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El entramado empresario, judicial y político que le regaló Lago Escondido al inglés Joe Lewis

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La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por: Alejandro Pairone

El ejército de abogados de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, logró esta semana que el Poder Judicial de Río Negro rechazara la apertura de un camino corto y accesible al Lago Escondido, y ordenara que el único ingreso posible será a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, cuya travesía insume entre tres y cuatro días.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de apenas tres votos y la abstención de dos conjuezas, puso fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura de un acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

El fallo lleva la firma de la jueza Cecilia Criado y los jueces Ricardo Apcarián y Sergio Barotto (ambos rechazaron apartarse pese a evidencias que cuestionaban su imparcialidad). Solo votaron tres porque sorpresivamente se abstuvieron las dos conjuezas María Ignazi y Sandra Filipuzzi, quienes fueron designadas para reemplazar a los magistrados Liliana Piccinini y Sergio Ceci, que aceptaron las recusaciones en su contra.

Formalmente, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de septiembre 2022, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino como lo había pedido a través de un amparo la exsenadora Magdalena Odarda, en 2005.

Desde el inicio de la causa, los sucesivos Gobiernos de Pablo Verani, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras acompañaron todas las apelaciones y recursos judiciales de la multinacional inglesa, e incluso llevaron a la provincia a presentarse sola cuando la corporación no objetaba alguna resolución. Todo para impedir el acceso público al lago.

El camino que la Corte rionegrina obliga a transitar en adelante como único acceso posible al Lago Escondido es un despropósito absoluto. Se trata de un recorrido de 33 kilómetros a través de la Cordillera de los Andes, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas y con tramos de bosque cerrado y sumamente frondoso.

Semejante trayecto solo puede ser afrontado por personas relativamente jóvenes, resistentes y bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y un magnífico estado físico que le permita sortear una travesía tan peligrosa a lo largo de por lo menos tres o cuatro días con sus noches.

A quienes logren surcar la Cordillera, al final del camino los aguarda una diminuta playa de piedras, cercada por riscos y con varios metros de juncos que se interponen con el agua. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión, ahora cobijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Lejos de estar clausurado, el reclamo por el acceso libre al Lago Escondido pasará a las instancias federales e internacionales. La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No dejaremos de denunciar la responsabilidad penal y política de los involucrados”, anticipó Odarda, quien definió al fallo como “anti-derechos”.

Prometió además que buscará iniciar el juicio político contra los jueces y juezas del STJ, además del procurador general de la provincia, “por el delito de traición a la Patria, al ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia e integridad”.

Desde que se instaló en la Cordillera rionegrina en 1996, la corporación británica Hidden lake ignora cotidianamente la Ley argentina. Viola la Ley de Seguridad de Fronteras, que impide a empresas o ciudadanos extranjeros poseer tierras en zonas limítrofes, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro dictaminaron en conjunto que la compañía había adquirido de manera fraudulenta las 20 mil hectáreas que rodean al lago.

La Inspección General de Justicia reveló que la corporación Hidden Lake es una empresa fantasma, una cáscara vacía para ocultar negociados personales de su propietario, y pidió a la Justicia su disolución y la expropiación de todos sus bienes. Hidden Lake es una firma subsidiaria de la multinacional Tavistok, propiedad de Joe Lewis, quien reside ahora en Nueva York pero bajo libertad condicional porque semanas atrás debió pagar una fianza de 300 millones de dólares para evitar el encarcelamiento por 18 cargos de fraude financiero en su contra, mientras que en Londres el ministerio público le abrió procesos de investigación por operaciones irregulares con criptomonedas y presunta evasión impositiva y lavado de dinero en los pases de jugadores del club de fútbol Tottenham Hotspur, del que es mayor accionista.


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Pasar el verano: el panorama de los precios

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Los anuncios de eliminación de controles de precios ya aceleraron la dinámica inflacionaria, que se mueve por expectativas.

Por Mara Pedrazzoli

La liberación de precios que plantea el próximo gobierno de Javier Milei «va a ser en contra del consumidor”, aseguran las asociaciones de defensa de los usuarios. La lista es extensa, desde el tipo de cambio, cuyo aumento impactará sobre todos los demás precios, hasta los acuerdos en la canasta de consumo masivo, medicamentos, medicina prepaga, servicios domiciliarios y boletos de transporte. Todos esos gastos, que están en la primera línea del consumo de los hogares, serán cada vez más caros. De hecho, el presidente electo vaticinó una inflación en aumento en los próximos meses. Página/12 consultó la visión al respecto de las entidades de defensa del consumidor.

