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El decreto para convertir planes sociales en empleo podría ser anunciado en el acto de la CGT

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Dará marco normativo a las actas de acuerdo que ya se vienen firmando con distintos sectores (gastronómicos, construcción y rurales), y ahora se extenderán a toda la economía, con especial acento en las pymes.

El presidente Alberto Fernández prevé anunciar el próximo lunes los detalles del decreto para impulsar la conversión de planes sociales en empleo registrado, en paralelo al acto que realizará la CGT para celebrar el 17 de octubre.

Así lo indicaron a la agencia NA fuentes de la Casa Rosada, las cuales señalaron que los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, trabajan en la letra chica de la iniciativa.

Todo se aceleró este viernes luego de que el jefe de Estado hizo el anuncio formal en el marco de su discurso de cierre del Coloquio de IDEA.

El decreto dará un marco normativo a las actas de acuerdo que ya se vienen firmando con distintos sectores (gastronómicos, construcción y rurales), que ahora se extenderán a toda la economía, con especial acento en las pymes, indicaron las fuentes consultadas.

La CGT realizará un acto el lunes con motivo del Día de la Lealtad Peronista, cuyo eje será la consigna «Desarrollo, producción y trabajo».

El acto se realizará frente al Monumento al Trabajo, en avenida Paseo Colón al 800.

En IDEA, Fernández dijo que se prepara un decreto por el cual quienes perciben planes sociales podrán acceder a un empleo privado «sin perder ese derecho».

«Cambiar planes por empleo debe ser nuestro primer objetivo», ratificó el jefe de Estado.

Falta de empleo

Y sostuvo que «la asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo», en línea con lo manifestado por el papa Francisco.

Fernández dijo que cuando concluyó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 «había menos de 200 mil planes sociales mientras que cuando él asumió en 2019, se habían multiplicado y ya había unos 800 mil.

Sostuvo que «la asistencia del Estado a los sectores más postergados es sólo un paliativo para sobrellevar la pobreza».

Y advirtió que «no existe otro remedio que la inversión privada, que asocia el capital al trabajo, para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad».

Fernández destacó los nuevos acuerdos que impulsó el Gobierno nacional con empresarios y sindicatos de la construcción, del sector rural, gastronómicos y hoteleros, suscriptos en las últimas semanas, con el objetivo de que «los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho».

Uno de los temas que se debe definir en el decreto es el período por el cual se mantendrían los planes sociales para los nuevos empleados en blanco, que rondaría los seis meses, pero aún es objeto de discusión.

También cómo se aplicaría el sistema en función de los distintos sectores, ya que, como ejemplo, no es lo mismo un empleado de un restaurante que uno de una compañía de informática.

Además, el empleador deberá estar al día con el pago de aportes, según se prevé en el borrador del decreto.

Fernández sostuvo que «una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos».


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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