Patagonia NexoEl Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, convocó este jueves a representantes de AOMA Seccional Santa Cruz y directivos de la empresa minera Newmont para analizar los resultados de las inspecciones de seguridad e higiene realizadas en el yacimiento Cerro Negro, ubicado en cercanías de Perito Moreno.
La reunión, encabezada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, se desarrolló en Río Gallegos y tuvo como objetivo principal conocer las medidas correctivas que la operadora minera comenzó a implementar tras las irregularidades detectadas durante los controles efectuados entre el 21 y el 28 de mayo por equipos técnicos de los Ministerios de Trabajo y de Energía y Minería.
Aravena explicó que las inspecciones derivaron en actuaciones administrativas y sumarios que actualmente se encuentran en trámite, aunque aclaró que el interés del Estado provincial no se limita a la aplicación de sanciones.
“Nos interesa saber cómo se van a recomponer los lugares donde detectamos infracciones y cuáles son las acciones concretas que está llevando adelante la empresa para corregir esas situaciones”, señaló el funcionario.
Durante el encuentro también participaron representantes sindicales, en una instancia que desde el Gobierno destacaron como una muestra de transparencia y trabajo conjunto en defensa de los trabajadores.
El secretario de Trabajo remarcó que las observaciones realizadas están vinculadas a condiciones de seguridad operativa, higiene laboral y calidad de los espacios de trabajo, aspectos que consideró fundamentales para preservar la integridad física de quienes se desempeñan en la actividad minera.
“Aquí estamos hablando de la seguridad de santacruceños que todos los días ingresan a trabajar. Necesitamos que las situaciones observadas se solucionen de manera urgente”, afirmó.
Aravena sostuvo además que los controles responden a una decisión política impulsada por el gobernador Claudio Vidal y el jefe de Gabinete Pedro Luxen.
“Recibí instrucciones específicas del Gobernador de no cesar en controlar la seguridad de los lugares de trabajo”, expresó, al tiempo que reiteró que el objetivo es que los trabajadores regresen a sus hogares “sanos y seguros” luego de cada jornada laboral.
La reunión también sirvió para avanzar en el análisis de la aplicación de la Ley 90-10, normativa que promueve una mayor participación de mano de obra santacruceña en los proyectos mineros que operan en la provincia.
En ese sentido, Aravena sostuvo que el Gobierno continuará exigiendo a las empresas un mayor compromiso con la contratación de trabajadores locales.
“Los recursos de los santacruceños tienen que estar al servicio de los santacruceños. Queremos más empleo para nuestros jóvenes y mejores oportunidades para las familias de la provincia”, concluyó.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la agenda de fiscalización laboral y promoción del empleo local continuará desarrollándose en distintos emprendimientos productivos de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo y garantizar mayores estándares de seguridad en la actividad minera.
