La movilización masiva no fue una más y la administración libertaria acusó el revés. La postura confrontativa cede lugar a una más dialoguista y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se prepara para asumir un rol protagónico. El horizonte del reclamo, desde la perspectiva de los rectores. 

Por Pablo Esteban

Tras la megamarcha universitaria del 23 de abril, el presidente Javier Milei redobló ayer la apuesta con sus formas agresivas habituales: «¿Y quién no quiere ser auditado? Y, los ladrones no quieren ser auditados, si los números fueran transparentes podrían ser auditados. No quieren porque roban», espetó. Hoy y mañana serán días claves: hoy la ministra Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibirán al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y mañana al comité del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En paralelo en el Congreso se buscará debatir un proyecto legislativo para asegurar el financiamiento. Para hoy, mientras tanto, la comunidad científica llama a marchar frente al Congreso, a las 17, en contra de la Ley Bases, en una convocatoria lanzada por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt). 

En la entrevista radial que dio ayer (ver nota aparte) Milei se refirió a la histórica marcha como expresión de «un curro, algo turbio, un tufo de la política, de los enemigos del progreso y del bienestar». Y desglosó otro de los nuevos contraargumentos frente a la masividad de la marcha, a la que impugnan por la presencia de «políticos»: «Toman una causa noble y la prostituyen con un objetivo político. Se ve en las caras de la marcha. La foto es el tren fantasma«, acusó. Dio un par de pasos más: Aseguró que había gente «contratatada como actores para que den esos testimonios» (lo vio en las redes sociales, explicó). Y acusó, sin poder precisar dónde: «En algunas facultades odian nuestro pensamiento (libertario), nos censuran y bloquean la entrada, son bastante totalitarios». 

Lejos de reflexionar sobre la masividad y transversalidad de su composición, para el Presidente el millón de personas en la calle «demostró lo grande que soy». «Si tienen que juntarse todos esos para pelearse conmigo, ¡vaya si soy grande! Es un triunfo político maravilloso de La Libertad Avanza. En algunas encuestas, mi imagen subió. Los deja en evidencia, que son delincuentes. Ahí estaban los enemigos de la libertad», argumentó. 

El clamor oficial por auditar

“Los gritos, las injurias y la violencia de Milei… no pueden tapar la realidad”, respondió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consultado por Página/12 sobre los dichos del Presidente. Sus palabras resumen, de algún modo, las observaciones de los rectores consultados, que responden al remanido latiguillo de «auditar». 

“Queremos que el gobierno reconozca que nosotros estamos auditados desde siempre. No solo de forma interna, o bien como dicta la ley a través de la Auditoría General de la Nación, sino también por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) en lo que hace a nuestras actividades sustantivas», advierte Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín. «Como si fuera poco, hay un conjunto de universidades que desde hace tiempo hemos acordado con la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) convenios específicos para avanzar en programas de auditoría de manera coordinada. También tenemos portales de acceso a la información, informes de gestión periódicos que están visibles en nuestra página. La evaluación tiene que ver con la esencia de las universidades. Milei no puede decir que hacemos un manejo discrecional de los fondos”.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, detalla: “Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, tenemos un doble control: la auditoría interna y la externa realizada por la AGN. Tenemos publicados mediante sistema todas las contrataciones, compras y expedientes que realizamos. No se trata de una tradición política, las universidades son controladas por ley. Que el Ejecutivo refuerce esta idea es una manera de volver a decirle a la sociedad que las universidades despilfarramos el dinero”. «Siempre decimos que nosotros somos la solución y no el problema, pero el gobierno insiste en lo contrario. Nos ha elegido como enemigos y no quiere sacarnos de ese lugar”, concluye.

Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, cuenta lo que pasa en esta casa de estudios: “Además del control de la AGN, en la UNQ tenemos una auditoría interna que funciona de manera absolutamente transparente e independiente desde hace más de 20 años. Contamos con un Portal de transparencia en donde se pueden ver las declaraciones juradas de las máximas autoridades; cuántos estudiantes, docentes y no docentes tenemos; cuánto gastamos en obras y todos los datos que se quieran averiguar. Están las memorias de todo lo que se hizo en la Universidad desde 2004 a la fecha”, detalla. Además, según relata, todos los años hay una asamblea ordinaria de balance y cuentas de inversión, de la que pueden participar todos aquellos que lo deseen. “No tenemos problemas en ser auditados todas las veces que sea necesario”, remata el rector.

