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El gobernador confirmó que irá a la Corte por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA

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En conferencia de prensa, el jefe provincial acuso a Milei de robarse «los recursos de las provincias». El gobernador también respaldó el reclamo de la provincia de Chubut y dejó abierta la posibilidad de una cumbre de todos los gobernadores para frenar los DNU de Milei.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este lunes que recurrirá a la Justicia -el pedido será a la Corte Suprema- en queja por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal. Además, Kicillof anunció que se planean otras acciones ante la quita de ese presupesto (más de 30 mil millones de pesos), entre ellas, una cumbre de todos los gobernadores para frenar los decretos de Milei.

«Agotamos las instancias administrativas y de reclamos. Saben que nuestro vínculo con la cuestión de judicializar reconoce todas las limitaciones y salvedades, pero quiero dejar en claro que hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”, anunció el mandatario provincial.

Y aseguró: «Los recursos que nos quitó Milei no están hoy en cuestión. Tienen que devolverlos. Tomaremos todas las medidas y llevaremos adelante todos los caminos que sean necesarios para que la provincia de Buenos Aires no sufra otra agresión más de este Gobierno».

Con la decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, así como con otras medidas que se tomaron en estos días, entre ellas no enviarle la coparticipación a Chubut, retirar el fondo de Compensación para el Transporte y eliminar el FONID para los sueldos docentes, «está en juego la unidad nacional y la Constitución Argentina», advirtió Kicillof. «Es por eso que el día de mañana tendremos reuniones con gobernadores de todos los espacios políticos para dar una respuesta conjunta, para dar una respuesta mancomunada y contundente», adelantó el mandatario, quien sostuvo que ni el decreto de este lunes ni el DNU N°70 de desregulación que publicó Milei en diciembre «pueden seguir en vigencia».

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires –donde dijeron presentes el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, así como intendentes, diputados y senadores– Kicillof dijo que «estamos ante un hecho de tal gravedad» que han recibido el «acompañamiento de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y de gobernadores de todo el país». Se trata de «una situación de una gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales, y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias», remarcó.

«El presidente firmó el decreto 192 de manera totalmente sorpresiva, arbitraria e intempestiva, eliminando el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires», un instrumento que «se viene ejecutando hace ya 3 años», puntualizó. «No solo el fondo estaba dentro del presupuesto que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno por decisión administrativa allá por enero le asignó fondos«, repasó.

«Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días. Y tal como pasó en otras ocasiones, en el caso del Fondo (de PBA) el ministro de Economía tuvo reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este Fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió a Caputo hace ya 2 semanas y tal como debía ser ante la falta de diálogo (…) una nota reclamando estos fondos», detalló sobre los intentos del Gobierno bonaerense de hacerse escuchar por la gestión de Javier Milei.

El instrumento que Milei ahora le quita a la provincia fue creado «para recuperar sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, para comprar equipamiento y patrulleros», pero también «está vinculado a programas que no solo fueron oportunos y útiles, sino que es necesario continuar, como los comedores escolares, las plazas carcelarias, los centros de salud y las nuevas escuelas«, sostuvo el mandatario.

Por eso, para Kicillof es claro que las decisiones que está tomando el gobierno de La Libertad Avanza «no son contra los gobernadores» sino contra todos los argentinos y argentinas. «El ajuste no fue ni contra la casta, ni contra un sector, ni contra la política. El ajuste fue contra el pueblo de la provincia y de todo el país», insistió.

Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Este lunes, a través del Decreto N°192/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, un instrumento creado en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández con el fin de achicar las inequidades entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Lo que le quitó a la Provincia es más de 30 mil millones de pesos.

La decisión de eliminar el Fondo para PBA, dice el decreto de la gestión ultraderechista, se fundamenta en que este «afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas».

El conflicto que dio origen a la creación de este Fondo comenzó en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4% al 3,75% (un porcentaje que luego bajó a 3,50%), utilizando como justificación la transferencia de la Policía Federal a CABA.

Durante los años que siguieron, se estima que la Ciudad fue beneficiada con un excedente total de 86 millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida. Cabe recordar, además, que durante el Gobierno de Macri la Ciudad prácticamente no tuvo que invertir un peso en seguridad: todo se lo financió Nación, además de las obras públicas y otras transferencias.

Para corregir esa inequidad, en septiembre de 2020 -durante la pandemia y en medio de masivas protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales-, el entonces presidente Alberto Fernández creó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de «contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas» de ese distrito.

