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La Conferencia Episcopal Argentina se pronunció públicamente sobre el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad, en un contexto marcado por el recrudecimiento del debate político y social. A través de un comunicado, la Iglesia cuestionó que la reducción de la edad punible sea presentada como la única respuesta del Estado frente a hechos delictivos protagonizados por menores.
El documento fue difundido a pocos días de que el Congreso trate en sesiones extraordinarias el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional, que plantea, entre otros cambios, reducir la edad de punibilidad de 14 a 13 años.
En el texto, los obispos sostienen que poner el foco casi exclusivamente en el castigo penal desplaza del centro del debate las herramientas que consideran más eficaces: la prevención, la educación y el acompañamiento. “Centrar la discusión solo en la pena deja en segundo plano aquello realmente necesario para evitar que los chicos lleguen al delito”, señalaron.
Desde la Iglesia remarcaron que una discusión limitada a la edad de los menores simplifica una realidad mucho más compleja que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado. En ese sentido, insistieron en la necesidad de un abordaje integral de la delincuencia juvenil.
El comunicado retoma además cuestionamientos ya expresados en 2025, cuando la Conferencia Episcopal había advertido sobre las consecuencias prácticas de una eventual reforma. Entre otros puntos, se preguntan dónde serían alojados los menores privados de libertad y qué dispositivos reales existen para su educación y reinserción social.
Como conclusión, la Iglesia planteó que es imprescindible un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza. En esa línea, reafirmaron una propuesta basada en “educar, acompañar y prevenir”, fortaleciendo políticas públicas y comunitarias que construyan futuro.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con la hoja de ruta legislativa para debatir el Régimen Penal Juvenil en febrero, con la intención de impulsar una sanción rápida. La discusión se dará en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y promete ser uno de los ejes centrales de la agenda política de las próximas semanas.
