Río Gallegos: una demanda por más de $66 millones podría poner en riesgo la continuidad del Concejo Deliberante en su actual sede

Un conflicto contractual que arrastraría antecedentes desde hace varios años podría convertirse en un problema institucional para la Municipalidad de Río Gallegos. La firma propietaria del edificio utilizado como sede del Concejo Deliberante habría recurrido a la Justicia para solicitar la restitución del inmueble y reclamar una deuda superior a los $66 millones.

La acción habría sido promovida por Long Time S.R.L., propietaria del inmueble situado en Lisandro de la Torre 556, donde funcionarían actualmente el Concejo Deliberante y otras dependencias municipales.

De acuerdo con la información conocida sobre la presentación, la empresa sostendría que la relación contractual se encontraría vencida y pretendería recuperar el inmueble. Incluso habría solicitado que, ante una eventual falta de restitución voluntaria, pudieran disponerse las medidas judiciales correspondientes.

Un conflicto que tendría antecedentes de varios años

La relación contractual por el edificio no sería reciente. De acuerdo con los antecedentes mencionados en la presentación, uno de los contratos habría sido firmado en noviembre de 2013, cuando Pablo Grasso se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante.

Con el paso de los años se habrían sucedido renovaciones, prórrogas y reclamos vinculados con el alquiler del inmueble.

Uno de los antecedentes correspondería a 2019, cuando una sentencia habría condenado a la Municipalidad a abonar $3.720.000 más intereses.

Ese mismo año, mediante el Decreto Municipal N° 3534, el Ejecutivo municipal habría reconocido una obligación económica y ratificado un acuerdo por $5.520.000, además de los costos e intereses correspondientes.

Según sostendría la parte demandante, esas obligaciones no habrían sido canceladas completamente.

El contrato habría vencido en junio de 2025

Pese a los antecedentes, durante 2023 se habría firmado una nueva prórroga que habría permitido mantener el funcionamiento del Concejo Deliberante en el edificio.

El punto central del actual planteo judicial estaría relacionado con el vencimiento de esa relación contractual.

Según la posición que habría expresado la propietaria, el contrato y su última prórroga habrían vencido el 1° de junio de 2025, mientras que la Municipalidad habría continuado ocupando las instalaciones con posterioridad a esa fecha.

Esa circunstancia sería uno de los principales fundamentos utilizados para solicitar judicialmente la restitución del inmueble.

El reclamo ascendería a $66.116.250,75

Otro de los aspectos centrales sería la magnitud económica del planteo.

De acuerdo con la cifra consignada en la presentación, el reclamo alcanzaría los $66.116.250,75, monto que estaría relacionado con obligaciones pendientes derivadas de la utilización del inmueble.

La empresa sostendría además que habrían existido incumplimientos reiterados, intimaciones y antecedentes judiciales anteriores.

Sin embargo, estos elementos formarían parte de los argumentos expuestos por la parte demandante, por lo que correspondería a la Justicia analizar la documentación, determinar la existencia y alcance de las obligaciones reclamadas y resolver sobre el pedido de desalojo.

Una disputa económica con impacto institucional

El conflicto tendría una dimensión que excedería la relación entre propietario e inquilino, debido a que el inmueble involucrado albergaría actualmente al Concejo Deliberante de la capital santacruceña.

Si la Justicia eventualmente hiciera lugar a la restitución solicitada, el Municipio y las autoridades legislativas deberían resolver dónde continuaría funcionando el cuerpo deliberativo.

De esta manera, lo que habría comenzado como una controversia contractual podría transformarse en un problema administrativo e institucional para la gestión municipal encabezada por Pablo Grasso.

Por ahora, la existencia de una demanda no implicaría que el desalojo se encuentre concretado ni que todos los montos reclamados hayan sido reconocidos judicialmente. Será el proceso judicial el que deberá determinar la validez del reclamo, la eventual deuda y el futuro de la actual sede del Concejo Deliberante.

Mientras tanto, quedaría planteado un interrogante central: qué respuesta dará el Municipio frente a un reclamo que podría comprometer la continuidad del Poder Legislativo local en el edificio que ocupa actualmente.