Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y ejecutadas por personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. Se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en el marco de la causa judicial iniciada a partir de la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación.
Provinciales17 de septiembre de 2025
Patagonia Nexo
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y ejecutadas por personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.
Se realizaron allanamientos en dos domicilios de Pico Truncado, uno del exdirector regional de Zona Norte del CPE, José Alonso, y otro del señor Mauro Ibarra, apoderado de la cooperativa Patagonia Ecology.
El operativo también se realizó en forma simultánea en Caleta Olivia en un domicilio perteneciente a Exequiel Córdoba, presidente de la cooperativa.
Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés para la causa como libros de actas, libros contables de la cooperativa y teléfonos celulares, considerados de vital importancia para la investigación.
Origen de la denuncia
La causa investiga un posible fraude al Estado provincial relacionado con contrataciones de servicios de desmalezamiento, limpieza y forestación en instituciones educativas de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras durante el año 2023.
De acuerdo a la denuncia, se detectaron graves irregularidades en los expedientes observándose un presunto perjuicio económico al Estado que podría superar los 550 millones de pesos.y que involucra a autoridades de nivel zonal y directores provinciales del Consejo Provincial de Educación.
Alcance de la investigación
La pesquisa busca determinar cómo funcionaba el mecanismo de contratación y certificación, qué responsabilidades tuvieron los exfuncionarios involucrados y el rol de la cooperativa Patagonia Ecology. El objetivo de la Justicia es establecer si existió una maniobra sistemática para simular servicios no prestados, generando un perjuicio millonario a las arcas provinciales en detrimento de la educación pública.
Fuente: Info Caleta
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