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Contrabando carnavalesco: la Aduana secuestró en Gualeguaychú ropa y artículos de cotillón por más de $60 millones

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La lista de productos incautados incluye anteojos de sol, corbatas, ropa interior, inflables playeros y vasos térmicos, de origen presuntamente extranjero que venía en un camión de encomiendas

El equipo económico sigue mostrando los dientes fiscales, como quedó evidenciado en una nueva operación de la Dirección General de Aduanas-AFIP en la que se incautaron en Gualeguaychú más de $ 60 millones de mercadería de contrabando, presuntamente apuntando a la temporada del carnaval en esa ciudad balnearia.

La operación tuvo lugar a partir de diferentes controles realizados en la intersección de la Ruta Nacional 12 y Provincial 20, sobre la ciudad entrerriana.

Durante un control de rutina se inspeccionaron diferentes vehículos. En una de esas operaciones se detectó un camión que traía una gran cantidad de encomiendas “y que por su tipo de embalaje, características, origen y destino permitieron inferir que se trataba de mercadería de origen extranjero”, señaló un comunicado del organismo que encabeza Guillermo Michel, uno de los miembros del equipo económico más cercanos al ministro Sergio Massa.

Evasivas
Ante la exigencia de la documentación que respaldara el legítimo ingreso de la mercancía al país, los agentes de la Aduana solo recibieron evasivas de parte del conductor.

Consecuentemente los agentes aduaneros procedieron al secuestro de la carga, que incluía anteojos de sol y de cotillón, corbatas, corpiños, bombachas, medias panty, inflables playeros, vasos térmicos, prendas de vestir, calzados, corbatas, hamacas paraguayas y más artículos.

“Todo ello por tratarse de mercadería en plaza sin el correspondiente aval aduanero, conforme los artículos 985 y 987 de la ley 22.415 (esto es, el código aduanero)”, explicó la agencia aduanera.

Según las estimaciones del organismo, el valor total en plaza de la mercadería incautada supera los 60 millones de pesos, lo que daría lugar a la aplicación de multas por hasta 5 veces ese monto, esto es, una multa de hasta 300 millones de pesos.

La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos, a cargo del juez Hernan Viri.

Las fuentes de la Aduana señalaron que las acciones de fiscalización e incautación se enmarcan dentro de los lineamientos planteados por Michel quien señaló la necesidad de “darle confianza, fortaleza y credibilidad a la moneda nacional y que la industria argentina no tenga que competir con mercadería importada de manera desleal, con contrabando”.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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