Fernández estableció que ese Fondo se financiara justamente con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo desde 2016 para -supuestamente- cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal. Para concretar ese financiamiento, Fernández publicó el decreto 735/2020, que ordenó que el porcentaje de coparticipación que le correspondía a CABA se retrotrajera al 2,32% e informó que una vez que el Congreso aprobara la transferencia de ciertas competencias, el coeficiente volvería a 1,4%. Esta ley se aprobó en diciembre de ese año.

El caso fue elevado por el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la Corte Suprema, que falló a favor de la Ciudad a fines de diciembre de 2022. En esa sentencia, el máximo tribunal dispuso que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Estado Nacional le entregue a CABA el 2,95% de la masa coparticipable para solventar la policía porteña.

Sin embargo, Fernández recusó a los jueces, no acató el fallo -al considerarlo de «imposible cumplimiento»- y siguió transfiriendo 1,4%.

«Un avasallamiento al federalismo»

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses por Unión por la Patria (UxP), Teresa García, afirmó este lunes que el retiro de fondos por parte del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires es un «avasallamiento al federalismo».

En declaraciones a la AM 750, García señaló que «hay una decisión del Gobierno nacional de tener una cuestión extractiva de los fondos provinciales para quedárselos». 

En esa línea, recordó que «lo dijo claramente el presidente Javier Milei cuando anunció -como amenaza en el marco del debate por la ley Ómnibus- que iba a ahogar a las provincias». El problema, lamentó García, «es que no ahoga a la persona del gobernador sino que es el pueblo de la provincia el afectado».

«Hoy se ve afectada la mayoría de la Provincia, ya que recortaron los fondos especiales, el servicio alimentario escolar, el fondo de seguridad, amenazan con no pagar el subsidio de transporte en el AMBA», continuó García, quien aseguró que «lo que quieren es que desaparezcan las provincias».

«Hay una decisión de Milei de tensar al máximo con los gobernadores para doblegar la institucionalidad», concluyó la presidenta de bloque, al tiempo que recordó que «los recursos no son del Gobierno nacional, sino de las provincias, porque tenemos un país federal».

«Afecta a los bonaerenses»

La senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, también advirtió este lunes que la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal dispuesta por un Decreto de Necesidad y Urgencia «afecta a los bonaerenses» porque se «quitan recursos para las políticas públicas».

«Nos quitan recursos para las políticas públicas como seguridad, educación, salud y rutas que son para que el Estado fortalezca el mejoramiento de calidad de vida de los bonaerenses”, aseveró la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

Reconoció que “en este caso lo que hace el Presidente es derogar algo que está en el presupuesto nacional y lo hace porque se lo permite el DNU 70”, que el Gobierno nacional denominó “Bases para la reconstrucción de la economía Argentina”.

“Además de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, en el presupuesto nacional figuran las principales empresas del país que reciben fondos y subsidios, como Techint y Mercado Libre. Si el Presidente decidiera hacer un ajuste podría hacerlo en los beneficios impositivos que éstas reciben, no quitándole a los bonaerenses para que los médicos y docentes ganen menos”, planteó.

En ese marco, Di Tullio señaló que “la respuesta política tiene que ser contundente en el Congreso y eso es que se derogue el DNU 70”.

Comunicado del PJ


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Israel, Irán y la dinámica de lo imprevisible

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Daniel Kersffeld

Por Daniel Kersffeld

Después del ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre y de la posterior ofensiva bélica en el territorio de Gaza, la actual confrontación entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un hito decisivo en la historia de Medio Oriente, con preocupantes ramificaciones a nivel global.  

Aunque una gran parte de los países europeos y americanos respaldaron a Israel de la reciente agresión con drones y misiles por parte del régimen chiita, eso no oculta ni encubre el aislamiento cada vez mayor en el que se encuentra el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Si para las naciones tradicionalmente aliadas, Estados Unidos y Reino Unido, la avanzada israelí en contra de la población palestina resultaba difícil de admitir, la reciente muerte de siete trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen por misiles israelíes se convirtió en un llamado de atención directo respecto a los límites que el gobierno de Netanyahu estaba cruzando en medio del fragor de la guerra.

En las actuales circunstancias, el firme respaldo a Israel se convierte en un factor decisivo para los intereses de las principales potencias occidentales.

Pero son cada vez más evidentes las críticas, tanto internas como externas, contra un gobierno que por medio de su accionar bélico demuestra más capacidad para regular los tiempos y administrar su permanencia en el poder que efectividad en el rescate de los más de cien secuestrados que todavía están en manos de Hamas.

