Patagonia NexoEn medio del ajuste económico y de las dificultades que atraviesa gran parte de la sociedad para acceder al crédito, varios funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo libertario obtuvieron préstamos millonarios del Banco Nación, una entidad estatal que el propio presidente Javier Milei había planteado privatizar. La situación generó cuestionamientos políticos y reavivó el debate sobre el uso de la banca pública.
El caso más reciente que volvió a poner el tema en agenda fue el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien sostuvo en una entrevista televisiva que “no creo que la gente esté peor. A mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”. El funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por alrededor de 367 millones de pesos y además obtuvo otro préstamo cercano a los 100 millones del Banco Ciudad.
A estos casos se suma el del funcionario de Economía Felipe Núñez, quien consiguió un crédito del Banco Nación por 475 millones de pesos en febrero de 2025, pocos meses después de asumir funciones en el Gobierno. Núñez se desempeña como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y es conocido por su participación en espacios de comunicación vinculados al oficialismo.
También figura entre los beneficiados Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe” y funcionario del área de Presidencia, quien recibió un préstamo de 112 millones de pesos en diciembre de 2025. En la lista aparecen además dirigentes legislativos como el diputado Santiago Santurio, con un crédito por 340 millones de pesos, y el radical Mariano Campero, quien obtuvo unos 322 millones del mismo banco.
La diputada Lorena Villaverde también accedió a un crédito hipotecario cercano a los 225 millones de pesos, mientras que el dirigente liberal Alejandro Bongiovanni recibió un préstamo de aproximadamente 255 millones. En todos los casos, los créditos fueron otorgados por la banca estatal durante la actual gestión.
El otorgamiento de estos préstamos generó cuestionamientos por la aparente contradicción entre el discurso liberal que cuestiona el rol del Estado y la utilización de herramientas de financiamiento público por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas. Además, las cifras involucradas reavivaron el debate sobre el acceso al crédito hipotecario y las condiciones disponibles para la ciudadanía en general.
El tema tomó mayor repercusión luego de que se difundieran listados de funcionarios con préstamos vigentes en el sistema financiero, lo que abrió interrogantes sobre los criterios de otorgamiento y la oportunidad de estos créditos en un contexto de restricciones económicas. Mientras tanto, desde distintos sectores políticos reclaman mayor transparencia en el acceso a la financiación estatal y explicaciones sobre los montos concedidos.
