NACIONALES
El bloque de Pichetto se retiro de la negociación por el escándalo del dictamen
«Hay que despegarse de esta gente», afirman alarmados en la bancada de Pichetto y Monzó.
Miguel Ángel Pichetto se hartó después que trascendiera que participó de la reunión convocada por el gobierno en el departamento de Recoleta del secretario parlamentario de La Libertad Avanza, el ex sushi Christian Caram, para reescribir el dictamen votado, junto a Federico Sturzenegger. El encuentro, revelado, fue una jugada tan ilegal como torpe y la paciencia del rionegrino se colmó.
«Hay que despegarse de esta gente, están haciendo cualquier cosa, son peligrosos y nos arrastran en su desorden total», afirmó uno de los líderes del heterogéneo bloque que lidera el rionegrino. El diagnóstico fue compartido.
A través de Twitter, el líder de la bancada Hacemos Coalición Federal (HCF) negó que hubiera asistido al encuentro junto a un grupo de legisladores de los bloques aliados y que se hubiera topado con el ideólogo de la ley ómnibus, Federico Sturzenegger. Fue su manera de intentar hacer un control de daños, ante eventuales denuncias penales que lo involucren.
Frente a la posibilidad de que arreciaran denuncias contra los legisladores que contribuyeron el miércoles con el oficialismo para elaborar un dictamen blue, luego de que 34 diputados firmaran la noche anterior un dictamen en blanco, expresó: «Las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados». «No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno», tuiteó.
«La situación es muy delicada, si el dictamen que se pone a consideración en la sesión del próximo martes tiene una sola coma distinta al que se votó, nos van a llenar de denuncias penales», se sinceró uno de los líderes de los bloques aliados.
Con el portazo de Pichetto, los libertarios se quedarían sin el apoyo de 23 diputados, y algunas cuentas estiran la cifra hasta 32. Entre ellos se cuentan cinco cordobeses, dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer y los seis miembros de la Coalición Cívica. Los seguidores de Elisa Carrió, a quien se atribuyó la voluntad de iniciar una denuncia penal por lo sucedido, se amparan por estas horas en tener una hoja de ruta autónoma, por contar con dictamen propio. También Stolbizer y los socialistas presentaron un despacho por separado.
La preocupación de los legisladores que asistieron al departamento de Recoleta es comprensible. De hecho, el diputado Oscar Agost Carreño, miembro del bloque de Pichetto, admitió que la reunión se produjo y que se fue al ver que Sturzenegger estaba presente. Fue su jefe político, Nicolás Massot, quien apenas se enteró del cariz del encuentro le dijo: «Rajá de ahí».
Hay que despegarse de esta gente, están haciendo cualquier cosa, son peligrosos y nos arrastran en su desorden total.
Por eso tiene sentido, incluso, que la Coalición Cívica se refugie en el dictamen que firmó por separado del que rubricaron, con disidencias, cuatro pichettistas. «Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta», aclaró a LPO una diputada de ese espacio.
Lo curioso es que, después de 48 horas que plagaron de pudor a las bancadas que participaron de la reunión secreta para pulir el dictamen en el departamento de Caram, un sector de la UCR mantenía canales abiertos en la conversación para seguir negociando, no se sabe qué. Ante la pregunta de este medio sobre qué se negociaba y sobre qué dictamen, una diputada del bloque conducido por Rodrigo De Loredo respondió que los dictámenes habían sido presentados el martes, y agregó: «lo que se está trabajando es sobre las disidencias que presentamos, cada una de ellas se las llevó el PEN para evaluar si se aceptan y traer las modificaciones que se introducirán en el recinto el martes».
Así, el camino del tratamiento en recinto está regado de incertidumbre. A la indignación que manifestaron legisladores como Luis Picat y Carlos Gutiérrez, se sumó la filtración de lo que habría dicho el presidente Javier Milei en la reunión de Gabinete contra los gobernadores cuyos legisladores no acompañen su iniciativa parlamentaria: «Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos».
Ese tipo de ataques contra los mismos actores a los que el Jefe de Estado necesita para convertir su proyecto en ley se repite contra los mandatarios provinciales y los diputados opositores cada semana. El problema es que ahora corre riesgos de que la ley ómnibus se vote como una cáscara vacía, sin los artículos que contienen las reformas fiscales medulares, o que directamente naufrague.
Es posible que el Gobierno no quiera ir a una sesión donde puede recibir una derrota parlamentaria más estruendosa de la que ya tuvo en las comisiones, pero que pudo ir maquillando.
El director del Instituto Consenso Federal y ex diputado, Alejandro «Topo» Rodríguez, vaticinó en este contexto que tal vez Milei no quiera ir a una sesión «para recibir una derrota parlamentaria más estruendosa de la que ya tuvo en las Comisiones, pero que pudo ir maquillando».
Como sea, el fantasma de un traspié comienza a cobrar volumen en la Cámara Baja. Tan es así que el macrismo sacó un comunicado de prensa para aclarar su postura a favor de la ley, pero que para muchos es una cuidada toma de distancia del gobierno. «Vamos a acompañar de manera responsable esta votación para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas», dice la frase final del texto. Entre el PRO y la bancada de Oscar Zago solo juntan 78 votos y se precisan 129 para el quórum.
Un diputado macrista le dijo LPO que se manifestaron así para diferenciarse de los aliados que acompañan con disidencias y tal vez terminen dejando al Presidente sin ley.
La misma desesperación debe haberse contagiado al oficialismo. Hasta donde supo este medio, Martín Menem invitaba esta tarde a la reunión en su despacho con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, a los legisladores radicales que no habían firmado ningún dictamen, acaso para saber si plantearán o no modificaciones en recinto y sondear cómo votarían.
NACIONALES
Ida y vuelta de los aumentos en mayo
El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.
Por Mara Pedrazzoli
Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.
Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.
Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.
En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.
En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.
El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios.
El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.
En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.
En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.
Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.
También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.
