Patagonia Nexo
El presidente Javier Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 27.804), una modificación que introduce cambios de fondo en el esquema de protección ambiental vigente hasta ahora en el país.
La nueva normativa establece que serán las provincias las encargadas de definir qué glaciares y zonas periglaciales deben ser protegidos, dejando atrás el criterio de resguardo integral que regía desde la sanción de la ley original en 2010. A partir de ahora, solo se considerarán protegidas aquellas áreas que cada jurisdicción determine como estratégicas en términos hídricos.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras haber obtenido previamente media sanción en el Senado. Su publicación en el Boletín Oficial formaliza la entrada en vigencia del nuevo marco legal.
Uno de los cambios centrales es la pérdida de protagonismo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía un rol clave en la identificación y monitoreo de estos ecosistemas. Con la reforma, las provincias pasan a ser la autoridad principal de aplicación.
Este punto genera debate, ya que distritos con fuerte desarrollo minero como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta podrán decidir de manera directa qué áreas habilitan para actividades productivas, incluyendo proyectos extractivos que antes estaban restringidos.
Desde distintos sectores ambientalistas se advirtió que esta modificación podría implicar un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de poblaciones. En ese sentido, organizaciones como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales expresaron su preocupación por el impacto a largo plazo.
Los glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol clave como reservorios naturales de agua, regulando el caudal de ríos y sosteniendo ecosistemas en amplias regiones del país. En un contexto de cambio climático, especialistas advierten que la reducción de estas áreas podría agravar problemas como la escasez hídrica y la degradación ambiental.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la reforma apunta a fortalecer el federalismo y promover inversiones, el debate continúa abierto en torno a los posibles impactos ambientales y el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales.
