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El tribunal que condenó a Cristina Kirchner concedió salidas transitorias a represor con perpetua

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Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini autorizaron a Martín Eduardo Sánchez Zinny, responsable del asesinato de los padres del periodista Camilo García y otros militantes del PRT-ERP.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

El tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad le concedió salidas transitorias terapéuticas a un represor condenado a prisión perpetua por el secuestro y la desaparición de la madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.  El condenado goza de ese beneficio desde setiembre del año pasado, pero las víctimas se enteraron hace algunos días y de manera casual. 

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini firmaron la autorización para Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado en agosto pasado a la pena máxima que establece el Código Penal junto con otros represores, Emilio Morello y Horacio Linari, por los delitos de “homicidio agravado, secuestro y torturas”. Al mes siguiente y pese a la gravedad de la pena, lo autorizaron a salir los fines de semana a caminar con uno de sus hijos por los alrededores del hipódromo de San Isidro.

Sánchez Zinny tiene un hijo mayor de edad que padece un “trastorno del espectro autista”, por el cual se le concedió el arresto domiciliario y, durante la pandemia, una autorización especial para realizar “salidas diarias, de dos horas y media de duración, fuera de su domicilio”.  Hasta entonces, Sánchez Zinny ni siquiera estaba monitoreado con tobillera electrónica. Superada la etapa crítica de la pandemia de coronavirus, esa situación cambió. Y además el imputado fue condenado en primera instancia a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. 

En 2021, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal advirtió que Sánchez Zinny “realiza caminatas junto a su hijo únicamente los días en que no tiene actividades programadas, y que, desde marzo de 2021, no surge de los informes que siga llevando adelante las caminatas pero que, a la vez, no resulta posible saberlo porque el nombrado no se encuentra monitoreado por ningún dispositivo de control”.

La defensa de Sánchez Zinny pidió que se mantuviera ese régimen flexible de su prisión. Pero la fiscal María Ángeles Ramos se opuso y reclamó “otras opciones para garantizar que el hijo de Sánchez Zinny pueda asistir a todas las actividades que sean necesarias por su estado de salud, como puede ser que un acompañante terapéutico u otros profesionales capacitados sean los que realicen las caminatas con él”.

Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, integrantes del tribunal que sentenció a Cristina Fernández de Kirchner.

El tribunal (que todavía no había dictado la condena por la Causa Vialidad pero atravesaba la etapa final del juicio y ya se habían conocido las fotos que mostraban los partidos de fútbol en la Quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri) adoptó dos decisiones: el 7 de septiembre ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico (lo que ocurrió 12 días después) y mantuvo un régimen de salidas aunque acotado a los fines de semana.

“Entendemos que corresponde mantener las salidas de Martín Eduardo Sánchez Zinny junto a su hijo, pero únicamente los sábados y domingos, de 10.00 a 12.30 horas, para que concurran a caminar alrededor del Hipódromo de San Isidro; toda vez que dichos días resultan ser los únicos en los que el nombrado Nicolás actualmente no lleva adelante las actividades recomendadas por los profesionales”. 

El tribunal dispuso que “lógicamente, se dejarán sin efecto los egresos concedidos el 19 de marzo de 2020 que tuvieran lugar de lunes a viernes”. Las salidas excepcionales otorgadas por la pandemia, por las que no hubo quejas airadas ni pedidos de juicio político por “soltar a los presos”.

Sánchez Zinny fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería Nº6 (RI6) de Mercedes “General Viamonte” entre junio y julio de 1976 en perjuicio de cinco militantes vinculados a la publicación e impresión de las revistas El Combatiente y Estrella Roja del PRT-ERP. Se lo consideró coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Jorge Arancibia, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por mediar violencia y/o amenazas en cuatro hechos, en perjuicio de Rocío Ángela Martínez Borbolla (la mamá de Bárbara y Camilo García), Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y de un hombre que no pudo ser identificado.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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