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El Gobierno planea echar mano de la «botonera» del Estado para profundizar el ajuste

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En la Rosada ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, mediante una resolución ministerial, como el camino que podría tomar Javier Milei luego del naufragio en el Congreso de su plan de reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales. Las medidas irían en la línea de concretar el mantra del déficit cero. 
Matías Ferrari

Por Matías Ferrari

Ya desde las primeras horas posteriores a la derrota del proyecto de ley ómnibus, las principales espadas del Gobierno deliberaban de qué forma seguir adelante con el plan de ajuste tendiente al déficit cero, el mantra ordenador de la gestión que Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, marcan públicamente como “lo único que no se negocia”. La administración libertaria tiene en carpeta una serie de resoluciones, decretos simples y DNUs que seguirán esa línea y a través de los cuales, dicen en la Rosada, podrían avanzar también en varias de las medidas contenidas en los distintos artículos del mamotreto que no pasaron el filtro legislativo.

La idea, dicen en Balcarce 50, es echar mano de la mentada “botonera del Estado”, y ponen como ejemplo la intervención de los medios públicos, que se implementó a través de una resolución, la 117/2024, y que lleva las firmas del propio Milei, del ministro de Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Martín Posse. El tema estuvo sobre la mesa de una reunión en la Rosada la semana pasada que Francos y Posse compartieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor estrella Santiago Caputo, con la derrota legislativa todavía fresca. 

El caso testigo que ponen en la Rosada sirve para graficar lo que se viene al menos en el caso de las empresas públicas: como en Diputados ni siquiera se llegó a tratar el capítulo de las privatizaciones –el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago, retiró el proyecto en medio del rechazo a las facultades extendidas– el Gobierno pretende avanzar en las intervenciones con el objetivo de lograr resultados al menos similares. Es decir, desguazarlas, despedir personal y dejarlas listas para el remate. 

Habrá que ver si, efectivamente, el Gobierno decide implementar ese modelo de intervención en empresas como Aerolíneas Argentinas o Fabricaciones Militares, entre otras. En el Gobierno tienen desde diciembre, medido por encuestas, el nivel de apoyo y de rechazo con que contaría la venta de determinadas firmas que hoy están en manos del Estado, y algunos funcionarios reconocen que, pese a que su voluntad es privatizar todo, con algunas de ellas –YPF y el Banco Nación pican en punta– no podrían avanzar.  

De espaldas al Congreso

La serie de decretos y resoluciones podrían reemplazar desde el Ejecutivo muchas otras medidas contenidas en el resto de los capítulos de la megaley, salvo aquellos que sí o sí necesitan ser aprobados por el Congreso, como los apartados en materia fiscal, penal o la reforma política, entre otros. El propio Francos se encargó de aclarar ese punto y afirmó que el Gobierno está dispuesto a aplicar esas medidas dentro de «los recursos que le permite la Constitución Nacional». «Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Lo que permita la Constitución lo va a hacer el Presidente y utilizará los recursos que permite», dijo. 

La idea de darle la espalda al Congreso y manejarse vía decreto, de todos modos, no promete un camino de rosas. La intervención de los medios públicos, el caso que ponen en el Gobierno como camino a seguir, trajo aparentados algunos problemas institucionales y de conflicto de intereses. Esa decisión puso en la misma bolsa a Télam, el portal Educ.ar, la TV Pública y canales como Encuentro, además de Radio Nacional y las 50 emisoras que tiene el Estado en todo el país, y designó a un directivo del sector privado, Diego Chaher, gerente del Grupo América, donde Milei fue empleado antes de saltar a la política. 

Además, la resolución resultó violatoria de una ley, la ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía vigente, que establece que el directorio RTA Sociedad del Estado, debe contar con la representación de diputados y diputadas, lo que abre la puerta a planteos judiciales. La decisión»expresa un ataque a las potestades del Congreso Nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras, y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial», criticaron a su tiempo los senadores de Unión por la Patria. 

Algo parecido podría suceder con las últimas decisiones que recortan los recursos para las provincias, desde la quita de subsidios para el transporte en el interior, el ajuste en el fondo de incentivo docente y en los famosos «giros discrecionales». Algunos gobernadores afectados por las medidas evalúan acudir a la justicia para frenarlas.

En ese sentido, el Gobierno podría entrar en un círculo de rechazos judiciales a sus medidas, tal como pasó con el mega DNU de diciembre, muchos de cuyos artículos fueron frenados mediante amparos, especialmente el capítulo de la reforma laboral. Al respecto, el padre de la criatura, el ministro sin cartera Federico Sturzenegger, había dicho en diciembre pasado en una entrevista con Bloomberg que tanto el primer mega DNU como el proyecto de «bases» eran «apenas un 40 por ciento» del programa de «reconfiguración de la estructura del poder económico en Argentina». 


