La Fiscalía de Estado recurre a la Corte Suprema por la ampliación del Tribunal Superior

La presentación fue realizada por la fiscal de Estado Natalia Linardi, en representación del Gobierno provincial, y cuestiona el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N.º 3949, norma mediante la cual se dispuso la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve vocales.

El planteo judicial fue interpuesto contra un interlocutorio fechado el 8 de enero de 2025, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia resolvió declarar inadmisible un recurso de apelación y, además, rechazó una excepción de falta de legitimación activa planteada por el sindicato actor.

“Se recurre la sentencia del TSJ por arbitraria, dogmática y por falta de motivación”, afirmó Linardi en declaraciones a La Opinión Austral, al confirmar la decisión del Ejecutivo santacruceño de acudir al máximo órgano judicial del país.

De acuerdo con los fundamentos del recurso, la Fiscalía de Estado sostiene que la resolución impugnada provoca un gravamen de difícil reparación ulterior, circunstancia que habilita la vía extraordinaria federal conforme a la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema.

Asimismo, se advierte que el fallo cuestionado afecta garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, además de generar un impacto directo en la organización y funcionamiento del Poder Judicial y en el principio republicano de división de poderes.

El escrito también remarca que la decisión del Tribunal Superior no se limita a sus efectos en el caso concreto, sino que podría sentar un precedente institucional relevante, con consecuencias sobre futuras actuaciones judiciales y administrativas en la provincia.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la situación reviste gravedad institucional, motivo por el cual solicitaron que se habilite la instancia federal para que la Corte Suprema analice la validez constitucional del fallo y determine si se han vulnerado derechos, atribuciones y facultades propias de los poderes del Estado provincial.

Con esta presentación, el conflicto judicial por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ingresa en una nueva etapa, quedando ahora a consideración del máximo tribunal del país la decisión de intervenir y expedirse sobre el fondo de la cuestión.