Como pequeña muestra de lo que podría venir, la primera semana luego del balotaje presidencial las grandes cadenas de supermercados recibieron aumentos de hasta un 50 por ciento en las listas de proveedores, mientras que en la segunda semana las subas superaron el 100 por ciento. Las grandes proveedoras alimenticias suspendieron la entrega de mercadería porque los acuerdos de precios serán discontinuados y hay faltantes en las góndolas. En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 11,9 por ciento y llega al 160,6 por ciento interanual.

«En las últimas semanas se está viendo cómo en algunos hipermercados de zonas medias la gente estaba haciendo compras exorbitantes, e inclusive en mayoristas, para acaparar porque saben que los precios se van a ir a las nubes, esto es demostrativo de lo que va a pasar después del 10, la liberación va a ser en contra del consumidor», aseguró el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.

«En estas últimas dos semanas, lo normal ha sido una remarcación furiosa, se puede ver el ámbito especulativo porque hay dispersión de precios«, agregó. Además señaló que «han empezado a faltar en las góndolas algunos productos, notamos en los barrios la falta de algunos productos muy específicos, y en las góndolas de los hipermercados algunas grandes marcas que tienen acuerdos con el gobierno también han desaparecido: hay retención de los productos para después del 10 de diciembre».

Falta de competencia

“Tenemos un sistema de precios libres, con algunos precios acordados, otros regulados y tenemos los servicios públicos. Los precios libres están en alza. Los precios acordados (o Precios Justos) van a desaparecer porque no habrá más controles sobre esos precios, que hoy están casi 40 por ciento más baratos que en comercios sin regular. Cada empresario pondrá el precio que le conviene, eso en teoría lleva a la baja de los precios por la competencia, pero en la práctica conduce a un alza, donde el que no puede comprar, no compra”, aseguró Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, en diálogo con este diario.

“En cuanto a los precios regulados, el aumento en las prepagas va en contra del marco regulatorio vigente, que deberá modificarse. Cada prepaga pondrá entonces el precio que quiera y de la competencia surgirá un valor, el cual irá en alza porque existen seis grandes jugadores que actúan en común de forma cartelizada, y un mercado de usuarios cautivos. Además, a ningún usuario del sistema de salud le gusta cambiar de compañía prepaga cada dos meses en función de los precios”, sostuvo Boada. También desde Adduc observaron que «están anunciando que van a liberar las cuotas», lo cual «está en contra de dos normativas: una es ley de medicina prepaga y la segunda es la Constitución Nacional.

Por su parte, Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) señaló respecto de los precios regulados que “el anuncio de quita de subsidios económicos para reducir el déficit fiscal implicará aumentos en las tarifas de servicios domiciliarios (luz, gas y agua). A esto se suma la eliminación del beneficio de los medicamentos gratuitos para jubilados del PAMI y aumentos en los boletos de colectivo y de tren. Todo esto tendrá un efecto notable sobre los precios».

“Los alimentos, medicamentos y artículos de limpieza venían subiendo en noviembre y siguen aumentando en diciembre porque el gobierno evidentemente ya no tiene ningún control sobre ellos”, indicó Bussetti. “Tuvimos una carrera de precios hasta 2020, con acuerdos de precios que funcionaban y una inflación cerrando en un 36 por ciento anual, y otra dinámica hasta el presente, donde los acuerdos funcionaron más deficientemente y la inflación cerrará en torno al 160 por ciento”, agregó.

En el último relevamiento de Precios Justos que hizo Deuco en La Matanza, se encontró un cumplimiento de apenas el 25 por ciento: “de 38 marcas de aceite, 53 de harina y 18 de yerba que tiene el programa, no había ninguna”. “El cierre de la Secretaría de Comercio en su área de control de precios está indicando que a partir del 10 de diciembre los sectores altamente concentrados, en monopolios y oligopolios que manejan la economía, impulsarán una fuerte suba de precios”, indica la entidad.


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