NACIONALES
El Movimiento Evita anunció un partido de organizaciones sociales que competirá en las PASO
«Después del discurso de Cristina, lo que se apuró es la conformación del partido de los movimientos sociales», enfatizaron fuentes del Movimiento Evita.
Tras las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto del manejo de los planes sociales, el Movimiento Evita anunció la creación de un partido político para competir en las elecciones PASO de 2023 y buscará sumar a «la mayor cantidad» de organizaciones sociales.
«Después del discurso de Cristina lo que se apuró es la conformación del partido de los movimientos sociales. Van a formar un espacio político y electoral, que no va a ser integrado solamente por el Movimiento Evita», resaltaron fuentes del espacio.
A 48 horas del encendido discurso de la ex mandataria, al que calificaron como «muy gorila» y «estigmatizante», reconocieron que los sorprendió el mensaje de la vicepresidenta y afirmaron que «no se responde más» porque ya se dijo todo lo que había para decir al respecto.
La decisión se conoce en medio de la polémica que despertó Cristina Kirchner, cuando el pasado lunes acusó los movimientos sociales por el manejo de los planes y exhortó al presidente Alberto Fernández a que el Estado controle las subas y bajas de los más 1.200.000 beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.
En ese marco, el Movimiento Evita buscará democratizar la elección de autoridades en un Congreso convocado para julio próximo, y avanzar en la creación de un estatuto para formar un sello partidario.
«Se van a presentar candidatos en varios lugares en 2023. El partido se va a ir armando durante todo este año y se va a presentar el año próximo porque la intención es ‘jugar’ en las elecciones», detallaron a Noticias Argentinas.
Fuentes del Movimiento Evita puntualizaron: «Si Alberto (Fernández) va por la reelección lo van a acompañar y si no juega van a pedir que haya PASO, donde se presentará un candidato propio».
La intención de avanzar en la creación de un sello partidario quedó expresada en un duro comunicado que elaboró este martes el Movimiento Evita, en el cual anticipó: «Vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural».
Respecto del texto oficial que dio a conocer el espacio, las fuentes consultadas destacaron que buscaba hacer referencia a que en las declaraciones de la vicepresidenta hay un «desconocimiento de cómo funcionan las organizaciones sociales, lo que significan y el laburo que dan».
En esa línea, opinaron que la disputa de Cristina Kirchner es «por el poder territorial» y reflexionaron: «Lo que termina diciendo de los planes sociales es similar a lo que planteaba (el exministro de Desarrollo Productivo Matías) Kulfas, un hombre sumamente cuestionado por ella, que justamente era el punto de conflicto entre él y los dirigentes sociales».
«Kulfas planteaba que el crecimiento productivo en la economía formal en tanto tiempo va a derramar y va a generar los suficientes puestos de trabajo. Son 10 millones de personas las que están afuera del sistema, ¿Cuántos años necesitas de crecimiento para incluirlos a todos?», apuntaron.
Por último, cuestionaron el planteo realizado por la presidenta del Senado respecto del manejo de los planes sociales: «Es peronismo de patrones, otra vez el clientelismo en manos de los intendentes con la lógica de decido yo quién tiene plan y quién no».
NACIONALES
La Corte Suprema rechazó dos planteos contra el mega DNU de Milei
Se trata de las presentaciones realizadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo. El máximo tribunal entendió que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia” en los planteos.
La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la Asociación Civil Gente de Derecho contra el mega DNU 70/23 dictado por Javier Milei para desregular la economía y desguazar el Estado. Según los jueces supremos, en ninguna de las presentaciones había un “caso concreto”, “causa” o “controversia”, sino una objeción general y abstracta a la norma. Así, el máximo tribunal le dio una buena noticia al Poder Ejecutivo, que ya había recibido el rechazo del Senado a un decreto que continúa vigente mientras no se expida también en su contra la Cámara de Diputados. La decisión de la Corte se produjo en momentos en que Milei avanza con su intención de nombrar nuevos jueces en el máximo tribunal: el Presidente impulsa las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Con observaciones diferentes en los expedientes iniciados por Quintela y por el abogado Jorge Rizzo en representación de ACGD, los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti entendieron que no había un «caso» para tratar, ante la invocación genérica de representatividad y la objeción sin que se apuntara a un hecho concreto.
«La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales«, sostuvieron los magistrados.
«Sólo deben hacerlo –estimaron– cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada».
La consecuencia directa e inmediata de la resolución es que el DNU 70 mantiene su vigencia con excepción de los capítulos que fueron expresamente suspendidos por otros tribunales judiciales, como la reforma laboral, la derogación de la Ley de Tierras y de la ley del Instituto de la Yerba Mate. Sobre esos puntos, la Corte deberá eventualmente pronunciarse, según avancen los expedientes.
Sobre el planteo de Quintela
En el caso de la presentación de Quintela, la Corte entendió que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116º y 117º de la Constitución y 2° de la ley 27″. Quintela había pedido que la Corte Suprema declarara si el mega decreto era o no constitucional en su conjunto.
La presentación de Quintela, con el patrocino del ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, se produjo días después de la firma del DNU y consistió en el pedido de una acción declarativa de certeza sobre la inconstitucionalidad del decreto. El planteo del gobernador riojano sostenía que el DNU produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a decenas de artículos de la Constitución y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El objetivo de Quintela, en la presentación hecha a fines de diciembre y que la Corte demoró casi cuatro meses en tratar, era el dictado de una medida cautelar que dispusiera la suspensión total de los efectos del Decreto 70/2023 y que ordenara al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta que se resolviera definitivamente la causa.
Pero los cortesanos entendieron que «el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un ‘caso’ donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”, algo que, desde su perspectiva, no quedó plasmado en el planteo.
En la presentación de La Rioja -añadieron-, “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”. Por eso, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti rechazaron in limine la demanda.
El rechazo a Rizzo
El planteo de Rizzo por la Asociación Civil Gente de Derecho llegó al máximo tribunal a través de un per saltum, luego de que en otras instancias judiciales rechazaran su pedido de una medida cautelar. Quien había rechazado la demanda en primera instancia fue el juez Enrique Lavié Pico, con un argumento coincidente con el que ahora usó el máximo tribunal: que el demandante no estaba legitimado para actuar y que no había un caso o una controversia efectiva.
La apelación de Rizzo fue objetada con razones similares por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El abogado presentó un recurso extraordinario y, ante una nueva denegación, fue en queja ante la Corte. Sostuvo que el DNU violó el principio de división de poderes y la prohibición de legislar que pesa sobre el Poder Ejecutivo; y que los rechazos a su demanda respondían con formalismos ante un avasallamiento de la Constitución.
Los supremos fallaron que «el recurso extraordinario ha sido bien denegado”, pues “no rebate los argumentos de la sentencia de cámara”. Para la Corte, ni Rizzo «personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU».
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