Patagonia NexoLa Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y del ambiente periglacial con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos ambientales. Con este resultado, el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado quedó convertido en ley y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La votación estuvo marcada por el respaldo de bloques aliados al oficialismo y por negociaciones que terminaron inclinando el resultado. Desde el Gobierno destacaron el acompañamiento de legisladores de provincias con desarrollo minero y defendieron la modificación como una herramienta para impulsar inversiones sin eliminar la protección de los glaciares.
La nueva normativa mantiene la prohibición absoluta de actividades sobre los glaciares, pero redefine el alcance de la protección en las zonas periglaciares. A partir de ahora, la preservación se aplicará únicamente a aquellas áreas que cumplan una función hídrica relevante, lo que habilita a las provincias a realizar estudios propios y autorizar determinadas actividades productivas bajo criterios técnicos.
Desde el oficialismo sostuvieron que la modificación busca equilibrar desarrollo productivo y protección ambiental, al tiempo que refuerza el rol de las provincias sobre sus recursos naturales. Legisladores que acompañaron la iniciativa remarcaron que la legislación anterior resultaba restrictiva y limitaba inversiones vinculadas principalmente a proyectos mineros.
Sin embargo, la oposición cuestionó con dureza la aprobación y advirtió sobre una posible regresión ambiental. Distintos bloques señalaron que el ambiente glaciar y periglaciar cumple un rol clave en la seguridad hídrica, especialmente en un contexto de cambio climático. También se alertó sobre el impacto que podrían tener decisiones productivas en cuencas compartidas entre provincias.
Organizaciones ambientalistas anticiparon que la discusión continuará en la Justicia y evalúan presentar planteos de inconstitucionalidad. Argumentan que la reforma podría vulnerar principios de protección ambiental y comprometer reservas estratégicas de agua.
Con la sanción legislativa, el Gobierno nacional considera que la medida permitirá destrabar inversiones en minería de cobre y litio, mientras que sectores críticos sostienen que la discusión recién comienza y que el futuro de la norma se definirá en el ámbito judicial.
