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Diputados retoma el debate sobre la moratoria previsional

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El plenario se desarrollará en el anexo C de la Cámara baja a partir de las 13:30. La moratoria anterior venció el mes pasado, pero fue prorrogada por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados retomará el miércoles el debate sobre la moratoria previsional para garantizar la jubilación a las personas que no cuentan con los aportes suficientes a través de un plan de regularización de sus deudas con ANSeS.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, comenzó a tratarse el mes pasado con la presencia de funcionarios de ANSeS, antes del receso invernal, durante una reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social, pero ahora se sumará la de Presupuesto y Hacienda.

El plenario se desarrollará en el anexo C de la Cámara baja a partir de las 13:30. La moratoria anterior venció el mes pasado, por lo que el presidente Alberto Fernández se vio obligado a prorrogarla por decreto, a la espera de que el Congreso la convierta en ley.

El 30 de junio pasado, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Los votos «no positivos» vinieron de la mano de Juntos por el Cambio, por los reparos en torno al impacto fiscal que supondría la implementación de la nueva moratoria.

La aprobación se dio dos días antes de la intempestiva renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, quien no había sido consultado por los autores del proyecto, en el marco del vaciamiento progresivo de su autoridad por parte del kirchnerismo.

Ahora la iniciativa sí cuenta con el visto bueno del expresidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, y de hecho su sucesora en el cargo, Cecilia Moreau, informó a la prensa acreditada que la sanción de la moratoria es parte de la agenda oficialista para el corto plazo.

El proyecto de ley, que tiene como autores a los kirchneristas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, contempla un plan de facilidades de pago de deudas previsionales de hasta 120 cuotas al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos.

También está dirigido a las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años), que ya saben que no van a llegar con los años de aportes cuando tengan la edad jubilatoria. El programa les permite anticiparse y empezar a pagar por anticipado por los períodos faltantes

A su vez, el beneficio de la moratoria también alcanza a viudas o viudos, hijos o hijas menores de edad o con discapacidades, que podrán requerir el plan de regularización de aportes para acceder a la pensión.

Los beneficiarios de la moratoria podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Las cuotas mensuales serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. El pago mensual será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad

El proyecto beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse, pero no tienen los años de aportes. Actualmente, hay cerca de 500.000 personas en esa situación y se calcula que el año que viene se sumarán otras 300.000 en esas condiciones.

También se estima que hay otras 800.000 personas en condiciones de adelantar el pago de sus deudas previsionales para acceder a la jubilación. Según detalló el Director General de Planeamiento de la Anses, Ignacio Amigorena, en la primera reunión informativa de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el costo fiscal de la moratoria para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.


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A qué juega Massa: Movidas audaces pero sin patear el tablero

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La reacción del FMI, las corporaciones y la población más vulnerable al conjunto de las medidas económicas tomadas en las últimas semanas por Sergio Massa. El impacto de la eliminación de Ganancias para los trabajadores y la devolución del IVA.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Si el resultado de las elecciones pasara principalmente por la economía, ¿quién va a definir estas elecciones? ¿El estado de ánimo de la población o las propuestas de los candidatos? ¿Importan o se perciben las diferencias entre las propuestas económicas? ¿O predomina el voto «enojo y castigo» por sobre la evaluación de esas diferencias?. Además, ¿cómo juega el factor externo, el poder económico global, en la pelea? ¿Qué incidencia tiene el FMI, o el gobierno de Estados Unidos, en el voto? Dicho de otro modo: ¿por quién vota el FMI?

Sin que la pretensión de este cronista sea la de responder a todos esos interrogantes –diría nuestro «por siempre» inolvidable Mario Wainfeld–, se podría asegurar que diversas acciones de diferentes actores en los últimos días, conllevan la intención de responder a varias de esas preguntas a la vez. Tomemos tres momentos de esa secuencia. La conferencia de prensa de la portavoz del FMI del jueves. La reunión virtual del Consejo del Salario del miércoles. El resumen que hace Sergio Massa del conjunto de medidas adoptadas con posterioridad a la devaluación del 14 de agosto, en cualquiera de sus últimas presentaciones. 

Las expresiones de Julie Kozack, vocera del FMI, del jueves con respecto a la situación argentina valen tanto por lo que dijo como por lo que sugirió sin decir. Veamos. «La situación económica actual sigue siendo muy desafiante y compleja. La inflación es muy alta y está subiendo. Los activos de las reservas internacionales son bajos. Las condiciones sociales son frágiles». Esta síntesis del cuadro, arrojado sobre la mesa no como un informe que llevó por escrito, sino en respuesta a preguntas de los periodistas, no tienen evidentemente la intención de llevar calma y sugerir que los problemas se están resolviendo, sino que está poniendo de manifiesto crudamente la gravedad de la situación. 

Vayamos a cómo siguió su relato, cuando le preguntaron específicamente por las últimas medidas tomadas por el gobierno argentino, todas con clara orientación de provocar transferencias de ingresos a favor de los sectores medios y bajos, a costa en su mayoría de las arcas fiscales. 