En Estados Unidos, demócratas y republicanos lamentan que este conflicto se presente en medio de una campaña electoral extremadamente compleja y, sobre todo, impredecible. Ambos partidos han tratado de capitalizar la crisis en Medio Oriente con suerte dispar pero temiendo una escalada de consecuencias desconocidas.

Joe Biden ha debido hacer malabares, no siempre de manera exitosa, para sostener su postura en contra de Netanyahu y del sesgo adquirido por la ofensiva militar en Gaza. Con una campaña cuesta arriba, intenta hacer equilibrio tratando de no provocar el alejamiento de buena parte de su electorado judío y progresista que, si bien todavía se mantiene leal al Partido Demócrata, suele reaccionar vivamente cuando las críticas apuntan a la política defensiva encarada por Israel.

Por otra parte, y si bien en un principio se podrían señalar las afinidades y coincidencias ideológicas entre Netanyahu y Donald Trump, lo cierto es que su relación está construida en base a resquemores y a la desconfianza mutua. Para el candidato republicano, Netanyahu es un factor de perturbación en Medio Oriente, a quien seguramente preferiría fuera del gobierno si es que vuelve a asumir la primera magistratura en Estados Unidos en enero del 2025.

Más allá del impacto político que la crisis podría provocar en los Estados Unidos, tampoco parecería beneficiar a Rusia. Si desde Washington pudieron mantener una tibia satisfacción al notar los esfuerzos que Moscú deberá llevar adelante para pacificar su tradicional área de influencia, la acción en solitario de Teherán podría en cambio descolocar toda labor posterior para encausar el conflicto en carriles más previsibles.

Es cierto que el conflicto con Ucrania ha sido útil para que Rusia e Irán reforzaran una añeja alianza militar, pero la inevitable respuesta israelí podría desequilibrar a Siria, una de las principales bases despliegue del gobierno de Vladimir Putin en Oriente Medio.

Con todo, desde Occidente esperan no sin cierta expectativa la labor diplomática que pueda ser encarada desde Moscú, ya que Rusia es tal vez el único país con un nivel de influencia apreciable capaz de entablar un diálogo convincente con el régimen chiita pero también con la administración israelí, dadas la histórica relación establecida entre Putin y Netanyahu a partir de determinadas miradas y diagnósticos coincidentes en torno a la política internacional y a la geopolítica regional.

La otra nación sobre la que existe cierto optimismo por las negociaciones que pueda llevar adelante es China, cuyo gobierno mantiene una influencia importante sobre Irán, especialmente, desde que el año pasado favoreció el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado persa y Arabia Saudita, los principales rivales en el espacio de religioso y político del islam.

En las últimas horas, varios gobiernos occidentales (incluso los de Estados Unidos y Reino Unido) se comunicaron con Beijing, aprovechando la dependencia del petróleo y el gas proveniente de Irán, y el hecho de que el régimen de los ayatolas ha devenido una pieza fundamental en la expansión económica y comercial de China hacia los mercados europeos.

Pese al aislamiento en que se encuentra y a las presiones de los gobiernos occidentales, Netanyahu todavía se mantiene en el poder gracias a su indudable capacidad para mantener unida a su coalición de gobierno.

Sostenido por 64 de los 120 escaños de la Knesset, el gobierno está construido a partir de una alianza centralizada en el Likud y que además incluye a partidos ultraortodoxos y las vertientes ultranacionalistas lideradas por el ministro de seguridad nacional Itamar Ben-Gvir y por el ministro de finanzas Bezalel Smotrich.

Lo fundamental hoy para Netanyahu es que la coalición se mantenga unida hasta que su mandato oficialmente concluya en 2026. Si la prioridad es la atención económica a los judíos ortodoxos, su principal base electoral, también es consciente de que cualquier concesión a los palestinos podría detonar el alejamiento de la extrema derecha y la pérdida de la mayoría parlamentaria que lo sustenta en el poder.

Más allá de la fortaleza exhibida hasta ahora, Netanyahu sabe que podría ser destituido sin elecciones, mediante un voto de censura en la Knesset. Pero para eso requeriría que al menos cinco legisladores dentro de su coalición votaran en su contra, y que junto al resto de los parlamentarios de la oposición se pusieran de acuerdo sobre un candidato para asumir el cargo de Primer Ministro.

Se trata de una eventualidad que, al menos hasta la actual crisis con Irán, era observada como una posibilidad remota en Israel. En todo caso, habrá que ver si el desencadenamiento de los hechos y la imprevisibilidad de un conflicto que mantiene en vilo a todo el mundo finalmente no acelera los tiempos en contra de la permanencia en el poder de Netanyahu.


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