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El Gobierno planea echar mano de la «botonera» del Estado para profundizar el ajuste

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En la Rosada ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, mediante una resolución ministerial, como el camino que podría tomar Javier Milei luego del naufragio en el Congreso de su plan de reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales. Las medidas irían en la línea de concretar el mantra del déficit cero. 
Matías Ferrari

Por Matías Ferrari

Ya desde las primeras horas posteriores a la derrota del proyecto de ley ómnibus, las principales espadas del Gobierno deliberaban de qué forma seguir adelante con el plan de ajuste tendiente al déficit cero, el mantra ordenador de la gestión que Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, marcan públicamente como “lo único que no se negocia”. La administración libertaria tiene en carpeta una serie de resoluciones, decretos simples y DNUs que seguirán esa línea y a través de los cuales, dicen en la Rosada, podrían avanzar también en varias de las medidas contenidas en los distintos artículos del mamotreto que no pasaron el filtro legislativo.

La idea, dicen en Balcarce 50, es echar mano de la mentada “botonera del Estado”, y ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, que se implementó a través de una resolución, la 117/2024, y que lleva las firmas del propio Milei, del ministro de Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Martín Posse. El tema estuvo sobre la mesa de una reunión en la Rosada la semana pasada que Francos y Posse compartieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor estrella Santiago Caputo, con la derrota legislativa todavía fresca. 

El caso testigo que ponen en la Rosada sirve para graficar lo que se viene al menos en el caso de las empresas públicas: como en Diputados ni siquiera se llegó a tratar el capítulo de las privatizaciones –el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago, retiró el proyecto en medio del rechazo a las facultades extendidas– el Gobierno pretende avanzar en las intervenciones con el objetivo de lograr resultados al menos similares. Es decir, desguazarlas, despedir personal y dejarlas listas para el remate. 

Habrá que ver si, efectivamente, el Gobierno decide implementar ese modelo de intervención en empresas como Aerolíneas Argentinas o Fabricaciones Militares, entre otras. En el Gobierno tienen desde diciembre, medido por encuestas, el nivel de apoyo y de rechazo con que contaría la venta de determinadas firmas que hoy están en manos del Estado, y algunos funcionarios reconocen que, pese a que su voluntad es privatizar todo, con algunas de ellas –YPF y el Banco Nación pican en punta– no podrían avanzar.  

De espaldas al Congreso

La serie de decretos y resoluciones podrían reemplazar desde el Ejecutivo muchas otras medidas contenidas en el resto de los capítulos de la megaley, salvo aquellos que sí o sí necesitan ser aprobados por el Congreso, como los apartados en materia fiscal, penal o la reforma política, entre otros. El propio Francos se encargó de aclarar ese punto y afirmó que el Gobierno está dispuesto a aplicar esas medidas dentro de «los recursos que le permite la Constitución Nacional». «Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Lo que permita la Constitución lo va a hacer el Presidente y utilizará los recursos que permite», dijo. 

La idea de darle la espalda al Congreso y manejarse vía decreto, de todos modos, no promete un camino de rosas. La intervención de los medios públicos, el caso que ponen en el Gobierno como camino a seguir, trajo aparentados algunos problemas institucionales y de conflicto de intereses. Esa decisión puso en la misma bolsa a Télam, el portal Educ.ar, la TV Pública y canales como Encuentro, además de Radio Nacional y las 50 emisoras que tiene el Estado en todo el país, y designó a un directivo del sector privado, Diego Chaher, gerente del Grupo América, donde Milei fue empleado antes de saltar a la política. 

Además, la resolución resultó violatoria de una ley, la ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía vigente, que establece que el directorio RTA Sociedad del Estado, debe contar con la representación de diputados y diputadas, lo que abre la puerta a planteos judiciales. La decisión»expresa un ataque a las potestades del Congreso Nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras, y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial», criticaron a su tiempo los senadores de Unión por la Patria. 

Algo parecido podría suceder con las últimas decisiones que recortan los recursos para las provincias, desde la quita de subsidios para el transporte en el interior, el ajuste en el fondo de incentivo docente y en los famosos «giros discrecionales». Algunos gobernadores afectados por las medidas evalúan acudir a la justicia para frenarlas.

En ese sentido, el Gobierno podría entrar en un círculo de rechazos judiciales a sus medidas, tal como pasó con el mega DNU de diciembre, muchos de cuyos artículos fueron frenados mediante amparos, especialmente el capítulo de la reforma laboral. Al respecto, el padre de la criatura, el ministro sin cartera Federico Sturzenegger, había dicho en diciembre pasado en una entrevista con Bloomberg que tanto el primer mega DNU como el proyecto de «bases» eran «apenas un 40 por ciento» del programa de «reconfiguración de la estructura del poder económico en Argentina». 


