PROVINCIALES
Determinan cese de tareas y auditoría externa sobre sistema de ventilación de Cerro Negro

Lo hizo el Gobierno Provincial sobre el complejo Mariana, luego de registrarse un nuevo incidente dentro del proyecto minero ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno. Los costos deberán ser afrontados por la propia empresa. Se espera que la semana próxima la operadora presente un plan de inversión y de acciones que subsanen los reiterados déficits en seguridad y ventilación.

El Gobierno Provincial, a través de los Ministerios de Energía y Minería, de Seguridad y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictaminó este miércoles el cese de actividades del complejo Mariana, que funciona dentro del proyecto minero Cerro Negro, ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno, operada por la empresa Oroplata S.A., como así también, la obligatoriedad de la realización de una auditoría externa sobre el sistema de ventilación.
Estas medidas se toman luego del último incidente que tuvo lugar la noche del 6 de enero, en momentos de realizarse una prueba de seguridad sobre el sistema de ventilación, lo que provocó el reingreso del gas acumulado -por falta de otra alternativa de salida- a la zona en la que se encontraban siete trabajadores, quienes debieron proceder a la auto-evacuación, y activar los protocolos de seguridad de emergencia, al momento de subir a la superficie. Posteriormente, recibieron la atención médica necesaria.
Informada la situación, funcionarios de distintas áreas del Gobierno Provincial junto a representantes de los trabajadores, mantuvieron una reunión con directivos de la operadora minera, procediendo también a realizar una inspección conjunta en la zona en la que se produjo el incidente, verificando el sistema de ventilación y recirculación de aire del nivel afectado.
Desde la cartera laboral, se procedió inmediatamente a dictaminar el cese de tareas, a los efectos de preservar el lugar y realizar la investigación de los factores que causaron la presencia de dióxido de carbono, que impactó en la salud de los siete trabajadores.
Luego, se requiere a la empresa la presentación de documentación relacionada al estado de salud y evolución de los trabajadores afectados; protocolo de iluminación del complejo Mariana; plan de evacuación y planos del sistema de ventilación; junto a un plan de acción y mejora de este sistema; como así también, un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y herramientas, incluyendo instalaciones eléctricas, entre otros.
Desde la cartera minera provincial, y a los fines de “garantizar la seguridad en la operación y ante los sucesivos eventos operativos de características similares que afectan la seguridad y la salud de las personas, ocurridos durante los meses de abril – en el que fallecieron dos trabajadores – y en octubre, la Secretaría de Estado de Minería, en calidad de Autoridad de Aplicación, determinó que la empresa Oroplata SA deberá realizar una auditoría externa de los sistemas de ventilación del proyecto Cerro Negro”, señala el acta de inspección labrada, aclarando que los costos de esta Auditoría, deberán ser afrontados por la propia empresa.
Finalmente, el Gobierno Provincial convocó a los directivos de Oroplata S.A. a una reunión a realizarse la semana próxima, “bajo apercibimiento de Ley”, en la que se deberá presentar un programa de inversión y planificación de acciones “que subsane el déficit detectado en materia de seguridad y sistema de ventilación”.
Cabe destacar que la comitiva que se apersonó al proyecto minero, estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; la secretaría de Minería, Nadia Ricci; y su par en la cartera de Trabajo, Javier Aravena, entre otros.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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