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Axel Kicillof se solidarizó con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres

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El gobernador reiteró su queja por el recorte de fondo nacionales. «No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias».

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con sus pares patagónicos que, encabezados por Ignacio Torres, este viernes decidieron dar un paso al frente en la discusión con la administración de Javier Milei y amenazaron con no entregar los recursos hidrocarburíferos que se producen en esas provincias si el Ministerio de Economía de la Nación, Luis Caputo, “persista en retenerle a Chubut los fondos que por derecho le pertenecen».

Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”, escribió Kicillof en su cuenta oficial de X, en lo que sirvió para sostener una postura que desde la administración bonaerense se viene defendiendo desde el comienzo de la gestión libertaria.

En esa sintonía que encolumna prácticamente a todos los gobernadores del país, los mandatarios de Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro, se sumaron en el apoyo a Torres y denunciaron las “medidas extorsivas que plantea Milei”, que adjudican a «represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus».

«No aceptamos patrones de estancias ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», advirtieron y agregaron que “quitarte a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas».

La Provincia viene manifestándose en esa dirección desde hace ya tiempo y profundizó esa postura en las últimas semanas, cuando arremetió con las críticas por el ajuste nacional que ya golpea a docentes y usuarios del transporte y en el próximo mes se notará con más fuerza en las tarifas de servicios públicos. 

«No conocen la realidad del interior»

“Pueden intentar fundirnos y atacar a la provincia, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con el compromiso que asumimos con nuestro pueblo”, había dicho Kicillof horas antes al habilitar un anexo de la Escuela Secundaria N°6 en el paraje rural Don Cipriano en el municipio de Chascomús. 

“Es evidente que quienes solo hablan de ajustar y privatizar no conocen la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires: aquí no llega el mercado para construir una escuela porque no es rentable, entonces es el Estado el que tiene garantizar las oportunidades para todos y todas”, expresó el gobernador quien estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Javier Gastón; y la directora de la institución, Belén Leglise.

«Estamos muy contentos porque, a pesar de estar atravesando una situación adversa producto de las políticas del Gobierno nacional, hoy podemos dar respuesta a una necesidad de las familias de Don Cipriano”, dijo el mandatario provincial que agregó:  “No era justo que los chicos y las chicas de este paraje rural tuvieran que irse o recorrer muchos kilómetros todos los días para recibir algo indispensable como es la educación de nivel secundario”, agregó.

El anexo de la EES N°6 saldará la demanda de oferta educativa de nivel secundario en la zona: contará con una matrícula de 15 estudiantes y formará parte de un polo educativo conformado también por la Primaria N° 20 y el Jardín de Infantes N° 3. Don Cipriano es un paraje rural en el que viven pocas familias y está ubicado a 30 kilómetros de Chascomús por la ruta provincial 20.

“Este anexo va a permitir que las y los jóvenes de Don Cipriano tengan la oportunidad de educarse y de generar arraigo en su comunidad. Esto se puede lograr gracias a la vocación de un gobernador que impulsa políticas públicas para mejorar la calidad de vida en los parajes rurales”, remarcó el intendente Gastón. 

Mediante el Programa Especial de Emergencia Educativa, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya finalizó 14 obras de refacción y puesta en valor de la infraestructura escolar de Chascomús. “El Estado tiene que estar presente para que todos los chicos y chicas, estén donde estén, tengan los mismos derechos: tenemos la responsabilidad de hacer más y seguir mejorando nuestra oferta educativa”, señaló Sileoni.

Durante la jornada, el gobernador y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, presenciaron en el Parque Libres del Sur la prueba de sonido de la orquesta infantil y juvenil local que encabezará el cierre de El Festival que organiza la Fundación SOIJAr. Esta octava edición del encuentro federal que convoca a jóvenes de todo el país conmemora el bicentenario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven y finaliza el próximo domingo.

“Este es un festival con un profundo sentido social, que promueve la inclusión y en el que participan orquestas de todo el país: conscientes de que la formación artística abre mejores posibilidades, se busca integrar a músicos ya consagrados con chicos y chicas que nunca pudieron contar con instrumentos musicales en sus casas”, expresó Saintout.

Sabemos que el ajuste ya está llegando a cada rincón de la Argentina y que impacta sobre todo en la producción y en el bienestar de los trabajadores”, dijo Kicillof al volver sobre la descripción de la situación que preocupa a los jefes provinciales. “Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, razón por la cual vamos a seguir tomando nota de las necesidades y haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a las y los bonaerenses”, concluyó.


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