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El caso Belén desnuda un sistema judicial viciado en Santa Cruz

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No es noticia nueva la impunidad en Santa Cruz. El mismo gobernador de la provincia, Claudio Vidal, viene haciendo referencia, cada vez que tiene un micrófono, a su enojo con el sistema judicial de Santa Cruz donde durante 36 años no hubo una sola condena por corrupción y en las que todas las denuncias que se han realizado desde el gobierno de Vidal no han tenido avances.


La impunidad parece ser norma en Santa Cruz, y no solo con la corrupción. Se extiende a todos los órdenes, impactando en casos como el de Belén Arce, una joven madre de Río Turbio, quien según su entorno, fue víctima de un sistema judicial que la desamparó, la acorraló y la llevó a quitarse la vida.


No es el único caso. Hay muchos. Facundo Díaz, un joven de El Calafate, se suicidó tras ser detenido y privado de su libertad durante meses por una denuncia de abuso que resultó ser falsa. A pesar de la falta de pruebas y de que la denuncia fue desmentida, el sistema judicial avanzó contra él, dejándolo en una situación de desesperación que terminó con su vida.


Hoy, Río Turbio está conmocionado; se realizan marchas de dolor y pedidos de justicia. María Arce, madre de Belén, fue clara y calificó como «cómplice del victimario» a la Justicia. Su padre, Jorge Arce, enfatizó que las decisiones judiciales dejaron a su hija en un estado de desesperación que la llevó a tomar la trágica decisión.


«Belén no se quitó la vida por debilidad, sino porque la empujaron. Mi hija era fuerte, luchadora, y no voy a descansar hasta que estas juezas y este sistema sean investigados», afirmó Arce. Además, pidió justicia «por Belén y por todos los que padecen, sin distinción de género». También se dirigió al Tribunal Superior de Justicia con un fuerte reclamo: “Que el Tribunal Superior de Justicia tome una decisión de una vez por todas. Con esta justicia de mierda, puede pasar cualquier cosa”


Lo que sucede en Río Turbio no es un hecho aislado. También hay casos en Río Gallegos, San Julián, Piedra Buena, Las Heras y Caleta Olivia, donde el Juzgado de Familia, a cargo de la jueza Rosa González, acumula críticas por la lentitud y falta de respuestas. La situación ha llegado a tal punto, que abogados locales evitan litigar en asuntos de familia, convencidos de que “nada se resuelve”.


Quién es quién en la justicia de Santa Cruz:

René Fernández: Se desempeñó como asesora de la Secretaría Legal y Técnica durante el gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz.


Fernando Basanta: Exfuncionario de Alicia Kirchner y referente de La Cámpora. Fue designado como miembro del Tribunal Superior de Justicia sin cumplir los requisitos legales.


María de los Ángeles Mercau: Vocal en el Tribunal Superior de Justicia.


Marcelo Bersanelli: Ex concuñado de Máximo Kirchner.


Natalia Mercado: Hija de Alicia Kirchner, es fiscal en El Calafate. Su hermana, Romina Mercado, también cumple funciones en la Fiscalía de Estado Provincial.


María Candela García: Ex cuñada de Máximo Kirchner, actual secretaria de Cámara en Ejecución.


Daniel Mariani: Vocal del Tribunal Superior de Justicia, vinculado como operador judicial de los Kirchner durante años.


Romina Saúl: Hermana de Karina Saúl (vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría) y cuñada del exvicegobernador Pablo González.


Lisandro de la Torre: Exministro de Seguridad durante el gobierno de Alicia Kirchner, actual jefe de fiscales de la provincia.


Paula Ludueña: Fue abogada defensora de Daniel Varizat. Su esposo trabajó como secretario privado de Alicia Kirchner.


Iván Saldivia: Exsecretario Legal y Técnico durante los gobiernos de Alicia Kirchner. Actualmente, es fiscal ante la Cámara Criminal.


Alexis Quintana: Exfuncionario municipal de Fernando Cotillo y exdiputado provincial del FPV. Actualmente, fiscal titular de la Fiscalía N°2 de Caleta Olivia.


Romina Mercado: Hija de Alicia Kirchner, procuradora letrada en la Fiscalía de Estado.


