Patagonia NexoLa situación patrimonial del funcionario Manuel Adorni volvió al centro de la escena tras conocerse una operación inmobiliaria que despierta interrogantes por su modalidad de financiamiento y por inconsistencias que ahora son analizadas en el ámbito judicial. El caso, que en sectores políticos ya denominan “Adornigate”, suma tensión y abre un nuevo frente de debate en el oficialismo.
El eje de la controversia es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025, por un valor declarado de USD 230.000. Se trata de una propiedad de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicada sobre la calle Miró, en una zona de alta valorización inmobiliaria.
La operación incluyó una hipoteca no bancaria por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor del inmueble. Según la documentación, el financiamiento no provino de una entidad financiera sino de dos personas físicas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como acreedoras en partes iguales.
Sin embargo, ambas mujeres habrían manifestado públicamente no conocer al funcionario, lo que generó nuevas dudas sobre la estructura de la operación. El dato cobra mayor relevancia porque las mismas acreedoras habían adquirido la propiedad meses antes, en abril de 2025, y luego la vendieron financiando gran parte del monto a los nuevos propietarios, una modalidad poco frecuente en el mercado inmobiliario formal.
La compra se realizó además poco después de que Adorni asumiera funciones, lo que incrementó el análisis sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su llegada al Gobierno. En ese contexto, el propio Adorni sostuvo que no tiene “nada que esconder” y atribuyó su patrimonio a su actividad privada, aunque evitó brindar detalles puntuales sobre la operación.
El caso también se vincula con otras adquisiciones inmobiliarias registradas en el entorno familiar, entre ellas una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, lo que reforzó el interés sobre la dinámica patrimonial.
La Justicia Federal analiza la operatoria en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en la trazabilidad de los fondos, la coherencia entre ingresos declarados y bienes adquiridos, y el mecanismo de financiamiento utilizado.
Desde el entorno del funcionario niegan irregularidades y aseguran que la documentación respalda la legalidad de la operación. No obstante, el caso continúa escalando y se convirtió en un nuevo foco de discusión política mientras avanza el análisis judicial.
