El Gobierno avanza con la privatización de AySA y abre licitación para transferir el control

La iniciativa contempla la venta del 90% de las acciones de la empresa que brinda agua y saneamiento en el AMBA, en un proceso que incluirá participación privada y oferta en el mercado.
Info. General15/05/2026Patagonia NexoPatagonia Nexo

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El Gobierno nacional dio un paso clave en su esquema de reformas al lanzar la licitación para avanzar con la privatización de AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.

La medida fue oficializada a través del Ministerio de Economía, que publicó los pliegos correspondientes para la venta de la participación estatal, marcando así el inicio de un proceso que busca transferir el control de la compañía al sector privado.

El plan prevé que el 90% del paquete accionario quede en manos privadas, mientras que el 10% restante continuará siendo propiedad de los trabajadores.

Cómo será el proceso

La operación se desarrollará en dos etapas. En una primera instancia, se seleccionará un operador estratégico que asumirá el control de la empresa mediante la adjudicación del 51% de las acciones, junto a una concesión por 30 años, con posibilidad de extensión por una década adicional.

Posteriormente, se avanzará con una segunda fase que contempla la colocación del 39% restante en el mercado de capitales, mediante una oferta pública.

Durante todo ese período, la empresa mantendrá la exclusividad del servicio en su área de cobertura, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

Plazos y objetivos

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de agosto, fecha en la que también se realizará la apertura de sobres. En tanto, las consultas sobre el proceso estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

Desde el Ejecutivo sostienen que la incorporación de un operador privado permitirá impulsar inversiones, ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio, en línea con una política orientada a reducir la participación estatal en empresas públicas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que busca reconfigurar el rol del Estado, promoviendo mayor participación del sector privado en áreas clave de la economía.

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