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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti, iniciaron el trámite para incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, una herramienta que permite regularizar la situación tributaria bajo condiciones especiales.
La presentación fue realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a ordenar la declaración correspondiente al período fiscal 2025. Sin embargo, el punto que genera mayor controversia es que este esquema reduce la posibilidad de que el organismo analice la evolución patrimonial de años anteriores.
En términos prácticos, la adhesión al régimen implica que los contribuyentes deben presentar una declaración detallada del año en curso, mientras que los períodos previos quedan fuera del análisis integral, siempre que se cumplan determinadas condiciones legales.
Especialistas en materia tributaria señalan que este tipo de mecanismos funciona como una especie de “bloqueo fiscal”, ya que evita que se revisen inconsistencias entre bienes declarados e ingresos de ejercicios anteriores. No obstante, aclaran que esto no exime de eventuales investigaciones por otros delitos, como el lavado de activos.
El caso tomó relevancia pública debido a que Adorni se encuentra bajo presión para transparentar su situación patrimonial. En ese contexto, la utilización de este régimen es interpretada por distintos sectores como una estrategia para evitar sanciones administrativas o eventuales denuncias por evasión.
Otro punto que alimenta el debate es que no existe un límite máximo para los montos que pueden ser incluidos en este sistema, lo que amplía el alcance de la regularización.
Desde el entorno del funcionario, en tanto, aseguran que la decisión responde a una cuestión operativa y administrativa, y niegan que se trate de un mecanismo para blanquear fondos no declarados. También sostienen que los ingresos del matrimonio tienen justificación, en parte, por inversiones previas, incluyendo activos digitales.
Pese a estas explicaciones, el tema continúa generando repercusiones, ya que la medida se da en un contexto donde la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos se encuentra bajo fuerte escrutinio.
Mientras tanto, especialistas advierten que, aunque el régimen limita controles fiscales, los organismos antilavado y el sistema financiero mantienen facultades para investigar el origen de los fondos, lo que deja abierta la posibilidad de futuras actuaciones.
