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La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial resolvió condenar a Jorge Fernando Cruz a dos años de prisión en suspenso en el marco de la causa que investigó la muerte de dos operarios durante un accidente laboral ocurrido en 2019.
El fallo, conocido este 22 de junio, establece que Cruz es responsable del delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, luego de que los trabajadores Michael Iturra y Diego Sosa perdieran la vida tras caer desde una antena de radio mientras realizaban tareas de montaje.
El episodio ocurrió el 1 de febrero de 2019 en Río Gallegos y generó un fuerte impacto en la comunidad. Según se desprende de la investigación judicial, el accidente habría estado vinculado a irregularidades en las condiciones de seguridad laboral durante el desarrollo de la tarea.
Si bien se dictó una condena, el tribunal dispuso que sea de cumplimiento condicional, por lo que el imputado no deberá cumplir prisión efectiva. No obstante, se le impusieron reglas de conducta por un período de cuatro años, entre ellas:
Además, se ordenó notificar formalmente a las familias de las víctimas y avanzar con las instancias administrativas correspondientes.
En la misma resolución, el tribunal resolvió la absolución de Rubén Rogelio Romero, quien también había sido imputado en la causa. La decisión se basó en el beneficio de la duda, dejando sin efecto las medidas que pesaban en su contra.
Tras conocerse la sentencia, la defensa de Cruz adelantó que analiza recurrir el fallo ante instancias superiores. El abogado sostuvo que existen aspectos cuestionables en la resolución y remarcó que el eje de la discusión pasa por determinar el nexo causal entre la conducta atribuida y el resultado fatal.
Asimismo, planteó objeciones respecto al proceso judicial y a las limitaciones legales existentes para apelar condenas de menor cuantía, señalando que esto podría impactar en el derecho a la revisión del fallo.
Con esta sentencia, la causa ingresa en una nueva etapa, ya que podría avanzar hacia instancias superiores en caso de concretarse la apelación. Mientras tanto, el fallo marca un nuevo capítulo en un caso que dejó una profunda huella en la comunidad y que vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad en el ámbito laboral.
