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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre su patrimonio. En su presentación, el funcionario reconoció haber tenido USD 506.000 sin declarar, además de detallar movimientos financieros y rectificaciones impositivas que también alcanzan a su entorno familiar.
Según explicó públicamente, una parte significativa de su capital proviene de inversiones en criptomonedas, asegurando haber obtenido ganancias cercanas a los USD 300.000 en bitcoin entre los años 2013 y 2018. En ese sentido, sostuvo que todos sus ingresos se generaron en el ámbito privado antes de su ingreso a la función pública.
El proceso incluyó la presentación de 22 declaraciones juradas y rectificaciones correspondientes a distintos períodos fiscales, abarcando tributos como IVA, Ganancias y Bienes Personales. Estas correcciones buscan ordenar su situación patrimonial ante los organismos de control.
Uno de los puntos más controvertidos fue el reconocimiento de ahorros no registrados. “Se trataba de dinero que no estaba declarado”, admitió, en una afirmación que generó repercusiones en el ámbito político y mediático.
Entre los aspectos incluidos en la actualización patrimonial, se encuentra una propiedad ubicada en Indio Cuá, cuya incorporación en las declaraciones anteriores no había sido correctamente reflejada. El funcionario atribuyó esta omisión a cuestiones administrativas y de documentación.
Asimismo, señaló que realizó numerosas operaciones con activos digitales, lo que habría dificultado la recopilación de información completa en tiempo y forma.
En medio de las críticas, Adorni defendió su trayectoria laboral, remarcando que desarrolló toda su actividad en el sector privado hasta 2023, y negó irregularidades en el origen de sus fondos.
El caso se da en un escenario de alta exposición pública, donde el funcionario sostiene que las denuncias forman parte de un clima de tensión política. No obstante, la situación continúa bajo análisis en los ámbitos correspondientes, mientras se evalúan las implicancias administrativas y judiciales de las presentaciones realizadas.
La declaración jurada y sus rectificaciones abren un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos, especialmente en lo referido a activos no declarados y su regularización posterior.
