Patagonia Nexo
El acceso a financiamiento del Banco Nación por parte de funcionarios volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse nuevos datos sobre créditos hipotecarios de elevada magnitud otorgados a diputadas de la Patagonia. La situación derivó en cuestionamientos políticos y en la presentación de pedidos formales para esclarecer las condiciones de otorgamiento.
Según registros del sistema financiero, las legisladoras Lorena Villaverde (Río Negro) y Maira Frías (Chubut) figuran entre quienes accedieron a préstamos superiores a los $200 millones, en un contexto económico marcado por restricciones y ajustes.
En el caso de Maira Frías, el crédito fue aprobado en septiembre de 2025 por un monto cercano a $203 millones, mientras aún se desempeñaba en la ANSES y participaba del escenario electoral. La operación figura dentro de su situación financiera declarada.
Por su parte, Lorena Villaverde accedió a un financiamiento cercano a $227 millones para la compra de una vivienda. Sin embargo, este caso generó mayor controversia, ya que trascendió que el trámite habría sido inicialmente rechazado y posteriormente habilitado tras gestiones a nivel central del banco.
Este punto encendió alertas en sectores opositores, que advierten sobre un posible trato diferencial en el acceso al crédito. Además, se sumaron cuestionamientos por la presunta falta de inclusión del inmueble en su declaración jurada, lo que profundizó el debate.
La polémica no se limita a estos casos. El relevamiento incluye a otros funcionarios con niveles elevados de endeudamiento en la banca pública, algunos incluso por montos que superan los $400 millones, lo que amplía el foco sobre los mecanismos de control.
En contraste, otros dirigentes presentan cifras considerablemente menores, como la diputada santacruceña Ana María Ianni, con un crédito cercano a $60 millones, lo que evidencia diferencias significativas en los montos otorgados.
Ante este escenario, desde distintos sectores políticos se impulsa que el Gobierno nacional y el Banco Nación brinden detalles sobre los criterios de evaluación, las garantías exigidas y la posible existencia de condiciones especiales para funcionarios.
El eje del debate ahora se centra en determinar si estas operaciones se ajustaron a los parámetros habituales o si existieron excepciones que comprometan la equidad y la transparencia en el acceso al crédito público.