«Las medidas políticas y los anuncios adoptados recientemente se suman a los desafíos de Argentina. El paquete de medidas que se tomaron, acordado con el Fondo en el contexto de las recientes revisiones, tenía la intención de salvaguardar la estabilidad y reconstruir las reservas. Estamos trabajando en entender mejor el impacto y la necesidad de medidas de compensación».

Lo dicho por la portavoz del Fondo sugiere que el organismo no desconocía las medidas que iba a tomar Massa tras recibir, el 23 de agosto, el desembolso de 7500 millones de dólares. Esas medidas, que empezó a anunciar el domingo 27, buscaban compensar los efectos de la devaluación del 14 de agosto, un día después de las PASO. 

Al FMI no le gustan esas medidas de transferencias que aumentan los gastos del gobierno. Pero a Massa tampoco le gustó que le impusieran la devaluación ni le reconoce méritos al salto cambiario. «Si algo mejoramos en la balanza en las últimas semanas, fue por la extensión del impuesto PAIS a la importación de ciertos bienes y servicios, que frenó parte de los pagos al exterior por operaciones especulativas. La devaluación no nos dejó nada en divisas, y en cambio nos provocó un shock inflacionario y deterioro de los ingresos de la población«, señala el ministro candidato en reuniones con allegados. 

Hasta aquí, este es el choque más evidente entre el FMI y el gobierno desde que se aprobó el acuerdo de facilidades extendidas, en marzo de 2022. Pero no significa un alejamiento o ruptura, necesariamente. Si no, detengámonos en lo que dijo Kozack al ser consultada sobre una eventual sustitución del peso por el dólar en la economía argentina:

«Determinar la tasa de cambio es prerrogativa de cada país soberano. Lo que al organismo (FMI) le preocupa de una dolarización es que se pueda asegurar que las políticas macroeconómicas son consistentes con una transición ordenada. Una dolarización total requiere de importantes pasos preparatorios, y tampoco es un sustituto de las buenas políticas macroeconómicas». 

De lo que se deduce que la funcionaria, una estrecha allegada a Kristalina Georgieva, le «bajó el precio» a la dolarización: no considera que sea el remedio mágico para alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal –que es la verdad revelada en la religión de Javier Milei– ni parece avalar que estén dadas las condiciones para semejante ensayo. 

Si bien Massa tiene razones para interpretar que el FMI le dio la espalda cuando más apoyo necesitaba en divisas, hay que comprender que este organismo dejó aun más huérfano el experimento de la dolarización que Milei vende como poción mágica. 

En el plano interno, varios de los participantes de la reunión del consejo del salario del miércoles, que definió un aumento del mínimo del 32 por ciento para el último trimestre del año, coincidieron en destacar la actitud de «prudencia» de la representación empresaria, en la que siempre se destaca el rol de la UIA. La reunión fue corta, expeditiva. Hubo un rápido acuerdo para definir un aumento «moderado» frente a una inflación mensual que todavía sigue arriba del 10 por ciento, sin expresiones discordantes de la UIA. «Se cuidaron mucho de no quedar como los que patean el tablero en una situación de emergencia; hay mucha sensibilidad por el clima electoral», confió una muy alta fuente. ¿Prudencia o realineamiento? 

En cuanto a la propia mirada del gobierno sobre las medidas, hay una conclusión que es unánime: la derogación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría (trabajadores en relación de dependencia) y la devolución del IVA sobre compra de productos de la canasta familiar han sido las más impactantes. «Cambiaron el ánimo en el ambiente laboral», sostienen dirigentes sindicales de los que recorren fábricas permanentemente. 

Hay un error de perspectiva en quienes sostienen que eliminar Ganancias «apenas» favorece a un puñado de asalariados de altos ingresos. Quienes vienen detrás, con salarios medios o medio/altos, que pagaron Ganancias en el pasado, saben que un simple retraso de seis meses en la actualización del «piso», frente a una inflación elevada, los mete de nuevo en el terreno de los que pagan. Solo la ley que deroga la cuarta categoría le brinda la tranquilidad de que no volverán a estar alcanzados.

Por último, la devolución del IVA tuvo el enorme mérito, que pocas políticas públicas logran, de su masividad. Al trabajador informal, de bajos ingresos, que se maneja con tarjeta (no son todos, pero es una buena proporción), la medida le llega y lo percibe. Quienes trabajan permanentemente en esa franja de la población, señalan que se notó el impacto. 

En una elección en la que la economía define, el ministro y candidato Massa retomó la iniciativa, mueve el tablero y hasta los factores de poder internos y externos se acomodaron en función de esas iniciativas. Con una oposición casi congelada, jugó una carta más, y de las pesadas: un gobierno de unidad nacional, que incluya a parte de una oposición que podría desmembrarse después de la primera vuelta. Una imagen que no cae nada mal allá, por el Norte, cuyo embajador incluso se anticipó a ofrecer su apoyo si los «moderados» de las dos fuerzas que en ese momento se mostraban en pugna, se juntaban. La «gobernabilidad» los prefiere moderados.


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