En la Rosada ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, mediante una resolución ministerial, como el camino que podría tomar Javier Milei luego del naufragio en el Congreso de su plan de reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales. Las medidas irían en la línea de concretar el mantra del déficit cero. 

Por Matías Ferrari

Ya desde las primeras horas posteriores a la derrota del proyecto de ley ómnibus, las principales espadas del Gobierno deliberaban de qué forma seguir adelante con el plan de ajuste tendiente al déficit cero, el mantra ordenador de la gestión que Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, marcan públicamente como “lo único que no se negocia”. La administración libertaria tiene en carpeta una serie de resoluciones, decretos simples y DNUs que seguirán esa línea y a través de los cuales, dicen en la Rosada, podrían avanzar también en varias de las medidas contenidas en los distintos artículos del mamotreto que no pasaron el filtro legislativo.

La idea, dicen en Balcarce 50, es echar mano de la mentada “botonera del Estado”, y ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, que se implementó a través de una resolución, la 117/2024, y que lleva las firmas del propio Milei, del ministro de Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Martín Posse. El tema estuvo sobre la mesa de una reunión en la Rosada la semana pasada que Francos y Posse compartieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor estrella Santiago Caputo, con la derrota legislativa todavía fresca. 

El caso testigo que ponen en la Rosada sirve para graficar lo que se viene al menos en el caso de las empresas públicas: como en Diputados ni siquiera se llegó a tratar el capítulo de las privatizaciones –el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago, retiró el proyecto en medio del rechazo a las facultades extendidas– el Gobierno pretende avanzar en las intervenciones con el objetivo de lograr resultados al menos similares. Es decir, desguazarlas, despedir personal y dejarlas listas para el remate. 

Habrá que ver si, efectivamente, el Gobierno decide implementar ese modelo de intervención en empresas como Aerolíneas Argentinas o Fabricaciones Militares, entre otras. En el Gobierno tienen desde diciembre, medido por encuestas, el nivel de apoyo y de rechazo con que contaría la venta de determinadas firmas que hoy están en manos del Estado, y algunos funcionarios reconocen que, pese a que su voluntad es privatizar todo, con algunas de ellas –YPF y el Banco Nación pican en punta– no podrían avanzar.  

De espaldas al Congreso

La serie de decretos y resoluciones podrían reemplazar desde el Ejecutivo muchas otras medidas contenidas en el resto de los capítulos de la megaley, salvo aquellos que sí o sí necesitan ser aprobados por el Congreso, como los apartados en materia fiscal, penal o la reforma política, entre otros. El propio Francos se encargó de aclarar ese punto y afirmó que el Gobierno está dispuesto a aplicar esas medidas dentro de «los recursos que le permite la Constitución Nacional». «Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Lo que permita la Constitución lo va a hacer el Presidente y utilizará los recursos que permite», dijo. 

La idea de darle la espalda al Congreso y manejarse vía decreto, de todos modos, no promete un camino de rosas. La intervención de los medios públicos, el caso que ponen en el Gobierno como camino a seguir, trajo aparentados algunos problemas institucionales y de conflicto de intereses. Esa decisión puso en la misma bolsa a Télam, el portal Educ.ar, la TV Pública y canales como Encuentro, además de Radio Nacional y las 50 emisoras que tiene el Estado en todo el país, y designó a un directivo del sector privado, Diego Chaher, gerente del Grupo América, donde Milei fue empleado antes de saltar a la política. 

Además, la resolución resultó violatoria de una ley, la ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía vigente, que establece que el directorio RTA Sociedad del Estado, debe contar con la representación de diputados y diputadas, lo que abre la puerta a planteos judiciales. La decisión»expresa un ataque a las potestades del Congreso Nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras, y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial», criticaron a su tiempo los senadores de Unión por la Patria. 

Algo parecido podría suceder con las últimas decisiones que recortan los recursos para las provincias, desde la quita de subsidios para el transporte en el interior, el ajuste en el fondo de incentivo docente y en los famosos «giros discrecionales». Algunos gobernadores afectados por las medidas evalúan acudir a la justicia para frenarlas.

En ese sentido, el Gobierno podría entrar en un círculo de rechazos judiciales a sus medidas, tal como pasó con el mega DNU de diciembre, muchos de cuyos artículos fueron frenados mediante amparos, especialmente el capítulo de la reforma laboral. Al respecto, el padre de la criatura, el ministro sin cartera Federico Sturzenegger, había dicho en diciembre pasado en una entrevista con Bloomberg que tanto el primer mega DNU como el proyecto de «bases» eran «apenas un 40 por ciento» del programa de «reconfiguración de la estructura del poder económico en Argentina».