Vidal lleva a la Corte Suprema la rebelión del kirchnerismo judicial

El detonante fue la decisión del TSJ de declarar inconstitucional la Ley 3949, aprobada por la Legislatura santacruceña, que ampliaba de cinco a nueve el número de integrantes del tribunal. No solo se anuló la norma votada por el Poder Legislativo, sino que también se desconocieron las designaciones realizadas por el Ejecutivo y se desplazó al entonces presidente del TSJ, Mauricio Mariani, por haber tomado juramento a dos de los nuevos jueces, entre ellos el ex gobernador Sergio Acevedo.

Desde el Ejecutivo provincial calificaron la maniobra como una “violación flagrante a la división de poderes”, al advertir que un órgano judicial avanzó sobre atribuciones exclusivas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La reacción del bloque mayoritario del TSJ fue inmediata y contundente: desconocieron la jura, anularon las designaciones y avanzaron con una resolución sin precedentes en la historia institucional de la provincia.

Una interna judicial con nombre y alineamiento político

El desplazamiento de Mariani fue confirmado por el propio magistrado, quien señaló haber sido notificado formalmente de su apartamiento. En su lugar asumió Renée Fernández, jueza con antecedentes como asesora durante la gobernación de Néstor Kirchner y ex apoderada del Frente para la Victoria en Santa Cruz. La decisión fue firmada junto a Alicia Mercau, ex colaboradora de Carlos Zannini; Paula Ludueña, recordada por su defensa de Daniel Varizat; y Fernando Basanta, ex ministro de Gobierno de Alicia Kirchner y dirigente vinculado a La Cámpora.

Para el gobierno provincial, el trasfondo político es evidente: la ampliación del TSJ implicaba romper una mayoría automática conformada por jueces designados durante los años de hegemonía kirchnerista en la provincia.

La Corte Suprema, último límite institucional 

Con la reanudación de la actividad judicial tras la feria, los cuatro jueces designados por Vidal presentaron un recurso extraordinario federal contra la sentencia que declaró inconstitucional la ley. Ante la posibilidad de que el propio TSJ rechace ese planteo, el Ejecutivo ya anticipó que avanzará directamente “en queja” ante la Corte Suprema.

En paralelo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Natalia Linardi, impugnó resoluciones clave: el rechazo a las recusaciones contra los jueces que firmaron la sentencia, el apartamiento de Mariani y la suspensión por cuatro meses de la ley que ampliaba el tribunal. Desde el ámbito judicial provincial advirtieron que “la contradicción es absoluta: si la ley estaba vigente, debía aplicarse antes de suspenderla”.

El conflicto sumó un elemento que profundizó el malestar social y político: los cuatro vocales que bloquearon la ampliación del TSJ firmaron una actualización salarial que elevó sus ingresos a un promedio cercano a los 24 millones de pesos mensuales, en medio de una provincia atravesada por crisis económicas y reclamos salariales en distintos sectores.

La disputa por el control del máximo órgano judicial de Santa Cruz ya dejó de ser un conflicto local. Ahora será la Corte Suprema de la Nación la que deba definir si prevalece la voluntad expresada por la Legislatura y el Ejecutivo provincial o la resistencia de un poder judicial alineado políticamente y decidido a conservar su dominio interno.

Fuente: Lucía Salinas – Diario Clarín