Obligados a negociar

Más allá de las bravuconadas presidenciales, la marcha obligó al Gobierno a sentarse a negociar. Por otra parte, hizo que Carlos Torrendell, el actual secretario de Educación, asumiera otro rol en el conflicto. Hasta el momento, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, era quien se encargaba de protagonizar la negociación con los rectores y como consecuencia de la movilización todo indica que su rol quedará en segundo plano. Así, una figura con una posición “más amable” reemplaza a una “más combativa”. 

“Como siempre, haremos todo lo posible para generar condiciones de diálogo, para conseguir acuerdos y soluciones. La expectativa de la próxima reunión tiene que ver con poder avanzar en ese sentido; pero sabemos que para dialogar se necesita que las dos partes quieran hacerlo”, sostiene Carlos Greco.

Alfredo Alfonso concentra su diagnóstico en un hecho clave que llegó con la marcha: no solo fueron las universidades las que se expresaron, fue toda la ciudadanía. “En muchas ciudades del país fue la primera vez que se juntó tanta gente por una causa. La pulseada estará en ver cómo a partir de la movilización el gobierno presenta una nueva propuesta que permita que las instituciones universitarias sigan su rumbo como corresponde”. Y continúa: “Aunque en su dialéctica aseguran que quieren defender a la universidad, en lo concreto menoscaban las acciones que desarrollamos los universitarios. Claramente necesitan un cambio de estrategia», recomienda.

Consultado sobre si sabía algo al respecto del cambio del interlocutor dispuesto, Greco dice: “No sabemos cuál va a ser la actitud. Al momento, todas las decisiones que el gobierno toma son unilaterales, hay un autoritarismo muy marcado. Nosotros proponemos previsibilidad, la posibilidad de contar con un plan a largo plazo para formar correctamente a nuestros estudiantes, para avanzar en programas de investigación, para nuestros desarrollos científicos. Por eso, entendemos que querer resolver esta situación mes a mes no es viable. Estamos funcionando con un cuarto del presupuesto que deberíamos tener, tenemos muchas restricciones y eso nos complica. Así vamos a terminar por defraudar a la sociedad que espera que nuestros graduados sean de los mejores a nivel nacional e internacional”.

Si bien Torrendell parece haber ganado protagonista como interlocutor luego de la marcha, su estreno en la TV (en un programa de Nación+) no fue el mejor de todos, desde la perspectiva de los rectores. Así lo manifestaron en un comunicado del CIN. “Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no solo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen. En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento”.

Cambio de fondo

Los gastos de funcionamiento para las universidades se incrementaron un 70 por ciento en marzo y lo harán un 70 por ciento más en mayo. Se trata de aumentos insuficientes si se tiene en cuenta una inflación interanual de 280 por ciento. Hay que tener en cuenta que dicho presupuesto –destinado a funciones básicas como luz, agua, gas y seguridad– apenas representa el 10 por ciento del total de fondos del que disponen las universidades, ya que el resto corresponde a salarios. Los incrementos de las paritarias para docentes y personal administrativo y de servicios fue de apenas un 18 por ciento en los primeros meses del año.

Si bien el gobierno se apuró a señalar que la situación con las universidades “ya estaba saldada”, desde las instituciones universitarias plantean que la realidad es otra. Gentile lo ejemplifica con números concretos para la Universidad del Comahue. “En enero tuvimos un déficit de 120 millones. Sin contar la inflación de febrero, marzo y abril, cuando aplican el 70 por ciento de incremento lo único que nos están dando son 80 millones más. Estamos poniendo dinero de un remanente que nos quedó del ejercicio anterior, así que los aumentos propuestos de ninguna manera nos alcanzan”. Después completa: “No sé cuánto tiempo más muchos docentes y no docentes aceptarán tener salarios por debajo de la línea de pobreza. Tampoco sé cómo se imaginan el futuro de aquí en adelante desde el gobierno”.

Se desprestigian las casas de estudio y la educación pública con el objetivo de desfinanciarlas. Luego de desfinanciarlas emergen alternativas disparatadas como “fusionarlas” para poder reducir su número y así los gastos. La estrategia no es nueva; de hecho, responde al enfoque mercantil que impregna el pulso de las administraciones neoliberales. Aquello que no da ganancias debe descartarse.

Más allá de los matices, en algo acuerdan rectores, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa: «esta lucha recién comienza». En las calles y en las aulas también.