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Diputados: se oficializó la convocatoria a la doble sesión de la semana que viene

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El martes se votará una serie de proyectos como el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe y el monotributo tecnológico. El miércoles a las 10:30 será el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La Cámara de Diputados oficializó hoy la convocatoria a la sesión especial del próximo martes para tratar una serie de proyectos acordados, y para la sesión informativa del miércoles para recibir al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para que informe sobre la marcha de la gestión.

La particularidad de la sesión del martes, programada para las 11, es que la convocatoria fue pedido no sólo por el Frente de Todos sino también por la oposición, lo cual marca un giro en la estrategia de Juntos por el Cambio que duramente el verano apostó a bloquear las sesiones impulsadas por el oficialismo.

En diciembre pasado, el interbloque opositor tomó la determinación de no dar quórum a ninguna sesión en la medida en que el Frente de Todos mantuviera el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Y sostuvo esa postura inflexible hasta el último día de las sesiones extraordinarias, cuando el oficialismo consiguió un ajustadísimo quórum con la colaboración de otros bloques opositores para dar lugar a la única sesión de todo el verano.

Pero resignado a que el Frente de Todos no aflojará en su iniciativa para someter a escrutinio público el presunto mal desempeño de los magistrados y sus redes de connivencia con sectores empresariales y políticos, Juntos por el Cambio decidió modificar su postura para permitir que la Cámara baja pueda al menos sesionar en torno a temarios de consenso.

Así será el martes que viene cuando se tratará en primer lugar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que consiguió el dictamen que le faltaba este miércoles al mediodía en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El siguiente proyecto que figura en el temario es el Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como Monotributo Tecnológico o «MonoTech».

La iniciativa permitiría que personas que exportan servicios puedan facturar y cobrar en moneda extranjera sin necesidad de liquidar esos ingresos en el Mercado Único de Cambios, con un tope de 30.000 dólares anuales.

El tercero de los proyectos previstos es la reforma de la Ley 22.990 de Sangre Humana, y por último la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El pedido de sesión fue pedido por el presidente del bloque FdT, Germán Martínez, y sus pares Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Juan Manuel López (CC-ARI), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense); Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal); Paula Omodeo, Carlos Zapata, Federico Angelini, Mario Barletta, Laura Castets y Gabriel Chumpitaz.

El miércoles a las 10:30 la Cámara baja recibirá a Rossi, quien volverá a un lugar muy conocido por él porque fue durante muchos años diputado nacional y jefe de bloque del Frente para la Victoria.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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