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Bullrich, Stornelli y los terroristas del choripán

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Entre los detenidos hay una familia que vendía empanadas, un vendedor de choripan y una señora que filmaba la represión. Acusados de sedición y ataque al orden constitucional.
Irina Hauser

Por Irina Hauser

El miércoles al atardecer la Oficina del Presidente hizo un posteo en la red «X» donde felicitaba a las fuerzas de seguridad «por su excelente accionar reprimiendo» a quienes llamó «grupos terroristas» «que intentaron perpetrar un golpe de Estado». Se refería a las cientos de personas que habían ido protestar contra la Ley Bases en las cercanías del Congreso. El texto era grotesco pero los términos seleccionados anunciaban una estrategia de persecución judicial. 

«Entregaron la patria»: el pase de facturas a los senadores del PJ que votaron a favor de la Ley BasesChina lo hace viajar a Milei a validar el swapFrancos a Diputados en busca del texto original de la Ley Bases

No fue casual que a algunas de las personas detenidas les abrieran causas en los tribunales de Comodoro Py. Quedaron a disposición de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió prisión preventiva para todos/as y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional. Como broche, amenazó con aplicar, oh causalidad, un agravante previsto en delitos que buscan «atemorizar a la población» (o sea, terrorismo).

Bullrich: «golpe de estado moderno»

El día pos votación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la comunicación oficial. Dijo que hubo un «golpe de Estado moderno». Lo definió como «el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción», su forma particular de entender la crítica popular a una ley promovida por una administración empobrecedora. 

«Lo que pasó ayer es el kirchnerismo, la izquierda y los convocantes sindicatos, que se fueron temprano, se lo agradecemos, pero que tomen conciencia que son los provocadores de violencia», cargó. Se jactó de que las fuerzas a su cargo (estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal) actuaron «excelente», «con profesionalidad, con prudencia, pero sin dudar de que cuando hay que ir, atacar y no dejar que te tomen el Congreso…». Ya entonces deslizó que pediría que se acuse a los manifestantes de sedición.

Protocolo y represión: cacería

Era obvio que el objetivo del despliegue represivo era lograr que no exista la imagen de una protesta multitudinaria, que no recorra el mundo, como ocurrió con la marcha por la educación. La cacería llegó hasta la avenida 9 de julio y superó los términos del famoso protocolo antiprotesta de Bullrich: no sólo procuró despejar la calle sino que apostó a vaciar la plaza con gases, balas de goma y camiones hidrantes. De la calle se apropiaron los agentes, que impedían toda circulación. La plaza quedó desolada, las veredas húmedas vacías, con las imágenes intercaladas de las llamas devorándose un vehículo de Cadena 3, que después fue vandalizado, mientras la policía miraba para otro lado.

Reprimir la protesta para aplicar el ajuste fue una política anunciada por Bullrich. En lo que va del gobierno libertario cada vez que hubo detenidos/as en protestas, se abrieron causas judiciales en los tribunales porteños por desobediencia y/o atentado y resistencia a la autoridad. Son las típicas figuras —cuyas penas Bullrich quiere agravar— que se usan cuando la policía agarra gente al voleo como método disciplinador y marcar supuestos «violentos». Esta vez hubo 23 detenciones en el ámbito porteño y una decena que fueron a parar a la justicia federal. El juez de la Ciudad Pablo Casas se declaró incompetente y Servini/Stornelli se quedaron con todo. Ahí se pueden imputar delitos federales graves.

Bullrich y Stornelli (un solo corazón)

Cerca de las 13.40 del jueves el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado donde anunciaba que «se presentará como querellante por los desmanes en el Congreso». Decía que había ocho policías y cuatro gendarmes heridos y «cuantiosos daños», aludía al auto, bicicletas y contenedores quemados. Avisaba que la querella no sería solo contra los detenidos sino «los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública» y los «líderes». Demandará los costos del operativo, agregaba, y precisaba delitos que pediría imputar: sedición, perturbación a las sesiones del Congreso, estrago doloso y el agravante «previsto para acciones terroristas». Casi una hora después, un nuevo comunicado descartaba al anterior: menciona la palabra querella o querellante. Alguien debe haber advertido que si la cartera querella no puede hacer intervenir a sus fuerzas de seguridad en la «investigación» (como ya lo marcó el juez Sebastián Casanello en otra causa).

Prefirió entonces quedarse con el manejo de la pesquisa y así orientar las pruebas. Enseguida fue notorio que lo tenían a Stornelli de aliado. El nuevo texto tenía más diferencias: hablaba de un intento de golpe de Estado, de los «grupos terroristas» que «cometieron destrozos» para «interrumpir las sesiones». En lugar de mencionar 33 «personas detenidas» hablaba de «33 piqueteros». Luego, en vez de decir qué delitos imputaría, exhibía que los imputaba Stornelli, quien —señalaba— también dice que se ocupará de lesiones a los agentes y daños.

