El ministro de Economía defendió la baja de impuestos incluida en el proyecto oficial y aseguró que “el modelo viejo no sirve”, en medio del reclamo de las provincias por el impacto en la recaudación.
Info. General02/02/2026
Patagonia Nexo
En el marco de las negociaciones por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un mensaje directo a los gobernadores que expresaron su preocupación por la caída de ingresos que implicaría la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas.
“El país tiene que bajar impuestos. El modelo viejo no sirve”, afirmó Caputo, al defender uno de los ejes centrales del proyecto: la reducción de la carga tributaria para mejorar la competitividad y atraer inversiones.
El funcionario explicó que la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades —un tributo coparticipable— empezaría a regir desde el ejercicio 2026 y recién impactaría en las cuentas provinciales a partir de 2027. Según sus estimaciones, el costo fiscal sería de alrededor de $1,5 billones, es decir, la mitad de lo que calculan los gobernadores, que hablan de una pérdida cercana a los $3 billones.
“Ellos dicen que eso les va a costar unos $3 billones, pero en realidad es la mitad”, sostuvo el ministro, al tiempo que se mostró optimista sobre el avance del proyecto de modernización laboral, aunque reconoció que está “un poco trabado” por las diferencias con las provincias.
Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es abandonar un esquema basado en “salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencias encubiertas”, y avanzar hacia un modelo que promueva inversión, productividad y menor presión impositiva.
Mientras tanto, los gobernadores preparan una nueva reunión en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el foco puesto en la recaudación. Allí analizarán alternativas para compensar la eventual pérdida de recursos si se aprueba la reforma laboral.
El punto más sensible del proyecto es el artículo que reduce la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos más altos. Según estimaciones de la AEFIP, el impacto para las provincias sería de más de $3 billones, una cifra que el Gobierno discute.
En este escenario, los mandatarios provinciales buscan negociar un mecanismo de compensación que sea incorporado en la ley y que rija de manera uniforme para todas las provincias, como condición para garantizar el apoyo al proyecto en el Congreso.
La pulseada entre Nación y las provincias promete intensificarse en las próximas semanas, con la reforma laboral y la discusión por la recaudación como ejes centrales de la agenda política y económica.
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