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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió uno de los puntos centrales de la reforma laboral y envió un mensaje directo al sector empresario al resaltar la fuerte reducción de las cargas patronales prevista para los nuevos empleos. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que la medida implica una baja del 85% en las contribuciones patronales durante un período de 48 meses y se mostró sorprendido por la falta de respaldo público de las cámaras empresarias.
La referencia del ministro se basa en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó el impacto del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluidos en el proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado y será tratado en Diputados.
Según el estudio, las contribuciones patronales para un nuevo trabajador pasarían del 27% actual al 15% durante cuatro años. De esta manera, la carga total derivada de aportes personales y contribuciones patronales se reduciría de 44% a 32% del salario bruto.
El informe también compara la presión tributaria sobre el empleo formal en Argentina con los países de la OCDE. Actualmente, el país se ubica entre los que presentan mayor carga en materia de contribuciones y aportes. Con la implementación de la reforma, la presión disminuiría tanto para grandes empresas como para pymes, mejorando la posición relativa en el ranking internacional.
En cuanto a la llamada “cuña fiscal” —que incluye aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias— Argentina registra una carga del 34,6% para un trabajador promedio. Con los cambios previstos, esa carga bajaría al 34,1% en grandes empresas y al 33,4% en pymes, mientras que para los empleados alcanzados por el RIFL descendería al 27,8%.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de costos laborales apunta a incentivar la formalización y promover la creación de empleo registrado. La iniciativa forma parte del paquete de reformas que impulsa el oficialismo y que continúa su debate en el Congreso.
