Patagonia NexoLa discusión por los recursos de los municipios de Santa Cruz sumó la voz del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos (SOEM), Pedro Mansilla, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley de Coparticipación.
El dirigente considera que modificar la distribución de recursos entre Provincia y municipios permitiría mejorar las condiciones económicas de las comunas y, consecuentemente, generar mayores posibilidades para discutir salarios.
El planteo puede formar parte legítimamente de una discusión más amplia sobre el federalismo provincial y los recursos que corresponden a cada localidad.
Sin embargo, existe una cuestión previa que no debería quedar relegada: Mansilla representa a los trabajadores de la Municipalidad de Río Gallegos y su contraparte directa como empleador es precisamente el Ejecutivo municipal encabezado por Pablo Grasso.
La discusión sobre una nueva coparticipación puede darse y seguramente requerirá la participación de intendentes, diputados, sindicatos y el Gobierno provincial.
Pero una eventual modificación de la ley es una discusión hacia adelante.
La situación salarial y previsional de los trabajadores municipales existe hoy.
Por eso, el primer reclamo del sindicato debería necesariamente incluir al empleador.
¿Cuánto recauda Río Gallegos? ¿Cuánto recibe de coparticipación? ¿Cuál es el costo de su planta de personal? ¿Cuánto destina mensualmente a salarios? ¿Qué montos descuenta a sus trabajadores para la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales? ¿Y cuánto de esos recursos llega efectivamente a los organismos correspondientes?
Son preguntas que adquieren mayor importancia en momentos en que Provincia y Municipio mantienen una fuerte controversia por las obligaciones previsionales y de salud.
Una organización sindical tiene como función representar los intereses laborales de sus afiliados.
Un intendente, en cambio, conduce el Estado municipal y ejerce el rol de empleador.
Por eso, aunque puedan coincidir circunstancialmente frente a un reclamo dirigido hacia Provincia, sus responsabilidades no son las mismas.
Mansilla defendió la participación del SOEM en la movilización junto al Ejecutivo municipal y rechazó las críticas de quienes consideran que el sindicato debería reclamarle directamente al intendente por las obligaciones vinculadas con los aportes sociales y previsionales.
El dirigente respondió que el problema no comenzó durante la actual administración.
“Esto es histórico, viene del año 95”, sostuvo.
Que una deuda tenga décadas de antecedentes puede explicar su origen y crecimiento, pero no elimina las responsabilidades correspondientes a cada administración durante el período en que gobierna.
Este punto debería ocupar un lugar central en el reclamo gremial.
Si al trabajador municipal se le practica mensualmente un descuento destinado a la seguridad social, el sindicato tiene motivos suficientes para exigir información sobre el recorrido de ese dinero.
No se trata solamente de una discusión contable entre Provincia y Municipio.
Son recursos vinculados directamente con derechos de los trabajadores.
Por eso, antes de convertir la nueva coparticipación en el eje principal de la discusión salarial, sería razonable que el SOEM reclame públicamente información detallada al Ejecutivo municipal sobre la situación de esos aportes.
Después podrá discutirse cuánto debería recibir Río Gallegos de Provincia.
Pero primero debería conocerse qué ocurre con lo que ya recibe y administra.
La imagen política que deja el conflicto resulta inevitable.
El SOEM marchó junto al Ejecutivo municipal para reclamarle recursos a Provincia mientras existen cuestionamientos precisamente sobre obligaciones del Municipio relacionadas con sus trabajadores.
Eso no significa que el sindicato no pueda acompañar un reclamo institucional que considere beneficioso.
Pero tampoco debería diluir su función principal.
Pedro Mansilla representa los intereses de los trabajadores municipales de Río Gallegos.
Pablo Grasso administra la Municipalidad que los emplea.
El Gobierno provincial administra recursos y organismos que también inciden sobre esos trabajadores.
Cada uno ocupa un lugar diferente.
Por eso, el reclamo puede llegar hasta Casa de Gobierno, la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia, pero necesariamente debería comenzar dentro del propio Municipio.
