Patagonia Nexo
La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro del debate político tras conocerse detalles de una operación inmobiliaria que es actualmente analizada por la Justicia.
El caso se vincula con la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, concretada en noviembre de 2025 por un valor cercano a los 230.000 dólares. Según los registros, gran parte de la compra se realizó mediante una hipoteca no bancaria por aproximadamente 200.000 dólares, lo que representa un alto porcentaje del valor total del inmueble.
Uno de los aspectos que generó mayor atención es que el financiamiento no provino de una entidad financiera tradicional, sino de dos personas particulares que figuran como acreedoras en la operación. Sin embargo, ambas habrían manifestado públicamente no tener vínculo con el funcionario, lo que sumó interrogantes sobre la estructura del acuerdo.
Además, se conoció que dichas acreedoras habían adquirido previamente la propiedad meses antes, para luego venderla bajo esta modalidad de financiamiento, una práctica poco frecuente dentro del mercado inmobiliario formal.
La operación también coincide con un momento clave en la carrera política del funcionario, ya que se realizó poco tiempo después de su asunción en funciones, lo que incrementó el nivel de análisis sobre la evolución de su patrimonio.
En declaraciones públicas, Adorni sostuvo que su situación económica responde a su trayectoria en el ámbito privado, aunque evitó profundizar sobre los detalles específicos de esta transacción.
En paralelo, la Justicia Federal inició una investigación para determinar la trazabilidad de los fondos, la coherencia entre ingresos declarados y bienes adquiridos, así como las características del esquema de financiamiento utilizado.
Mientras tanto, desde el entorno del funcionario aseguran que no existen irregularidades y que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de las autoridades judiciales. No obstante, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y podría escalar en función del avance de la causa.
