Un conflicto municipal que se agrava y deja al descubierto una crisis más profunda

El conflicto municipal continúa sin una salida cercana. A pesar de la conciliación obligatoria, las negociaciones entre el gremio y el Ejecutivo local permanecen empantanadas y cada encuentro en la mesa de diálogo se traduce en nuevas frustraciones.

El reclamo salarial sigue siendo el eje central, aunque no el único. El sindicato exige la entrega de la nómina completa de trabajadores —planta política, contratados y permanentes—, un compromiso asumido en actas previas pero aún incumplido. La falta de esa documentación alimenta sospechas de que la disputa excede la discusión sobre porcentajes de aumento.

La oferta oficial, que contempla un incremento escalonado hasta alcanzar un 8% recién a fin de año, fue rechazada en asamblea por considerarse insuficiente. El gremio ratifica su pedido de actualización en base a la canasta básica total patagónica y el reconocimiento de retroactivos por la pérdida acumulada.

Paralelamente, persisten denuncias de maltrato laboral, persecución y deudas millonarias en descuentos que nunca fueron transferidos a la caja previsional ni a la obra social, dejando sin cobertura a numerosos trabajadores y sus familias.

En el plano político, la ausencia del jefe comunal en las negociaciones genera malestar en el sindicato, que reclama su presencia directa en la mesa de diálogo como señal de responsabilidad. Para los representantes gremiales, la demora en la resolución refleja más una decisión política que una dificultad técnica.

La incertidumbre domina el escenario: los compromisos no se cumplen, las respuestas llegan de manera parcial y los trabajadores, con salarios bajos golpeados por la inflación, vuelven a quedar en el medio.

Más allá de lo salarial, el conflicto expone una crisis mayor: limitaciones financieras, falta de conducción política y ausencia de acuerdos básicos que aporten previsibilidad. Mientras tanto, la tensión se mantiene y el costo lo pagan los mismos: los empleados municipales.