Patagonia NexoEl conflicto entre el Ejecutivo Municipal de Río Gallegos y la conducción del Concejo Deliberante sumó un nuevo pronunciamiento político. Samir Zeidán, vicepresidente segundo del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, manifestó públicamente su respaldo a la presidenta del cuerpo legislativo, Daniela D’Amico, y expresó su rechazo ante lo que consideró un intento de condicionar su autonomía.
El posicionamiento se conoció luego de la controversia generada alrededor de los recursos destinados al funcionamiento del Concejo y los reclamos por pagos pendientes a proveedores.
Bajo la consigna “Defender la institucionalidad es defender la democracia”, Zeidán planteó que cualquier diferencia política o administrativa debe resolverse garantizando el normal funcionamiento de las instituciones.
En su comunicado, el dirigente radical apuntó directamente contra el intendente Pablo Grasso, a quien acusó de intentar “asfixiar financieramente” al Concejo Deliberante y de buscar condicionar políticamente a su presidenta.
Se trata de una acusación formulada por Zeidán en el marco de la disputa política existente y no de un hecho establecido de manera independiente.
Zeidán sostuvo que la división de poderes y el respeto por las instituciones constituyen elementos centrales del sistema democrático y remarcó que los concejales tienen una función de representación y control sobre la administración municipal.
“Los concejales no están para obedecer al Poder Ejecutivo, sino para representar a los vecinos y ejercer el control que la ciudadanía les ha delegado”, expresó.
En ese sentido, manifestó su solidaridad con D’Amico y con los integrantes del Concejo que, según señaló, buscan preservar la independencia del Poder Legislativo municipal.
El pronunciamiento aparece en momentos en que la relación entre la conducción del Concejo y el Ejecutivo atraviesa una creciente tensión por cuestiones presupuestarias y administrativas.
La intervención de Zeidán amplía el alcance político de una controversia que inicialmente estuvo vinculada con la suspensión de una sesión y la falta de determinados insumos.
D’Amico había cuestionado previamente las explicaciones brindadas por el secretario de Hacienda municipal, Diego Robles, y sostuvo que el principal inconveniente se encuentra en los pagos pendientes a proveedores.
Ahora, desde la conducción provincial de la UCR, Zeidán llevó la discusión al terreno institucional y reclamó que las diferencias existentes no afecten el funcionamiento del Concejo.
“Defender la institucionalidad es defender la democracia. No hay democracia plena cuando se pretende disciplinar económicamente a quienes tienen la responsabilidad de controlar y representar la voz popular”, afirmó.
El pronunciamiento suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento político que atraviesa Río Gallegos, mientras continúa la discusión sobre los recursos, la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo.