PROVINCIALES

Álvarez calificó al acuerdo de Santa Cruz con YPF como el mejor entre todas las provincias productoras de petróleo

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El jefe de gabinete de ministros, Daniel Álvarez habló hoy sobre la emotiva conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, acontecimiento del cual participó en la ciudad de Caleta Olivia.   Asimismo, analizó el histórico acuerdo que firmó el Gobierno de Santa Cruz con la operadora Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

En primer término, Álvarez describió la ceremonia realizada en Caleta Olivia como un acto «muy movilizador», destacando la presencia de vecinos, veteranos, diversas instituciones, incluyendo a la representación de la República de Chile. «Creo que fue muy movilizador el acto en Caleta Olivia con la presencia de nuestros veteranos de guerra, con representantes de todas las fuerzas de seguridad y de defensa, asociaciones culturales, representantes de colectividades de distintas provincias presentes en la ciudad de Caleta Olivia y también de la hermana República de Chile. Fue un acto muy pero muy emotivo», explicó Álvarez.

Además, comentó que la vigilia previa incluyó la inauguración de un monumento al soldado, que incorpora tierra de las Islas Malvinas, simbolizando el sacrificio de los combatientes. «El día previo a últimas horas del día primero se hizo la vigilia en el cine local donde, posteriormente, ya a las 00:00 horas se procedió la inauguración de un monumento al soldado que ahora está a la vista de todos», añadió.

Acuerdo con YPF: un hito para Santa Cruz

El jefe de gabinete subrayó la importancia del acuerdo alcanzado con YPF, calificándolo como el «mejor acuerdo que hizo la empresa entre todas las provincias productoras».

El acuerdo incluye la cesión de 11 áreas de concesión a la provincia, que serán licitadas a nuevas empresas, otro aspecto crucial es el compromiso de YPF de remediar el pasivo ambiental generado por sus operaciones en la región. «La empresa se compromete a que, en un plazo no mayor a los 5 años, tiene que hacerse cargo de remediar, con un plan de trabajo, el pasivo ambiental», afirmó. Para ello, se realizará un estudio detallado que determinará la inversión exacta necesaria para llevar a cabo la remediación. «En 180 días YPF va a saber dónde tiene que intervenir y cuánto dinero tiene que gastar. A partir de eso van a conocer las cifras exactas», expuso el jefe de gabinete.

Las cifras y su destino

En principio, el documento o memorándum de garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de la industria y establece una inversión de 335 millones de dólares para la provincia. «El principal beneficio o tranquilidad que queda para los trabajadores de la industria es que todos los trabajadores que hoy están prestando servicio en empresas contratistas a YPF y también para los empleados del yacimiento relacionados en forma directa, van a ser absorbidos por las nuevas empresas concesionarias que vengan a radicarse y a trabajar en la zona», afirmó.

Del monto mencionado, 200 millones se destinarán a obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los santacruceños, y 135 millones se utilizarán para saldar deudas históricas de la provincia, incluyendo obligaciones de la Caja de Previsión Social. “Se considerará un tiempo perentorio para dejar establecido, en escritos, cómo se va a hacer en forma pragmática y práctica esta transferencia de dinero la provincia, pero en principio y, lo más importante que tiene que llegar a la comunidad, es que este dinero ya tiene destinos garantizados y específicos”, detalló.

Álvarez enfatizó que los fondos se utilizarán de manera transparente y eficiente, priorizando proyectos de infraestructura básica como redes de gas, agua y electricidad, especialmente en las zonas más vulnerables de la provincia. «Va a estar afectado pura y exclusivamente a un plan de desarrollo de infraestructura para la provincia. Van a ser bienes y dinero a la vista, a disposición de forma transparente para que todos los santacruceños sepan -esta vez- qué es lo que se va a hacer con semejante cantidad de dinero que ingresa a la provincia de Santa Cruz», aseguró.

Compromiso con la transparencia

El ministro hizo hincapié en el compromiso del gobierno con la transparencia, contrastando la gestión actual con administraciones pasadas que, según sus palabras, «aprovecharon esa situación de privilegio para beneficio personal». «Tuvimos que soportar durante mucho tiempo la vergüenza de que nos señale con el dedo. Ese tiempo se terminó. Ahora llegó un tiempo de trabajar, de arremangarse, de ensuciarse las manos trabajando, pero contentos, con la misma alegría que tiene el vecino que trabaja durante todo el día y llega a dormir cansado y contento de haberse ganado el pan con el sudor de la frente, como hay que hacer. Llegó un tiempo de transparencia y de trabajo que es lo que está haciendo nuestro gobernador», concluyó Álvarez.


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