El dictamen de Stornelli afirma que «se registraron graves y violentos sucesos en las cercanías del poder legislativo» y que se investigan «acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta». A eso le agrega «ejercicio de violentas vías de hecho», «atentados a la autoridad», «lesiones al personal preventor» más el uso de «material explosivo o incendiario». Algunos son delitos graves, que pueden tener penas de 15 años de cárcel.

A ese listado suma el agravante por terrorismo señalado por el Gobierno. Es el artículo 41 quinquies del Código Penal que dice que cuando algún delito «hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo». El mismo artículo aclara que no se aplica «en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional». De eso no habla. Como fundamento el fiscal cita el texto de la Oficina del Presidente que habla de golpe y las crónicas de Clarín y La Nación. No señala ni un dato concreto respecto de las personas que imputa. Tal vez no sea casual la publicación, el 5 de junio, del decreto 496 que flexibiliza la inscripción en el «Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorirsmo….».

Del dicho al hecho

Hasta este jueves a la noche y bajo la acusación de Stornelli habían sido indagadas, con defensa oficial, las 10 primeras personas (tres mujeres y siete varones) denunciadas en la justicia federal. Todas pidieron ser excarceladas. Aún no tuvieron respuesta. Entre ellas hay una familia que vende empanadas y bebidas (abuelo, hija y nieta), un vendedor de choripanes, una mujer de 59 años que grababa la detención de uno de ellos, un joven que hablaba por teléfono apoyado en una valla, otros que simplemente se estaban manifestando, y tal vez el hecho más «grave» era el que se le adjudicaba a alguien que le gritó a un policía.

Entre los arrestados en el ámbito porteño hay una mujer acusada de quemar una bicicleta del gobierno porteño y habría un hombre que llevó una granada trucha. El Ministerio Público de la Defensa pidió la libertad de las 10 personas a las que patrocina, pero que pasan a Comodoro Py.

Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, publicó en «X»: «comparto la preocupación ante las detenciones de tres estudiantes de nuestra comunidad: Sasha Iyardet, Camila Juárez y Nicolás Mayorga». «Como manifestamos ayer en el Consejo Interuniversitario Nacional, a través de su red Interuniversitaria de Derechos Humanos –añadió– ‘nos produce tristeza y estupor revivir escenas de represión que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes'».

Ninguna de las personas detenidas estaría, según fuentes judiciales, el autor/a del incendio del auto de Cadena 3, antes volcado por un grupo de hombres, que el Gobierno incluye entre los actos terroristas. En las filmaciones del hecho no se ve intervenir a ningún agente. Pero a algunos de los provocadores se los ve pasar el vallado para juntarse con policías. Desde el recinto la senador Juliana Di Tullio hablaba, como muchos sospechan y repitieron después, de «infiltrados».

La movilización

Las/los manifestantes empezaron a llegar a la Plaza de los dos Congresos a la mañana. Grupos sindicales, organizaciones sociales, partidos de izquierda, gente suelta, con una idea repetida: que el Senado los escuche, «que no voten la ley». Todo transcurría normalidad. La avenida Callao estaba cortada desde la noche anterior. Había algunas personas circulando. Una tramo de Entre Ríos fue bloqueado por camiones hidrantes para que no pasara una columna de Camioneros. Los agentes también cercaron Rivadavia.

Al mediodía un grupo de diputados y diputadas de Unión por la Patria se ubicó en la calle frente al Congreso. Como cada movilización, iban a sacarse una foto en una de las escalinatas y cantar el himno. Vieron venir una fila de prefectos, delante dos policías con megáfono, detrás otra fila policial, contó el diputado Carlos Castagneto. Los legisladores también formaron una fila y Castagneto encaró (se lo ve calmo en los videos) a uno de los agentes: los llenaron de gases y terminaron en el Hospital Santa Lucía. Bullrich acusó a los diputados de generar violencia e impedir que actúen las efectivos. Ellos la denunciarán.

Los efectivos más tarde tiraron balas de goma y gases a los manifestantes que se acercaban a las vallas que rodeaban el Congreso, lo que hace difícil imaginar la tesis de Bullrich de que la gente iba a tomar el Senado. La violencia comenzaba en las filas de las fuerzas, hasta que más tarde volaron piedras y apareció el fuego, se desdibujaron los uniformes, aparecieron los personajes que generan desmanes a los que la policía no mira y la manifestación que era enorme apenas pudo verse.  


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