judicial, que está integrado por 1500 hombres y mujeres repartidos en todos los rincones de la Provincia, debe realizar el trabajo que la Constitución Provincial y las leyes le atribuyen, libres de presiones externas. Las decisiones que tomen los jueces, gusten o no, sólo deben responder a los elementos que surjan de las constancias de las causas sometidas a su conocimiento y al marco jurídico aplicable.

Cuesta imaginar otro tipo de decisión estatal que esté expuesta a tanto control como las que toma este Poder Judicial. Las decisiones judiciales deben estar fundadas en los hechos y en el derecho, se encuentran sujetas al control que ejercen las partes y a la revisión que de ellas realizan las instancias superiores. La conducta de los magistrados es controlada, no solo por el propio Poder Judicial, sino también por los otros poderes del Estado; y las garantías que la Constitución le reconoce a los jueces, no están pensadas para privilegiarlos, sino para fortalecerlos en el cumplimiento de sus deberes.

Esas decisiones judiciales, bien sabe usted, se adoptan en base a leyes que no son escritas por el Poder Judicial, el cual tampoco decide el tipo ni la cantidad de causas que le ingresan diariamente. Tenemos el fuerte deseo de darle la mayor celeridad posible a los procesos judiciales, pero para ello necesitamos leyes que lo permitan y recursos humanos y económicos suficientes.

En este sentido, queremos poner en vuestro conocimiento que existen varias iniciativas legislativas que son de interés para este Poder Judicial.

Así, en la Cámara de Diputados existe un proyecto de Ley de Mediación del que formó parte nuestra área de mediación. Este mecanismo de resolución de conflictos es más rápido y económico que un proceso judicial y serviría para descomprimir los Juzgados.

Existe, también, un proyecto de Código Procesal Penal elaborado por una comisión de juristas expertos en la materia y del cual también participó este Poder Judicial. Este sistema, -que es tendencia a nivel nacional y ha comenzado a usarse en el Fuero Federal- modernizaría enormemente el proceso penal provincial y aceleraría sus tiempos, ya que hunde sus raíces en los principios de oralidad, simplicidad y celeridad, publicidad, concentración e inmediación (Le adjuntamos para un mejor conocimiento copia de ambos proyectos de ley).

Asimismo hemos tomado conocimiento -a través de los medios de comunicación- que existen diversos proyectos relativos a la colegiación de los abogados. En este sentido le manifestamos nuestro histórico apoyo a este tipo de iniciativas, entendiendo que la colegiatura y el autogobierno de la matrícula es una herramienta indispensable para el ejercicio de la abogacía.

Resulta de vital importancia, para el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, que sean cubiertas las vacantes de jueces. Hay un pliego aprobado por la Cámara de Diputados para la cobertura del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de  El Calafate.

A la fecha, no hemos recibido el correspondiente decreto para que este Tribunal arbitre los medios conducentes para la toma de juramento y posesión del cargo del magistrado designado. 

También en la legislatura existen dos pliegos para cubrir las vacantes en la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial y para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Pico Truncado.

Por otro lado, queremos plantearle las necesidades edilicias del Poder Judicial en miras de lograr un mejor y más eficaz servicio de justicia.

Finalmente, nos gustaría brindarle nuestro punto de vista en torno a la modificación de la Ley N° 28, iniciativa que ha partido desde el Poder Ejecutivo y que ha  generado un sinnúmero de inquietudes entre los magistrados inferiores y los funcionarios de este Poder Judicial, ya que son ellos los principales destinatarios de la norma.

Creemos firmemente en el dialogo entre los poderes del Estado. Dialogo franco y libre de injerencias indebidas, que nos permita mantener un vínculo maduro y racional que esté a la altura de lo que la sociedad santacruceña demanda.

-Sin otro particular, lo saludamos atentamente.-

Dr. DANIEL MAURICIO MARIANI / Presidente Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

-Dra. ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU/Vocal 

-Dr. FERNANDO BASANTA/ Vocal 

– Dra. PAULA E. LUDUEÑA/Vocal

-Dra. RENEÉ FERNÁNDEZ/Vocal 


PROVINCIALES

Bloque de Diputados por Santa Cruz

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Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.

La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.

Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.


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