Patagonia Nexo
La Policía de Santa Cruz realizó este miércoles un allanamiento en Río Gallegos como parte de una investigación judicial relacionada con la presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (MASI).
La medida estuvo a cargo de efectivos de la División Cibercrimen, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.
Una investigación iniciada a partir de reportes internacionales
De acuerdo con la información policial, el expediente se originó a partir de reportes enviados por CyberTipline, perteneciente al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
Los informes aportaron información técnica que permitió avanzar en la investigación e individualizar a personas presuntamente vinculadas con los hechos. Con esos elementos, la Justicia provincial autorizó el allanamiento de un inmueble ubicado sobre calle Juan B. Justo, en la capital santacruceña.
Durante el procedimiento se efectuó un registro de la vivienda y se realizaron además requisas personales y vehiculares.
Secuestraron dispositivos electrónicos y armas
Como resultado del operativo, los investigadores incautaron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se encuentran:
El material tecnológico quedó incorporado al expediente y será sometido a las pericias informáticas correspondientes, con el objetivo de determinar si contiene información relacionada con la investigación.
El operativo contó con la participación de autoridades de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la Dirección General de Investigaciones, representantes del Ministerio de Seguridad y efectivos especializados de la División Trata de Personas.
La causa continúa bajo intervención judicial
Una vez finalizadas las medidas ordenadas por la Justicia, las personas involucradas fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia provincial, conforme a lo dispuesto por la Secretaría Penal de turno.
Desde la investigación se indicó que ahora resta avanzar con el análisis del material digital secuestrado, que podría aportar nuevos elementos para determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades que pudieran corresponder.
La investigación permanece en curso y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.
